Teleférico Uruapan estalla en violentas protestas
Teleférico Uruapan se convirtió esta semana en epicentro de furia popular. Decenas de seguidores del alcalde asesinado Carlos Alberto Manzo Rodríguez irrumpieron en las estaciones en construcción, rompieron cristales, derribaron estructuras metálicas y encendieron barricadas mientras gritaban justicia. El proyecto insignia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, valuado en más de tres mil millones de pesos, lleva dos años de polémica y ahora arde literalmente en las calles de la segunda ciudad más grande de Michoacán.
Teleférico Uruapan no es solo un medio de transporte: se ha transformado en símbolo de imposición estatal. Desde su anuncio en diciembre de 2022, vecinos denuncian que la obra pasa por encima de amparos judiciales, despliega cientos de policías para silenciar voces y coincide con una ola de violencia que ya cobró tres vidas directamente ligadas al conflicto.
El origen del teleférico Uruapan y su costo millonario
El teleférico Uruapan fue presentado por Ramírez Bedolla como solución mágica a la movilidad. Con inversión superior a los tres mil millones de pesos, prometía conectar barrios altos con el centro en minutos. Las máquinas arrancaron en febrero de 2023 protegidas por un cerco de uniformados estatales. Tres amparos federales ordenaron parar; ninguno se respetó. El mensaje era claro: el teleférico Uruapan avanza aunque el cielo se caiga.
El primer cadáver apareció el 29 de marzo pasado: Isidro Ramos, abogado que logró la última suspensión judicial, fue ejecutado a balazos. El miedo paralizó a los opositores. Seis meses después, un ataque armado mató al policía municipal Vidal Brígido Guzmán. El alcalde Manzo aprovechó el caos y el 15 de septiembre ordenó frenar la obra del teleférico Uruapan hasta que el estado garantizara seguridad.
Teleférico Uruapan: la negociación que terminó en sangre
Manzo logró arrancar compromisos: 300 millones extras en obra pública para 2026 y 200 elementos de la Guardia Nacional en filtros carreteros. Con eso, el teleférico Uruapan reanudó trabajos. Pero el 8 de octubre los federales desaparecieron. El alcalde denunció en redes: “Nos dejan solos frente al crimen”. Veinticuatro días después, el 2 de noviembre, lo asesinaron a quemarropa.
Desde el domingo siguiente, el teleférico Uruapan amaneció cubierto de pintas: “Justicia para Manzo”, “Bedolla asesino”, “Fuera el teleférico”. Los manifestantes no solo gritan; queman llantas dentro de las estaciones y cuelgan lonas con la foto del alcalde. La obra quedó paralizada por segunda vez en dos meses, ahora sin autoridad municipal que negocie.
Las demandas detrás del teleférico Uruapan
Los inconformes exigen tres cosas concretas: esclarecimiento del triple homicidio (Ramos, Guzmán, Manzo), cancelación definitiva del teleférico Uruapan y refuerzo militar permanente. Argumentan que los tres mil millones se necesitan más en patrullas que en cables. Además señalan que la ruta elegida atraviesa zonas de alto riesgo controladas por grupos criminales, lo que convertiría al teleférico en blanco fácil para extorsión.
El gobierno de Ramírez Bedolla guarda silencio sepulcral. Fuentes estatales filtran que “la obra no se detendrá” y que desplegarán más policías para resguardar grúas. En el ayuntamiento interino, el ambiente es de parálisis: nadie quiere firmar permisos que puedan costar la vida.
Teleférico Uruapan: crónica de una crisis anunciada
Teleférico Uruapan resume la fractura entre Morelia y sus municipios. Mientras el gobernador presume renders de cabinas modernas, los uruapenses cuentan cadáveres. La presidenta Claudia Sheinbaum fue etiquetada decenas de veces en videos de las protestas; hasta ahora, cero respuesta oficial. El secretario Omar García Harfuch tampoco contesta los mensajes que Manzo le envió antes de morir.
En las calles, el olor a llanta quemada se mezcla con el polvo de cemento. Cada estación del teleférico Uruapan luce ahora como fortaleza sitiada: vallas metálicas torcidas, vidrios rotos y mensajes que nadie borra. Los vecinos pasan, miran y asienten: “Esto no para hasta que caiga el proyecto o caiga el gobernador”.
Información recabada por Latinus revela que la empresa constructora ya pidió prórroga de seis meses por “fuerza mayor”. Vecinos consultados por el mismo medio aseguran que guardan videos de los disturbios para entregarlos a la Fiscalía, aunque desconfían de su imparcialidad. Reportes locales de hace una semana ya advertían que el teleférico Uruapan se perfilaba como próximo polvorín social.