Desaparecidas en Oaxaca, la tragedia de cuatro trabajadores sigue sin resolverse después de seis meses de angustia y abandono por parte de las autoridades. El 13 de junio de 2025, José Santos Villafranco, de 26 años; su padre Francisco Santos Gómez, de 64; Joaquín Álvarez Cruz, de 53 años; y Humberto Cruz Agustín, de 62, partieron desde Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, con la esperanza de vender materiales de construcción en la región de Ejutla de Crespo. Sin embargo, esa salida prometedora se convirtió en un vacío eterno, un recordatorio brutal de cómo las desaparecidas en Oaxaca se acumulan sin que nadie mueva un dedo para encontrarlas.
La desesperación de las familias ante la inacción oficial
Las desaparecidas en Oaxaca no son solo números en un expediente olvidado; son vidas truncadas que dejan a familias destrozadas, clamando justicia en un sistema que parece diseñado para ignorarlas. Evelyn Lora, esposa de José Santos Villafranco, relata con voz quebrada cómo recibió las últimas fotografías enviadas por su pareja: imágenes de un retén donde fueron detenidos, un detalle que podría haber sido clave, pero que la Fiscalía de Oaxaca ha desechado como si no importara. "Mi declaración del 29 de junio ni siquiera está en la carpeta de investigación", denuncia, mientras la agente ministerial Juliama Bautista Castillo, encargada del caso, ofrece excusas en lugar de resultados.
En un intento desesperado por avanzar, el 25 de noviembre de 2025, los familiares organizaron una búsqueda en las comunidades de Ejutla de Crespo, acompañados por la Guardia Nacional. Pero ¿dónde estaba la fiscalía? Ausente, como siempre. Ni apoyo psicológico, ni integración de pruebas, ni el más mínimo esfuerzo coordinado. Marisol Santos, familiar de dos de las víctimas, describe esa jornada como "básica y frustrante", un paseo simbólico que solo profundiza la herida abierta de las desaparecidas en Oaxaca.
Detalles del día fatídico: un viaje que terminó en el olvido
Todo comenzó con una llamada que nunca llegó. Los cuatro hombres, unidos por lazos de amistad y necesidad económica, cruzaron el país para un negocio sencillo. Comunicaciones esporádicas con sus seres queridos hablaban de planes y risas, hasta que el silencio se instaló como una niebla espesa. Las desaparecidas en Oaxaca suman ahora estas cuatro almas, perdidas en un municipio donde la violencia acecha y la impunidad reina. Iván Álvarez, hijo de Joaquín Álvarez Cruz, exige a gritos que las autoridades dejen de lado la burocracia y actúen: "No solo por los nuestros, sino por todos los que han desaparecido en esta tierra olvidada".
El contexto alarmante de las desapariciones en México
Las desaparecidas en Oaxaca forman parte de una epidemia nacional que avergüenza al mundo. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 133 mil personas están reportadas como desaparecidas en México, un número que crece como una sombra imparable. En Oaxaca, durante la administración anterior, se registraron 377 casos; y en lo que va del actual gobierno, desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025, ya son 79 las personas engullidas por la oscuridad. Esta escalada de las desaparecidas en Oaxaca no es un accidente: es el resultado de un pacto de impunidad que protege a los responsables mientras las familias se desangran en la espera.
Expertos en derechos humanos, durante la conmemoración de los 21 años de la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez, estudiante de la UNAM, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, alzaron la voz contra esta negligencia sistemática. Alan García Campos, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, enfatizó la necesidad de un enfoque integral: prevención, búsqueda, localización, justicia y memoria. Sin empatía de las autoridades, las desaparecidas en Oaxaca seguirán siendo estadísticas invisibles, y las familias, espectros de lo que fueron.
Críticas a la Fiscalía: ¿dónde está la voluntad para encontrarlas?
La agente Juliama Bautista Castillo se ha convertido en el rostro de la indiferencia oficial. No acompañó la búsqueda de noviembre, ignoró declaraciones clave y ha permitido que el caso de las desaparecidas en Oaxaca se estanque en un limbo burocrático. Juan Carlos Gutiérrez, de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, acusa directamente al Estado mexicano de minimizar estos crímenes: "Hay un pacto de impunidad brutal que no se romperá mientras la presidenta no reciba a las familias en Palacio Nacional". Esta crítica resuena en todo el país, donde gobiernos estatales y federales fallan una y otra vez en proteger a sus ciudadanos.
En medio de esta crisis, las familias no se rinden. Organizaciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de madres buscadoras recorren caminos polvorientos, interponen quejas y exigen transparencia. Pero cada día sin avances en las desaparecidas en Oaxaca es un día robado a la esperanza. La Guardia Nacional, presente en la búsqueda de noviembre, representa un atisbo de apoyo, pero sin la coordinación de la fiscalía, es como apagar un incendio con una gota de agua.
Impacto emocional: familias rotas por el silencio estatal
Imaginemos el peso de seis meses sin saber. Las desaparecidas en Oaxaca no solo han dejado vacíos en los hogares de Ejutla de Crespo y Villa Nicolás Romero; han fracturado comunidades enteras. Niños que preguntan por sus abuelos, esposas que revisan el teléfono por enésima vez, hijos que crecen con el eco de una ausencia. Este drama humano, amplificado por la lentitud de las autoridades, genera un terror colectivo que se extiende más allá de las fronteras estatales.
La falta de apoyo psicológico, solicitada repetidamente a la fiscalía, agrava el sufrimiento. Marisol Santos lo dice claro: "Nos negaron hasta eso". En un país donde las desapariciones forzadas son un patrón sistemático desde hace décadas, ignorar el trauma de los afectados es un crimen adicional. Las desaparecidas en Oaxaca claman por justicia, y sus voces, aunque silenciadas por el tiempo, resuenan en las manifestaciones y en los expedientes abandonados.
Llamado urgente: romper el ciclo de impunidad
Para combatir las desaparecidas en Oaxaca, se necesita más que palabras: acciones concretas. Integrar todas las declaraciones en las carpetas de investigación, realizar búsquedas exhaustivas con tecnología y personal capacitado, y, sobre todo, escuchar a las familias. La ONU ha advertido sobre este problema gravísimo, y organizaciones como IDHEAS insisten en mesas de diálogo con el gobierno federal. Solo así se podrá honrar a las víctimas y prevenir que más nombres se sumen a la lista interminable.
En reportes recientes de medios independientes, se ha destacado cómo casos similares en Sinaloa y otros estados reflejan el mismo patrón de negligencia. Por ejemplo, la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán lleva dos meses sin avances en videos clave, un eco doloroso de lo que viven las familias en Oaxaca. Estas narrativas, compartidas en foros de derechos humanos, subrayan la urgencia de un cambio estructural.
Además, como han documentado colectivos de buscadoras en conferencias nacionales, la conmemoración de casos emblemáticos como el de Mónica Alejandrina Ramírez sirve de recordatorio de que el olvido es el peor enemigo. En Oaxaca, donde las desapariciones han aumentado un 20% en el último año según datos oficiales filtrados, la presión internacional podría ser el catalizador necesario para mover a las autoridades dormidas.
Finalmente, en conversaciones con expertos de la Comisión de Derechos Humanos, se evidencia que la empatía no es un lujo, sino una obligación estatal. Las desaparecidas en Oaxaca merecen no solo ser buscadas, sino recordadas en políticas públicas que garanticen que ninguna familia más sufra este infierno. Mientras tanto, la impunidad sigue tejiendo su red, pero las voces de los afectados no se apagarán.
