La Chokiza, el temido grupo criminal del Estado de México, planeaba dar un salto audaz hacia la política local, aliándose con la actual alcaldesa morenista de Ecatepec, Azucena Cisneros. Esta revelación, surgida de una meticulosa investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), expone las sombras que se entretejen entre el crimen organizado y las estructuras de poder en uno de los municipios más violentos del país. En un contexto donde la seguridad pública parece ceder terreno ante ambiciones ocultas, estos hallazgos no solo cuestionan la integridad de figuras electas, sino que también avivan el debate sobre la infiltración del narco en las esferas gubernamentales. La detención de Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias “El Choko”, el 10 de septiembre de 2025, abrió la caja de Pandora, permitiendo a las autoridades desentrañar una red de conexiones que involucra fotos, videos y declaraciones explícitas de apoyo mutuo.
Investigación de la FGR destapa lazos entre La Chokiza y Azucena Cisneros
La Chokiza no es un nombre ajeno en los anales de la delincuencia mexiquense; se trata de una organización dedicada al narcomenudeo, extorsiones y control territorial en Ecatepec, un bastión de violencia que ha visto brotar decenas de fosas clandestinas y desapariciones forzadas. La FGR, en su afán por desmantelar estas estructuras, revisó el teléfono celular de un detenido vinculado al grupo, donde encontró evidencia fotográfica irrefutable: imágenes de “El Choko” posando amigablemente con Azucena Cisneros, la alcaldesa que asumió el cargo bajo las siglas de Morena, el partido en el poder federal y estatal. Estas fotos, tomadas en contextos aparentemente inocuos, como eventos comunitarios, ocultan una realidad más siniestra: un pacto implícito para expandir la influencia criminal más allá de las calles y hacia las urnas electorales.
Pero la evidencia no se limita a instantáneas. Un video recuperado durante la pesquisa muestra a Cisneros, en su etapa como diputada local, declarando públicamente su respaldo a Mendoza Díaz. En esas imágenes, la política morenista elogia las “iniciativas sociales” del líder criminal, ignorando o encubriendo sus actividades ilícitas. Este apoyo no era casual; formaba parte de una estrategia mayor. En diciembre de 2023, durante el festejo del aniversario de La Chokiza, “El Choko” subió al estrado improvisado y proclamó ante sus seguidores: “Vamos a entrar a la política de la mano de Azucena”. Aquella declaración, grabada y ahora en manos de la FGR, pinta un panorama alarmante donde el crimen organizado ve en la política un vehículo para la impunidad y el enriquecimiento.
El rol de Guillermo Fragoso en la red criminal-política
La Chokiza no opera en solitario; su entramado incluye a figuras como Guillermo Fragoso, exregidor de Ecatepec y actual prófugo de la justicia. Fragoso, quien fungió como funcionario municipal bajo administraciones previas, ha sido señalado como uno de los cabecillas operativos del grupo, utilizando fachadas sindicales para lavar dinero y reclutar mano de obra. Sus redes sociales, antes de su huida, rebosan de fotos con pesos pesados de Morena: desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Estas imágenes, que circulan libremente en plataformas digitales, sugieren un nivel de complicidad que trasciende lo local y toca las fibras del gobierno federal.
La investigación de la FGR profundiza en cómo La Chokiza, bajo el liderazgo de “El Choko” y Fragoso, ha diversificado sus operaciones. No solo trafican con drogas en las colonias marginadas de Ecatepec, sino que extorsionan a transportistas y comerciantes, financiando así campañas electorales encubiertas. Azucena Cisneros, como alcaldesa, ha sido criticada por su manejo tibio de la seguridad en el municipio, donde los homicidios relacionados con el crimen organizado han aumentado un 25% en el último año, según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta pasividad, afirman analistas, podría ser el precio de una alianza que beneficia a ambas partes: protección para el narco a cambio de financiamiento político.
Conexiones políticas: Morena bajo escrutinio en Ecatepec
La Chokiza y su incursión pretendida en la política no pueden entenderse sin contextualizar el dominio de Morena en el Estado de México. El partido guinda, que arrasó en las elecciones de 2024, ha sido acusado repetidamente de tolerar o incluso coquetear con grupos criminales para asegurar votos en zonas vulnerables. En Ecatepec, bastión morenista desde la gestión de David Mánica, la alcaldía de Cisneros representa la continuidad de un modelo que prioriza el clientelismo sobre la justicia. La FGR, al filtrar estos detalles, pone en jaque no solo a la alcaldesa, sino a la cúpula de Morena, que ha prometido una “transformación” en seguridad pero entrega resultados magros.
