Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión planificaron meticulosamente desde 2023 la designación de Ernestina Godoy como una figura clave en la Fiscalía General de la República (FGR). Esta maniobra legislativa, disfrazada de avances en la lucha contra la violencia de género, eliminó barreras constitucionales que impedían a políticos recientes como Godoy acceder al cargo. La reforma, aprobada con amplio consenso, revela las profundas influencias partidistas en las instituciones judiciales mexicanas bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. En un contexto de creciente polarización política, esta jugada estratégica no solo asegura la continuidad de lealtades dentro de la FGR, sino que cuestiona la independencia del sistema de procuración de justicia en México.
La reforma constitucional: un telar oculto para el control institucional
La palabra clave en esta historia es la astuta ingeniería legal orquestada por Morena. Desde mayo de 2023, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 102 de la Constitución, se allanó el camino para que figuras con vínculos partidistas directos pudieran aspirar a la titularidad de la FGR. Esta reforma eliminó el requisito de no haber ocupado cargos de elección popular o de dirección en partidos políticos durante los últimos cuatro años previos a la designación. Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia y senadora con licencia tras las elecciones de 2024, encajaba perfectamente en este perfil prohibido hasta ese momento.
El origen de la modificación: un movimiento calculado en 2023
Todo comenzó con una iniciativa que, en apariencia, buscaba fortalecer la imparcialidad de las instituciones. Sin embargo, analistas políticos señalan que Morena y aliados tejieron desde el 2023 en el Congreso de la Unión esta red para posicionar a uno de los suyos en la FGR. La eliminación de candados partidistas no fue un capricho aislado; formaba parte de una serie de ajustes constitucionales que consolidaban el poder del partido gobernante. Godoy, con su trayectoria leal al movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, se convirtió en la candidata ideal para suceder a Alejandro Gertz Manero, cuya gestión ha sido controvertida por su cercanía al Ejecutivo.
En sesiones cerradas de comisiones, como la de Puntos Constitucionales presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo, se pulieron los detalles de esta reforma. Robledo, ahora enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, jugó un rol pivotal en la aprobación inicial. La votación en la Cámara de Diputados, dos años después, el 30 de marzo de 2025, selló el destino con 455 votos a favor y cero en contra, un respaldo abrumador que incluyó a la oposición distraída por el debate sobre la violencia contra las mujeres.
Ernestina Godoy: de senadora a interina de la FGR
Ernestina Godoy emerge como el eje central de esta trama política. Nombrada recientemente como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Godoy asume de facto el rol de interina en la FGR mientras se prepara la terna para la ratificación definitiva en el Senado. Su designación no es casual; responde directamente a la reforma impulsada por Morena desde 2023. Con una carrera marcada por su servicio en la administración federal, Godoy representa la fusión entre política y justicia que críticos denuncian como un retroceso democrático.
El aval de la oposición: una aprobación silenciosa
Lo más alarmante es cómo la oposición facilitó este proceso. Durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, intervenciones como la de la diputada morenista Lidia García centraron el foco en la "medida 3 de 3 contra la violencia", elevándola a rango constitucional como requisito para candidatos públicos. García argumentó que esta disposición garantizaba que solo personas íntegras, sin historial de agresiones, pudieran ocupar cargos de poder. Sin embargo, este velo retórico ocultó la eliminación de los impedimentos para Godoy, permitiendo que Morena y aliados tejieran desde el 2023 en el Congreso de la Unión la llegada de uno de los suyos a la FGR sin mayores obstáculos.
Aleida Alavez, otra voz morenista en la tribuna, reforzó el discurso: "No es posible ni imaginable que quien haya violado o agredido a una mujer participe en las decisiones del país". Estas palabras, aunque válidas en su esencia, sirvieron para diluir cualquier escrutinio sobre el artículo 102. La aprobación en el Senado siguió el mismo patrón, con un consenso que roza lo unánime y deja en evidencia la fragmentación opositora.
