El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha desatado una fuerte polémica con su nuevo plan para vender viviendas invadidas a quienes las ocupan de manera irregular. Según Octavio Romero Oropeza, director general del organismo, la idea es permitir que estas personas adquieran las propiedades a precios muy bajos, incluso si no son derechohabientes.
Actualmente, se estima que hay 843 mil viviendas con problemas, ya sea por abandono o por ocupación ilegal. Este anuncio ha generado críticas de expertos y organismos empresariales, quienes advierten que la propuesta podría violar derechos de propiedad y generar inseguridad jurídica.
Fernando Soto-Hay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, señaló que vender casas que no son propiedad del Infonavit es un grave error. Muchas de estas viviendas fueron adquiridas mediante créditos hipotecarios, lo que significa que aún pertenecen a alguien más. Según el especialista, cualquier transferencia debe pasar por un proceso legal de adjudicación.
El plan ha sido cuestionado por su falta de claridad. Soto-Hay argumenta que permitir la compra de casas invadidas podría incentivar más ocupaciones ilegales, ya que las personas podrían esperar adquirirlas a bajo costo en el futuro. Esto, según expertos, pone en riesgo la certidumbre jurídica del mercado inmobiliario.
La Secretaría de Gobernación aclaró que las viviendas con denuncias activas por invasión no serán parte de este programa. Sin embargo, esta restricción no parece calmar las preocupaciones de los críticos, quienes piden un análisis más profundo antes de implementar la medida.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) también expresó su inquietud. Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, reconoció que el plan podría ayudar a reactivar viviendas abandonadas, pero advirtió que podría normalizar la invasión de propiedades si no se maneja con cuidado.
Organismos empresariales han sido aún más contundentes. En un comunicado, destacaron que el Infonavit no tiene la autoridad legal para disponer de viviendas que no le pertenecen ni para transferirlas a terceros. Según ellos, esta medida contradice el propósito del Instituto, que es proteger el patrimonio de los trabajadores.
Además, se ha señalado que el Infonavit enfrenta una crisis de gestión. Desde 2015, la morosidad en los créditos ha crecido significativamente, pasando de 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. Con esta propuesta, algunos temen que se agrave el problema en lugar de resolverlo.
Críticos también han cuestionado la transparencia del programa. No está claro cómo se determinarán los precios de las viviendas ni cómo se garantizará que los verdaderos propietarios no sean perjudicados. La falta de detalles ha alimentado las dudas sobre la viabilidad de la iniciativa.
Por ahora, el debate continúa. Mientras el Infonavit defiende su plan como una solución al problema de las viviendas abandonadas, las críticas no cesan. La incertidumbre jurídica y el riesgo de alentar ocupaciones ilegales mantienen en vilo a expertos y ciudadanos.
