INE bloquea a consejeros información clave
INE ha generado polémica al negar a sus propios consejeros el acceso a investigaciones administrativas en curso. El Órgano Interno de Control del INE, conocido como OIC, rechazó la solicitud de la consejera Dania Ravel para conocer si existen más quejas en su contra, argumentando falta de "actos de molestia" que justifiquen la entrega de datos. Esta decisión del INE impacta directamente la transparencia interna y pone en duda la autonomía del organismo electoral frente a presiones externas.
Contexto del proceso contra consejeros
El conflicto en el INE surge de una votación histórica en 2021. Consejeros actuales y exconsejeros decidieron detener temporalmente los trabajos de la revocación de mandato impulsada por Morena y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ese voto, el OIC abrió un procedimiento administrativo que ahora el INE utiliza para mantener en secreto los expedientes. La negativa del INE a compartir información agrava la percepción de revancha política dentro de la institución.
INE, a través de su Unidad Técnica de Transparencia, remitió la petición de Ravel de vuelta al OIC, que respondió con un criterio restrictivo: solo se otorga acceso si hay afectación directa a derechos fundamentales. Según el INE, la "presunción de ser investigado" no basta. Esta postura del INE contradice principios básicos de rendición de cuentas que el propio instituto exige a partidos y autoridades.
Críticas internas al manejo del INE
El consejero Martín Faz Mora fue contundente: "Si ya es preocupante que el INE inicie procedimientos por el sentido del voto, la negativa a informar es más grave". Faz Mora advirtió que el INE está sentando un precedente peligroso para la libertad de deliberación en el Consejo General. Otros consejeros consultados coinciden en que el INE, bajo la dirección del OIC encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras, parece alinearse con intereses ajenos a la imparcialidad electoral.
Desaparición del INAI complica recursos
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) obliga a los afectados por el INE a impugnar ante el mismo OIC que les negó la información. Dania Ravel aclaró que no pidió la carpeta completa, solo confirmar la existencia de más quejas. El INE, sin embargo, interpretó la solicitud como intento de acceso total y la rechazó. Este círculo vicioso debilita los contrapesos internos del INE y expone a sus integrantes a investigaciones opacas.
El caso del INE revela cómo la falta de acceso a expedientes propios puede derivar en sanciones sorpresivas. Fuentes cercanas al Consejo General indican que varios consejeros evalúan estrategias conjuntas para presionar al INE y revertir la postura del OIC. Mientras tanto, el INE mantiene silencio oficial sobre el número exacto de carpetas abiertas por la revocación de mandato de 2021.
Implicaciones para la democracia mexicana
El episodio del INE no es aislado. Organismos autónomos enfrentan crecientes intentos de control desde el Ejecutivo. La negativa del INE a transparentar investigaciones internas alimenta sospechas de intervención partidista, especialmente cuando involucra decisiones que frenaron iniciativas de Morena. Expertos consultados por medios especializados coinciden en que el INE debe garantizar a sus consejeros las mismas facilidades de defensa que otorga a ciudadanos comunes.
Analistas que siguen de cerca el INE destacan que la revocación de mandato de López Obrador marcó un parteaguas en la relación entre el instituto y el gobierno federal. Cuatro años después, el INE parece pagar el costo de aquella independencia. La resolución del OIC, firmada por Carvente Contreras, será clave para medir hasta dónde llega la tolerancia institucional a la disidencia interna.
Información recabada por periodistas de Latinus revela que el INE ha recibido al menos tres solicitudes similares en los últimos meses, todas con respuesta negativa. Documentos internos filtrados a medios nacionales confirman que el OIC prioriza la reserva sobre la apertura, incluso entre colegas. Observadores internacionales que monitorean el INE advierten que estas prácticas erosionan la credibilidad del árbitro electoral de cara a futuros procesos.