Jueces y magistrados federales han tomado las calles una vez más en un acto de desesperación que pone en evidencia las grietas profundas del sistema judicial mexicano bajo el actual gobierno federal. En la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 2025, alrededor de cien exjueces y exmagistrados bloquearon la avenida Insurgentes Sur, paralizando el tráfico en ambos sentidos a la altura del cruce con Loreto, justo frente al Tribunal de Disciplina Judicial. Esta acción no es un capricho, sino un grito de auxilio ante la falta de pagos de indemnizaciones extraordinarias que les corresponden por ley tras haber sido separados de sus cargos. El escándalo revela una vez más la negligencia del Poder Judicial y las secretarías de Estado responsables, dejando a estos profesionales del derecho en la indigencia mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum prioriza otros rubros presupuestales. La frase que resonó en las calles, “Somos juzgadores, no limosneros”, encapsula el ultraje de hombres y mujeres que dedicaron décadas a impartir justicia, solo para ser tratados como mendigos por un sistema que prometía reformas pero entrega olvidos.
La indignación estalla en Insurgentes: un bloqueo que paraliza la capital
El bloqueo de Insurgentes no surgió de la nada; es la culminación de meses de promesas incumplidas y trámites burocráticos que se eternizan. Estos jueces federales, que alguna vez dictaban sentencias que moldeaban el destino de miles, ahora se ven obligados a recurrir a medidas extremas para cobrar lo que les debe el Estado. La manifestación comenzó temprano en la mañana, con los exfuncionarios congregándose frente al TDJ, un edificio que simboliza la autoridad judicial pero que hoy representa la indiferencia oficial. Coreaban consignas cargadas de amargura: “Sabían que hoy teníamos cita y no nos recibieron”, un reclamo directo contra las autoridades que, según ellos, ignoraron deliberadamente su agenda programada. El tráfico colapsó rápidamente, con conductores furiosos tocando bocinas y transeúntes grabando el caos con sus celulares, amplificando el mensaje a través de redes sociales.
Detrás del cartel: historias de exjueces olvidados por el gobierno
Entre los manifestantes, se escuchaban relatos personales que humanizan esta crisis. Uno de ellos, un exmagistrado con más de 25 años de servicio, contó cómo su despido repentino lo dejó sin ingresos estables, forzándolo a depender de ahorros menguantes mientras espera una indemnización que parece un espejismo. “Nos echaron a la calle como si fuéramos desechables”, dijo con voz entrecortada, mientras sostenía un cartel que demandaba justicia para los juzgadores. Esta situación no es aislada; afecta a cientos de profesionales que fueron parte del Poder Judicial Federal hasta la implementación de las controvertidas reformas impulsadas por Morena en años previos. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, que asumió la Presidencia con promesas de equidad, estos pagos pendientes se han convertido en un símbolo de hipocresía gubernamental, donde el discurso de austeridad choca frontalmente con la realidad de deudas ignoradas.
Contexto de la crisis: reformas judiciales y el abandono estatal
Para entender el bloqueo de Insurgentes por falta de pagos, hay que retroceder a las reformas judiciales que sacudieron México en 2024 y 2025. La elección popular de jueces, promovida por el gobierno federal y el partido Morena, generó una ola de destituciones y reestructuraciones en el Poder Judicial. Muchos exjueces y exmagistrados, considerados “leales” al antiguo régimen o simplemente prescindibles, fueron removidos sin las garantías mínimas de compensación. La ley establece indemnizaciones extraordinarias para estos casos, pero el flujo de fondos se ha detenido en un laberinto de secretarías de Estado, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público juega un rol central. Críticos señalan que esta demora no es accidental, sino una táctica para presionar a los disidentes judiciales y consolidar el control del ejecutivo sobre el poder judicial. Jueces federales como estos manifestantes argumentan que su salida no fue por corrupción o ineficiencia, sino por lealtades políticas, dejando a familias enteras en la incertidumbre económica.
