Nueva Corte inicia su periodo de sesiones en 2026 con una agenda cargada de controversias que podrían definir el futuro del Poder Judicial en México. La Nueva Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, se enfrenta a decisiones que cuestionan la independencia judicial frente al gobierno federal dominado por Morena. Estos temas, impulsados en su mayoría por iniciativas del Ejecutivo, ponen a prueba si la Reforma Judicial realmente fortalece la democracia o solo sirve para consolidar el poder del partido en el gobierno.
La Prisión Preventiva Oficiosa: Un Pilar Cuestionado de la Estrategia Gubernamental
La Nueva Corte tiene en su lista el expediente clave para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Esta figura, ampliada durante el sexenio anterior bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, obliga a miles de acusados a permanecer en prisión sin sentencia, ignorando las deficiencias en las investigaciones de las fiscalías. Críticos argumentan que la Nueva Corte podría perpetuar esta práctica inconstitucional si no actúa con autonomía, permitiendo que Morena continúe su agenda de control punitivo sin reformas reales en el sistema de justicia.
Expansión del Catálogo de Delitos y sus Implicaciones
En 2024, el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa se extendió a extorsión, contrabando y falsificación de comprobantes fiscales, entre otros. La Nueva Corte debe evaluar si esta expansión viola derechos humanos básicos, ya que mantiene a personas en cárceles superpobladas sin pruebas contundentes. La falta de debate en la Nueva Corte sobre este tema genera alarma, pues podría validar las políticas de la Presidencia que priorizan la represión sobre la justicia equitativa.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la Nueva Corte, tras la Reforma Judicial, parece inclinada a avalar medidas del gobierno federal, ignorando precedentes internacionales. Esto podría erosionar la confianza en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un mero instrumento de Morena para combatir la impunidad de manera superficial.
Bloqueo de Cuentas Bancarias: La Facultad de la UIF Bajo Escrutinio
Otro pendiente en la Nueva Corte es la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sin orden judicial. El proyecto de la ministra Lenia Batres, cercana al gobierno, defiende esta herramienta contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, detractores ven en esto un abuso de poder que afecta a ciudadanos inocentes, permitiendo intervenciones arbitrarias por parte de la Secretaría de Hacienda.
Riesgos para la Economía y los Derechos Individuales
La Nueva Corte postergó esta discusión en 2025, pero ahora debe confrontarla. Si la Nueva Corte aprueba esta facultad sin límites, podría abrir la puerta a vigilancias masivas, socavando la privacidad financiera. En un contexto donde Morena ha impulsado leyes que centralizan el control económico, la decisión de la Nueva Corte será crucial para equilibrar seguridad y libertades.
Expertos en finanzas destacan que esta medida, aunque presentada como antidelincuencia, ha sido usada para presionar opositores políticos. La Nueva Corte tiene la oportunidad de marcar un contrapeso real, pero las señales iniciales sugieren una alineación con el Ejecutivo, lo que genera escepticismo sobre su independencia.
El Ejército en Negocios Civiles: Aerolíneas y Aeropuertos en Debate
La Nueva Corte enfrenta impugnaciones contra la operación de aerolíneas y aeropuertos por el Ejército. Estas reformas, promovidas por el gobierno federal, militarizan sectores económicos clave, cuestionando la separación entre defensa nacional y actividades comerciales. La Nueva Corte debe decidir si esto viola la Constitución, en medio de críticas por la opacidad en el manejo de recursos públicos.
Impacto en la Transparencia y la Competencia Económica
Críticos del gobierno de Claudia Sheinbaum argumentan que permitir al Ejército en estos roles fomenta corrupción y desequilibrios en el mercado. La Nueva Corte, influida por la Reforma Judicial, podría ratificar estas medidas, fortaleciendo el control de Morena sobre infraestructura vital. Esto no solo afecta la economía, sino que erosiona la democracia al expandir el poder militar en ámbitos civiles.
La postergación de este tema en sesiones previas de la Nueva Corte ha alimentado sospechas de que se evita confrontar al Ejecutivo. Organizaciones civiles exigen que la Nueva Corte actúe con rigor, pero el historial reciente muestra resoluciones favorables al gobierno, como en casos fiscales contra empresarios.
Cambios en la Ley Minera y Consultas a Personas con Discapacidad
La Nueva Corte también tiene pendiente las modificaciones a la Ley Minera, que priorizan el control estatal sobre recursos naturales. Además, el proyecto de la ministra Batres propone que la falta de consulta a personas con discapacidad no invalide leyes, lo que ha generado protestas. La Nueva Corte abrió una consulta pública, pero la resolución final pondrá a prueba su compromiso con la inclusión.
Protestas Sociales y el Rol de la Nueva Corte
Las quejas de asociaciones por discapacidad forzaron a la Nueva Corte a aplazar la votación, destacando la presión ciudadana. Sin embargo, si la Nueva Corte avala esta propuesta, podría ignorar derechos fundamentales, alineándose con políticas de Morena que minimizan consultas obligatorias. Esto refleja cómo la Reforma Judicial podría haber creado un tribunal más complaciente con el poder en turno.
En paralelo, la Nueva Corte debe abordar la acotación del interés legítimo para amparos por asociaciones civiles, lo que limitaría la defensa colectiva de derechos. Este cambio, propuesto por el ministro Arístides Guerrero García, ha sido criticado por restringir el acceso a la justicia.
Resoluciones Fiscales Polémicas: Casos de Salinas Pliego y Aplicaciones de Entrega
La Nueva Corte ya resolvió casos fiscales controvertidos, como los adeudos de empresas de Ricardo Salinas Pliego por 51 mil millones de pesos. Sin debate, la Nueva Corte desestimó recursos, permitiendo al gobierno cobrar deudas masivas. Igualmente, avaló el cobro de aprovechamientos a apps como Uber Eats en la Ciudad de México, pese a protestas de repartidores.
Consecuencias para el Sector Privado
Estas decisiones de la Nueva Corte ilustran un patrón de apoyo al fisco federal, criticado por ser punitivo hacia el sector privado. En un gobierno de Morena enfocado en recaudación, la Nueva Corte parece actuar como validador, ignorando impactos en empleos y economía. La rapidez en resolver estos asuntos sin discusión profunda genera dudas sobre su imparcialidad.
De acuerdo con análisis publicados en portales independientes, la Nueva Corte ha priorizado agendas gubernamentales, como en la gratuidad educativa en posgrados, contradiciendo integraciones previas. Fuentes especializadas en derecho constitucional han documentado cómo estas resoluciones fortalecen el control del Ejecutivo.
Informes de observatorios judiciales indican que la Nueva Corte, desde su integración en septiembre, ha evitado temas que desafíen directamente a la Presidencia, optando por postergaciones estratégicas. Medios dedicados a la cobertura política han reportado un aumento en la influencia de Morena sobre el Poder Judicial post-Reforma.
Según resúmenes de expertos en foros académicos, la Nueva Corte enfrenta un escrutinio global por su manejo de derechos humanos, con referencias a sentencias internacionales que urgen cambios. Publicaciones especializadas en América Latina destacan el contraste entre la retórica de autonomía y las acciones reales de la Nueva Corte.