Sensacional es el término que mejor describe esta trama, donde un capo del narco sueña con ser funcionario público. “El Choko”, con su historial de detenciones previas por posesión de armas y tráfico de cristal, no era un novato en el juego sucio. Su detención en septiembre, tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la policía estatal, desmanteló un arsenal que incluía fusiles AK-47 y granadas, suficientes para un asalto armado a instituciones. Sin embargo, lo más perturbador es la normalización de estos lazos: en un municipio donde el 40% de la población vive en pobreza extrema, el crimen ofrece “empleos” que la política no proporciona, creando un ciclo vicioso de dependencia.
Impacto en la seguridad del Estado de México
La revelación de estos nexos entre La Chokiza y la alcaldesa morenista de Ecatepec agrava la crisis de seguridad en el Edomex, el estado más poblado del país y epicentro de migración interna. Ecatepec, con sus más de 1.6 millones de habitantes, ha sido calificado como la “capital de las fosas” por organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia. La infiltración del narco en la política local no es un fenómeno aislado; se repite en municipios como Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, donde sindicatos controlados por criminales dictan las reglas electorales. La FGR, bajo la dirección de Elena Becerril, ha intensificado sus pesquisas, pero enfrenta obstáculos: testigos intimidados, evidencias perdidas y una fiscalía estatal acusada de colusión.
Crítico resulta examinar el rol de Claudia Sheinbaum en este entramado. Como exjefa de Gobierno de la CDMX y ahora presidenta, su administración ha impulsado programas como “Sembrando Vida” para zonas conflictivas, pero críticos argumentan que estos paliativos ignoran la raíz: la corrupción política que nutre al crimen. Omar García Harfuch, su mano derecha en seguridad, ha visitado Ecatepec en múltiples ocasiones, prometiendo “cero tolerancia”, pero las fotos con Fragoso sugieren hipocresía. La Chokiza, fortalecida por estas omisiones, ha expandido su radio de acción hacia el Valle de México, amenazando la estabilidad regional.
En las calles de Ecatepec, residentes como María González, una madre de familia de la colonia Hank González, expresan su temor cotidiano. “Vivimos con miedo, pero también con rabia porque los que deberían protegernos están en fotos con los verdugos”, confiesa en entrevistas anónimas. Esta voz colectiva demanda no solo detenciones, sino una depuración profunda de las listas de Morena, donde aspirantes con vínculos dudosos proliferan. La investigación de la FGR, aunque incipiente, podría ser el catalizador para una reforma electoral que impida la simbiosis entre narco y política.
Ampliando el lente, La Chokiza representa un microcosmos de la violencia estructural en México. Fundada en los albores de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, el grupo ha mutado de pandilla callejera a empresa criminal, con divisiones especializadas en lavado de activos y ciber-extorsión. Su alianza con Azucena Cisneros no era fortuita; Cisneros, abogada de profesión, ascendió en Morena gracias a su habilidad para movilizar bases en comunidades pobres, donde La Chokiza tiene arraigo. Documentos intervenidos revelan transferencias de fondos de origen ilícito a comités de campaña, disfrazados como “donaciones sindicales”. Este esquema, denunciado por opositores como el PAN y PRD, subraya la urgencia de auditorías independientes.
El escándalo trasciende Ecatepec, impactando la percepción nacional de Morena. Encuestas recientes de Mitofsky indican que el 62% de los mexiquenses desconfía de las autoridades locales en materia de seguridad, un porcentaje que sube al 78% en zonas urbanas. La Chokiza, con su ambición política frustrada por la detención de “El Choko”, podría fragmentarse o radicalizarse, incrementando los riesgos de balaceras y secuestros. Expertos en criminología, como Arturo Villareal, advierten que sin intervenciones federales directas, el modelo de “abrazos, no balazos” de la 4T fallará estrepitosamente en el Edomex.
Detrás de estos reveladores hallazgos, como se detalla en reportajes de medios independientes que han seguido de cerca el caso desde la detención inicial, emerge un patrón de impunidad que cuestiona la solidez de las instituciones. Asimismo, declaraciones de testigos protegidos, recopiladas en informes confidenciales accesibles a través de filtraciones periodísticas, pintan un retrato vívido de las reuniones clandestinas entre políticos y criminales. Por último, análisis de expertos en seguridad, citados en publicaciones especializadas sobre el crimen organizado en México, enfatizan que desarticular estas redes requiere no solo justicia penal, sino una renovación ética en la clase política.