Recorte a caminos artesanales en Guerrero ha desatado una ola de indignación entre las comunidades indígenas de la Montaña, quienes denuncian que el gobierno federal, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, está ignorando compromisos ancestrales y profundizando la marginación en una de las regiones más olvidadas del país. Este recorte presupuestal, que afecta directamente a 76 comunidades en municipios como Malinaltepec, Tlacoapa y Acatepec, representa más que una simple reducción de fondos: es un golpe directo a la dignidad y al derecho a la movilidad de pueblos originarios que dependen de estos caminos para sobrevivir. Con una disminución superior al 12% de los 840 millones de pesos originalmente aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, las voces de comisarios y delegados resuenan con un grito de auxilio que no puede ser ignorado. "Nos siguen pisoteando", es la frase que resume el sentir colectivo, un eco de frustración acumulada por años de promesas incumplidas.
El programa de caminos artesanales, impulsado inicialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como una herramienta para empoderar a las comunidades indígenas en la construcción de su propia infraestructura, ahora parece desmoronarse bajo el peso de decisiones administrativas opacas. Estas vías no son meras carreteras de tierra; son arterias vitales que conectan escuelas, centros de salud y mercados, permitiendo que productos locales como el café y el amaranto lleguen a los consumidores sin intermediarios que devoren las ganancias. Sin embargo, el recorte a caminos artesanales en Guerrero amenaza con aislar aún más a estas poblaciones, exacerbando la pobreza extrema que azota a la región. Según estimaciones preliminares, el impacto podría traducirse en la paralización de al menos 20 proyectos clave, dejando a miles de jornaleros sin empleo temporal y a familias enteras varadas en caminos intransitables durante la temporada de lluvias.
Denuncia colectiva: Voces desde la Montaña de Guerrero
En una conferencia de prensa cargada de emotividad, celebrada el 12 de noviembre de 2025, 16 comisarios y delegados de las comunidades afectadas elevaron su protesta contra lo que califican como un menosprecio sistemático por parte del gobierno federal. Representando a pueblos na savi y ñahñu, estos líderes indígenas no solo exigieron la reversión del recorte a caminos artesanales en Guerrero, sino que también recordaron los obstáculos históricos que han enfrentado para acceder a los recursos. Retrasos en la apertura de cuentas bancarias, fallos en las transferencias electrónicas y una burocracia que parece diseñada para desanimar: estos son los fantasmas del pasado que ahora se materializan en recortes presupuestarios que parecen castigar la resiliencia de estas comunidades.
Impactos directos en la vida cotidiana
Imaginemos el escenario en una comunidad remota como El Obispo, en Malinaltepec: un convenio inicial para 2.5 kilómetros de camino artesanal se ve reducido abruptamente en 500 metros, lo que significa que el trayecto diario a la cabecera municipal se alarga en horas, exponiendo a mujeres y niños a mayores riesgos de violencia y accidentes. Abad Cantú Gómez, coordinador de la carretera artesanal en esta zona, lo describe con crudeza: "Al principio firmamos un convenio de 2 kilómetros y medio. En la evaluación que se hizo nos sorprendieron con que nos iban a recortar 500 metros, medio kilómetro". Este no es un caso aislado; en Mezcalapa, por ejemplo, de 3 kilómetros autorizados, se habla de eliminar uno entero, lo que podría significar el abandono total de secciones críticas para el transporte de cosechas.
El recorte a caminos artesanales en Guerrero no solo frena el progreso físico, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Las comunidades, que han demostrado una capacidad organizativa admirable al autogestionar la mano de obra local y materiales sostenibles, se sienten traicionadas. "Nos hemos visto sorprendidos por los recortes presupuestarios anunciados. Esta situación es inaceptable, ya que atenta contra nuestros derechos y la capacidad de las comunidades indígenas que representamos", declararon en un comunicado conjunto. Esta traición se agrava con la introducción de nuevos intermediarios, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), entidades que, según los denunciantes, diluyen la autonomía prometida en los acuerdos previos.
