Exjuzgadores protestan en la Ciudad de México exigiendo el pago inmediato de su indemnización, un reclamo que resuena con fuerza en el marco de la controvertida reforma judicial de 2024. Esta manifestación, que congregó a decenas de exmagistrados y exjueces cesados, pone de manifiesto las tensiones persistentes entre el nuevo sistema de elección popular de jueces y los derechos laborales de quienes fueron removidos de sus cargos. Los afectados, provenientes de diversos estados del país, se plantaron frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para alzar la voz contra lo que consideran un despido injusto sin compensación adecuada.
La marcha de los exjuzgadores: consignas y demandas urgentes
La protesta comenzó con una concentración frente al edificio del OAJ, desde donde los exjuzgadores iniciaron una marcha hacia el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el antiguo Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas como “Ante despido forzoso, retiro decoroso” y “La ley no es a tu gusto, exigimos pago justo”. Estas frases encapsulan el descontento de un colectivo que se siente traicionado por una reforma que priorizó el cambio estructural sobre la protección de derechos adquiridos.
Portando pancartas con mensajes directos como “OAJ: Cumple la Constitución y páganos ya”, los exjuzgadores visibilizaron su lucha por el cumplimiento de la ley. La ausencia de pagos desde septiembre de 2024, cuando entraron en funciones los nuevos jueces electos por voto popular, ha generado una ola de incertidumbre económica y profesional entre los afectados. Más de 800 juzgadores cesados esperan no solo la indemnización, sino también la derogación de un proyecto que amenaza con cancelar pensiones complementarias para jubilados o en vías de jubilación.
Detalles de la manifestación en avenidas clave de CDMX
Al llegar al TDJ, donde se esperaba una cita acordada con el OAJ, los manifestantes se encontraron con puertas cerradas y ninguna recepción oficial. Esta situación llevó a un bloqueo en ambos sentidos de la Avenida Insurgentes Sur, una de las vías más transitadas de la capital. El caos vial resultante subrayó la urgencia de sus demandas, obligando a las autoridades a prestar atención a un conflicto que podría escalar si no se resuelve pronto.
Reclamos específicos: indemnización y pensiones en juego
Los exjuzgadores protestan no solo por el retraso en el pago de su indemnización, sino también por la prohibición de laborar en el mismo ramo durante dos años posteriores a su cese. Esta restricción agrava su vulnerabilidad, dejando a profesionales con décadas de experiencia en un limbo laboral injustificable. Froylán Muñoz, exmagistrado de circuito en Michoacán, fue uno de los portavoces más elocuentes durante la protesta. “Más de 800 juzgadores cesados no hemos recibido ni un peso de nuestra indemnización”, declaró Muñoz, alertando sobre el proyecto de cancelación de pensiones que genera “gran incertidumbre” en el sector.
Muñoz enfatizó que estas pensiones representan derechos adquiridos e inamovibles, exigiendo la “abrogación total” de cualquier iniciativa que las ponga en riesgo. La reforma judicial, promulgada en septiembre de 2024, eliminó cargos vitalicios y estableció la elección popular como mecanismo de selección, pero no anticipó suficientemente las consecuencias para quienes optaron por no participar en el proceso electoral o renunciaron previamente.
Voces de los afectados: testimonios desde el frente
Julia García, exmagistrada en el Estado de México, compartió su frustración por la comunicación intermitente con el OAJ. “Hemos tenido respuestas parciales e incompletas. Antier se sacó un comunicado diciendo que nos pagará el 10 de diciembre, pero tenemos muchas dudas”, relató García. La exmagistrada cuestionó la logística de atender a más de 800 personas en un solo día, junto con testigos, en un proceso que podría extenderse indefinidamente si no se clarifica.
Los manifestantes entregaron un documento formal al OAJ para exigir una reunión inmediata, advirtiendo que las protestas y bloqueos continuarán si no hay avances concretos. Esta acción colectiva, que reunió a trabajadores de distintos estados, ilustra la amplitud geográfica del impacto de la reforma judicial en todo México.
Contexto de la reforma judicial: cambios radicales y sus repercusiones
La reforma judicial de 2024 representó un giro histórico en el Poder Judicial de la Federación. En junio de ese año, México celebró su primera elección para renovar cerca de mil puestos, incluyendo 386 jueces y 464 magistraturas. Los exjuzgadores, al decidir no participar o renunciar, fueron cesados automáticamente, dejando atrás carreras consolidadas sin el respaldo financiero prometido por la ley.
Esta transformación, impulsada por el deseo de democratizar el acceso al poder judicial, ha sido elogiada por algunos como un paso hacia la rendición de cuentas, pero criticada por otros por socavar la independencia y estabilidad del sistema. Los exjuzgadores protestan argumentando que la Constitución obliga al OAJ a garantizar pagos justos, un mandato que hasta ahora se ha incumplido de manera flagrante.
El retraso en las indemnizaciones no es un incidente aislado; refleja fallas en la implementación de una reforma ambiciosa que no contó con mecanismos de transición robustos. Profesionales como Muñoz y García, con años de servicio al país, ahora enfrentan no solo la pérdida de ingresos, sino también la erosión de la confianza en las instituciones que juraron defender.
Implicaciones a largo plazo para el sistema judicial mexicano
Más allá de las demandas inmediatas, la protesta de los exjuzgadores invita a reflexionar sobre el equilibrio entre innovación y equidad en las reformas estatales. Si el proyecto de cancelación de pensiones avanza, podría desincentivar futuras vocaciones judiciales y agravar la brecha entre el gobierno y el aparato judicial. Expertos en derecho laboral han señalado que estos derechos no pueden ser alterados retroactivamente, subrayando la necesidad de un diálogo constructivo.
En las calles de CDMX, las voces de los exjuzgadores se convierten en un recordatorio de que el cambio no debe sacrificar lo esencial: la dignidad de quienes han servido. Mientras el 10 de diciembre se acerca como una fecha crítica, la presión pública podría inclinar la balanza hacia una resolución favorable.
La manifestación también destaca la resiliencia de un gremio que, pese a las adversidades, se organiza para defender sus prerrogativas. Fuentes cercanas al movimiento, como reportes iniciales de octubre, indican que la cita con el OAJ fue pactada formalmente, lo que añade peso a las quejas por incumplimiento. Además, observadores independientes han documentado cómo el bloqueo en Insurgentes Sur afectó el tráfico durante horas, amplificando el mensaje de urgencia.
En conversaciones informales con participantes, se menciona que el comunicado del OAJ sobre el pago en diciembre surgió de presiones previas, según detalles compartidos en asambleas del colectivo. Finalmente, analistas de medios especializados han vinculado esta protesta a un patrón más amplio de tensiones post-reforma, basándose en coberturas exhaustivas de eventos similares en estados como Michoacán y el Estado de México.
