Bloqueadas cuentas persisten pese a amparo
Bloqueadas cuentas de la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo siguen congeladas por orden judicial. El Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, con sede en Tijuana, negó la suspensión definitiva que la legisladora solicitó para recuperar el acceso a sus recursos financieros. Esta resolución, publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, mantiene intacto el bloqueo preventivo impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde octubre de 2025.
El origen del congelamiento radica en una alerta emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dicha oficina incluyó a la diputada en su lista de personas vinculadas al narcotráfico, específicamente con la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa. Según las autoridades norteamericanas, Brown Figueredo facilitó operaciones financieras para René Arzate García, conocido como “La Rana”, uno de los principales operadores de esa rama criminal.
UIF actuó de inmediato ante señalamiento extranjero
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ejecutó el bloqueo preventivo apenas recibió la notificación internacional. Este mecanismo permite inmovilizar cuentas bancarias sin necesidad de sentencia previa cuando existen indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En el caso de las bloqueadas cuentas de la diputada, la medida abarca todas las instituciones financieras mexicanas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El amparo promovido por la defensa de la legisladora argumentaba violación a sus derechos fundamentales y falta de pruebas concretas. Sin embargo, el juez consideró que prevalecen los intereses de seguridad nacional y los compromisos bilaterales con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. La negativa a la suspensión definitiva implica que las bloqueadas cuentas permanecerán inactivas hasta que se resuelva el fondo del juicio de garantías.
Antecedentes de la diputada y su vínculo con Rosarito
Hilda Araceli Brown Figueredo ocupó la alcaldía de Playas de Rosarito entre 2019 y 2022, periodo marcado por denuncias de opacidad en contratos de obra pública. Tras concluir su gestión municipal, obtuvo una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal de Morena. Su trayectoria política siempre estuvo acompañada de rumores sobre presuntos nexos con grupos delictivos que controlan el corredor Tijuana-Ensenada, aunque hasta ahora ninguna autoridad mexicana había presentado cargos formales.
OFAC: designación que impacta carreras políticas
La inclusión en la lista OFAC representa un golpe severo para cualquier funcionario público mexicano. Además del bloqueo de cuentas, implica restricciones para viajar a Estados Unidos y veto para realizar transacciones con empresas norteamericanas. En los últimos cinco años, al menos doce políticos mexicanos han enfrentado medidas similares, la mayoría vinculados al Cártel de Sinaloa o al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Expertos en derecho penal coinciden en que revertir una designación OFAC requiere demostrar ante tribunales estadounidenses la ausencia de vínculos criminales, proceso que puede extenderse varios años. Mientras tanto, las bloqueadas cuentas de la diputada Morena limitan su capacidad para cubrir gastos de campaña, honorarios legales y hasta necesidades básicas, dependiendo del volumen de recursos congelados.
Repercusiones políticas dentro de Morena
El caso ha generado divisiones internas en el grupo parlamentario de Morena. Algunos legisladores cercanos a la diputada exigen una investigación transparente que deslinde responsabilidades, mientras que la bancada oficialista guarda silencio para evitar contaminar la imagen del partido ante la opinión pública. Fuentes cercanas a la coordinación morenista en San Lázaro revelan que ya se analiza la posibilidad de separar a Brown Figueredo de comisiones clave hasta que concluya el proceso judicial.
Organizaciones civiles especializadas en combate a la corrupción celebran la continuidad del bloqueo, argumentando que fortalece la cooperación México-Estados Unidos contra el lavado de activos. En contraste, sectores afines al oficialismo señalan selectividad en las designaciones de OFAC, recordando que exgobernadores de oposición también han sido señalados sin consecuencias penales en México.
¿Camino hacia juicio de procedencia?
Analistas consultados por medios especializados no descartan que la Fiscalía General de la República abra carpeta de investigación por delincuencia organizada. Si prospera, el Congreso tendría que votar el desafuero de la diputada para someterla a proceso penal. Este escenario mantendría las bloqueadas cuentas como prueba principal del Ministerio Público.
La resolución del juzgado tijuanense refuerza el mensaje de que nadie está por encima de la ley, especialmente cuando existen alertas internacionales documentadas. Diversos portales digitales que siguen el caso destacan la rapidez con la que la UIF ejecutó el congelamiento, apenas 48 horas después de recibir la notificación oficial del Tesoro estadounidense.
Informes periodísticos basados en filtraciones del propio Consejo de la Judicatura Federal confirman que el expediente completo será público en las próximas semanas. Mientras tanto, la diputada Brown Figueredo ha cancelado giras de trabajo y presentaciones en comisiones, limitando su exposición pública. Reportes de Latinus y otros medios nacionales coinciden en que el bloqueo abarca no solo cuentas personales sino también fideicomisos familiares registrados en Baja California.
Especialistas en inteligencia financiera entrevistados por televisoras mexicanas explican que el monto congelado podría superar los 50 millones de pesos, aunque ninguna autoridad ha confirmado cifras exactas. Lo cierto es que las bloqueadas cuentas de la diputada Morena seguirán inactivas hasta nueva orden judicial, prolongando la incertidumbre sobre su futuro político y personal.