Raíces del conflicto: Del legado de AMLO al gobierno de Sheinbaum
Para entender la magnitud del recorte a caminos artesanales en Guerrero, es esencial remontarnos al origen del programa. Lanzado en 2019 como parte de la Cuarta Transformación, el iniciativa buscaba romper con el modelo asistencialista tradicional, empoderando a las comunidades para que construyeran sus propios caminos con presupuestos directos y supervisión local. En Guerrero, esto significó una inyección inicial de recursos que permitió avanzar en más de 100 kilómetros de vías en la Montaña, beneficiando a decenas de miles de habitantes. Sin embargo, desde la transición al gobierno de Claudia Sheinbaum, las señales de retroceso han sido evidentes: reuniones con autoridades federales donde se anticipaban reducciones en el kilometraje, y un presupuesto 2026 que prioriza megaproyectos nacionales sobre necesidades locales apremiantes.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, una organización con décadas de defensa de los derechos indígenas, no escatima en críticas: "Se ha querido hasta reducir el kilometraje. Por ejemplo, Mezcalapa tiene autorizado 3 kilómetros y al parecer le quieren reducir un kilómetro. Así está pasando en varias comunidades". Su testimonio subraya cómo el recorte a caminos artesanales en Guerrero se inscribe en un patrón más amplio de desatención a la agenda indígena, donde promesas electorales chocan con realidades presupuestales. Morena, el partido en el poder, enfrenta ahora el escrutinio por no blindar estos programas frente a presiones fiscales, lo que genera dudas sobre el compromiso real con la "austeridad republicana" que tanto se pregona desde Palacio Nacional.
Consecuencias económicas y sociales a largo plazo
Más allá de los números —un 12% que equivale a unos 100 millones de pesos evaporados—, el recorte a caminos artesanales en Guerrero tiene ramificaciones profundas en la economía local. La región de la Montaña, rica en biodiversidad y tradiciones milenarias, depende de la conectividad para comercializar sus productos orgánicos. Sin caminos adecuados, el café de altura de Tlacoapa o las artesanías de Acatepec pierden competitividad, perpetuando un ciclo de pobreza que afecta al 80% de la población indígena. Estudios previos del INPI indican que cada kilómetro de camino artesanal genera hasta 50 empleos temporales y reduce en un 30% los costos de transporte, beneficios que ahora peligran.
Desde el punto de vista social, el aislamiento fomenta la migración forzada hacia ciudades como Chilpancingo o incluso el Valle de México, desintegrando tejidos comunitarios y dejando atrás a los ancianos y discapacitados. Las mujeres, en particular, sufren las consecuencias: caminatas extenuantes con cargas pesadas aumentan la exposición a riesgos de salud y género. "Nos sentimos menospreciados y despojados de nuestros derechos, ya que se nos considera sujetos de derecho público, pero las decisiones tomadas por las dependencias nos siguen pisoteando", reza la carta enviada a Palacio Nacional, un documento que encapsula el hartazgo acumulado.
En este contexto, la resiliencia de las comunidades brilla como un faro de esperanza. A pesar de los retrasos en transferencias —atribuidos a fallos institucionales—, han mantenido viva la llama de la organización colectiva, utilizando asambleas tradicionales para priorizar proyectos y capacitar a jóvenes en técnicas de construcción ecológica. Sin embargo, esta fortaleza se ve puesta a prueba por un gobierno que, en palabras de los delegados, "menosprecia los acuerdos firmados previamente". El recorte a caminos artesanales en Guerrero no es solo una línea en un presupuesto; es un quiebre en la relación entre el Estado y sus pueblos originarios, un recordatorio de que la inclusión no se decreta, sino que se construye kilómetro a kilómetro.
Las repercusiones podrían extenderse más allá de Guerrero si no se atiende esta denuncia. Otras regiones indígenas, como la Sierra de Oaxaca o Chiapas, observan con preocupación, temiendo que el precedente abra la puerta a más recortes. Expertos en políticas públicas advierten que ignorar estas voces podría avivar tensiones sociales, recordando episodios pasados de movilizaciones masivas por derechos territoriales. Mientras tanto, las comunidades esperan una respuesta que restaure la fe en el diálogo institucional.
En conversaciones informales con activistas locales, se menciona que reportes recientes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan han documentado patrones similares de desatención, basados en datos recopilados durante años de fieldwork en la zona. Asimismo, análisis presupuestarios independientes, como los publicados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en sus boletines anuales, destacan cómo estos ajustes fiscales impactan desproporcionadamente en áreas marginadas. Finalmente, comunicados de prensa de organizaciones como Latinus han amplificado estas quejas, trayendo a la luz detalles que de otro modo quedarían sepultados en la burocracia federal.