Implicaciones políticas: el control de la FGR bajo Sheinbaum
La designación de Godoy en la FGR no es un evento aislado; forma parte de una estrategia más amplia para alinear las instituciones con la agenda de Morena. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la Presidencia en octubre de 2024, se acelera esta tendencia. Críticos argumentan que esta maniobra debilita la autonomía judicial, convirtiendo a la Fiscalía en un instrumento al servicio del partido en el poder. La palabra clave aquí es la consolidación: Morena y aliados tejieron desde el 2023 en el Congreso de la Unión una red que ahora captura la cúpula prosecutorial.
En paralelo, el caso de Cuauhtémoc Blanco ilustra las inconsistencias. El exfutbolista y gobernador de Morelos, acusado de intento de violación, vio cómo Morena descartó despojarlo de fuero, un contraste flagrante con la retórica anti-violencia. Esta selectividad en la aplicación de reformas genera dudas sobre la sinceridad del proceso legislativo.
El rol de Gertz Manero y la transición forzada
Alejandro Gertz Manero, fiscal general desde 2018, enfrenta presiones para su salida. Su gestión, marcada por investigaciones selectivas contra opositores, ha sido un pilar del control morenista. La llegada de Godoy representa una transición suave, asegurando que la FGR permanezca alineada. Fuentes cercanas al Congreso indican que la terna para su reemplazo ya está delineada, con Godoy como favorita indiscutible.
Esta dinámica revela las fisuras en el sistema de checks and balances mexicano. Mientras el Ejecutivo fortalece su influencia, el Legislativo actúa como facilitador. La reforma de 2023, con su doble filo de protección contra la violencia y apertura partidista, ejemplifica cómo Morena transforma obstáculos en oportunidades.
En el panorama nacional, esta jugada impacta directamente la percepción de imparcialidad en casos de alto perfil, como los relacionados con corrupción o derechos humanos. Organizaciones civiles han expresado preocupación por la politización de la justicia, advirtiendo que podría erosionar la confianza pública en las instituciones.
La intersección entre política y procuración de justicia se profundiza con cada paso. Ernestina Godoy, como interina, ya influye en decisiones clave, desde la priorización de investigaciones hasta la asignación de recursos. Su trayectoria, forjada en las filas de Morena, sugiere que la FGR priorizará agendas afines al gobierno federal.
Analistas destacan que esta estrategia no es nueva; desde la creación de la FGR en 2018, ha habido intentos por moldearla a imagen del Ejecutivo. La reforma de 2023 acelera este proceso, posicionando a Godoy como un puente entre el legado de López Obrador y la era Sheinbaum.
En sesiones pasadas del Congreso, como las de la Comisión de Justicia, se debatieron estos cambios con un tono de urgencia. Diputados de oposición, aunque presentes, optaron por abstenciones simbólicas en lugar de confrontaciones directas, lo que facilitó el tránsito de la iniciativa.
La medida "3 de 3 contra la violencia" , aunque loable, no compensa la pérdida de salvaguardas contra la injerencia partidista. Esta disposición obliga a declarar ausencia de sentencias por violencia familiar, sexual o incumplimiento alimentario, pero deja intacta la puerta para lealtades políticas.
En el contexto de la nueva legislatura, dominada por Morena tras las elecciones de 2024, estas reformas se multiplican. La designación de Godoy es solo el preludio de un reordenamiento institucional más amplio.
Informes de comisiones legislativas, como los dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales, detallan exhaustivamente el proceso de aprobación. Estos documentos, accesibles en el portal del Congreso, revelan el consenso alcanzado y las intervenciones clave de figuras como Lidia García y Aleida Alavez.
Publicaciones en medios independientes, como las que han seguido el trayecto de esta reforma desde su gestación en 2023, subrayan la meticulosidad con la que Morena preparó el terreno. Entrevistas con expertos en derecho constitucional confirman que esta modificación altera el equilibrio de poderes de manera sutil pero efectiva.
Finalmente, el impacto en la gobernabilidad se sentirá en los próximos meses, a medida que la FGR bajo Godoy enfrente desafíos como las investigaciones sobre el 27 de septiembre de 2019 o casos de corrupción en entidades federativas. La narrativa oficial enfatiza la continuidad y la eficiencia, pero las sombras de la politización persisten.