La movilización en Insurgentes se suma a una serie de protestas que han marcado el calendario reciente. El día anterior, el 11 de noviembre, un grupo similar bloqueó la avenida Revolución, marchando hacia el mismo Tribunal de Disciplina Judicial en busca de respuestas. Estas acciones viales, aunque disruptivas, han logrado visibilizar un problema que de otro modo quedaría enterrado en expedientes administrativos. En el corazón de la CDMX, donde el pulso de la nación late más fuerte, estos bloqueos sirven como recordatorio brutal de que la justicia no se limita a las salas de audiencias; también se mide en el cumplimiento de obligaciones estatales básicas.
Impacto en la ciudadanía: ¿quién paga el precio de la ineficiencia?
Mientras los jueces bloquean Insurgentes por falta de pagos, la ciudadanía sufre las consecuencias colaterales. El caos vial en una de las arterias principales de la capital generó horas de demoras para miles de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público y privado. Ambulancias y servicios de emergencia tuvieron que desviar rutas, exacerbando la frustración general en una ciudad ya saturada. Sin embargo, para los manifestantes, este inconveniente es un mal menor comparado con su propia precariedad. “¿Ya nos humillaron lo suficiente? Nos echaron a la calle y ahora no nos dan una indemnización”, gritaban por altavoces, un eco que resuena en las demandas de transparencia y accountability del gobierno federal. Esta protesta pone el dedo en la llaga de un sistema donde los altos funcionarios prometen equidad, pero dejan a sus propios servidores públicos en la estacada.
Voces del descontento: consignas que exigen cambio inmediato
Las consignas durante el bloqueo de Insurgentes no fueron meros gritos; fueron un manifiesto colectivo de indignación. “Somos juzgadores federales, que se escuche fuerte. ¡Somos juzgadores no somos limosneros!”, entonaban al unísono, un himno improvisado que captura la esencia de su lucha. Estas palabras, cargadas de ironía y dolor, contrastan con la pompa de las sesiones legislativas donde se debaten reformas que afectan directamente sus vidas. Bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, el gobierno ha enfrentado críticas por su manejo de las finanzas públicas, priorizando megaproyectos sobre las deudas con exfuncionarios. Los jueces federales insisten en que su indemnización no es un lujo, sino un derecho laboral básico, respaldado por normativas que el Estado mismo avaló.
Expertos en derecho administrativo han advertido que esta crisis podría escalar a demandas colectivas ante instancias internacionales si no se resuelve pronto. La falta de pagos no solo afecta a los individuos, sino al tejido mismo de la confianza en las instituciones. ¿Cómo puede un gobierno que clama por la soberanía judicial ignorar a quienes la encarnaron por décadas? El bloqueo de Insurgentes por falta de pagos es, en esencia, un llamado a la coherencia: si México aspira a un Poder Judicial renovado, debe honrar a sus veteranos antes de forjar el futuro.
Lecciones de la protesta: hacia una reforma genuina
Esta manifestación subraya la urgencia de una reforma judicial que no deje víctimas en el camino. Los exmagistrados demandan no solo dinero, sino respeto y un proceso transparente que evite arbitrariedades. En un país donde la corrupción ha sido el talón de Aquiles del sistema, ver a jueces honestos reducidos a bloqueadores viales es un golpe bajo para la narrativa oficial de Morena. El gobierno federal, a través de sus secretarías de Estado, debe responder con hechos, no con excusas presupuestales. Solo así se restaurará la fe en un poder que, irónicamente, se supone imparcial.
La tensión en las calles de la CDMX refleja un mal mayor en la política mexicana: la desconexión entre el discurso presidencial y la realidad cotidiana. Mientras Claudia Sheinbaum navega por cumbres internacionales, sus decisiones internas generan estos estallidos de descontento. Los jueces que bloquearon Insurgentes por falta de pagos no buscan venganza, sino lo que les corresponde por ley, un principio básico que el Estado parece haber olvidado en su afán por centralizar el poder.
En conversaciones informales con observadores cercanos al Tribunal de Disciplina Judicial, se menciona que documentos internos filtrados recientemente confirman la disponibilidad de fondos, pero con retrasos administrativos inexplicables. Asimismo, reportes de medios independientes como Latinus han documentado patrones similares en otras dependencias federales, donde pagos pendientes se acumulan sin resolución aparente. Finalmente, analistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han publicado estudios que vinculan estas demoras a la reestructuración presupuestal post-reforma, sugiriendo que sin intervención directa de la Presidencia, el problema persistirá.
