México no interviene: la postura oficial ante la crisis
México no interviene en los asuntos internos de Perú, aseguró este martes Pablo Monroy, exembajador expulsado tras la fallida rebelión de Pedro Castillo en diciembre de 2022. El diplomático, ahora director general para América Latina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendió el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez y enfatizó que México no interviene de manera indebida en decisiones soberanas peruanas. Esta declaración surge en medio de la ruptura diplomática anunciada por Lima, que acusa a México de injerencia sistemática.
Desde el primer momento, México no interviene con acciones coercitivas, explicó Monroy. “Ninguna posición mexicana obliga al Perú a modificar sus decisiones”, recalcó. El asilo a Chávez se concedió tras detectar irregularidades graves en su proceso judicial y abusos durante su prisión preventiva, elementos que justifican la protección humanitaria bajo el derecho internacional. México no interviene, sino que ejerce su histórica política de asilo, la misma que ha salvado a miles de perseguidos políticos en América Latina.
Origen del conflicto: la rebelión de Castillo
Todo inició con el intento de autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El entonces presidente disolvió el Congreso y decretó un gobierno de excepción, medida que el Parlamento peruano declaró inconstitucional. Horas después, Castillo fue destituido, detenido y procesado por rebelión. México no interviene en ese juicio, pero sí condenó lo que consideró un quiebre institucional. La familia de Castillo recibió asilo en la embajada mexicana y fue trasladada a México, decisión que derivó en la expulsión de Monroy como persona non grata.
A tres años de aquellos hechos, México no interviene nuevamente al acoger a Betssy Chávez, quien fungió como presidenta del Consejo de Ministros durante las últimas horas del gobierno castillista. Chávez enfrentaba 36 meses de prisión preventiva por presunta coautoría en el golpe, pero el Tribunal Constitucional peruano ordenó su excarcelación en septiembre de 2025 al declarar fundado un recurso de agravio. Pese a estar en libertad, Chávez denunció persecución política y solicitó protección mexicana.
México no interviene: argumentos jurídicos y diplomáticos
El asilo diplomático es un instituto reconocido en la Convención de Caracas de 1954, suscrita por ambos países. México no interviene porque el otorgamiento no implica juicio de valor sobre la justicia peruana, sino evaluación de riesgo para la solicitante. Monroy detalló que Chávez aportó pruebas de amenazas, hostigamiento mediático y vicios procesales que ponían en peligro su integridad. “El delito de rebelión puede calificarse como político, no común, lo que habilita el asilo”, precisó.
Además, México no interviene con reciprocidad agresiva: nunca declaró non grato al embajador peruano, mantuvo canales consulares abiertos y evitó escalar el conflicto. “Tenemos profundo respeto al pueblo peruano”, subrayó Monroy. Esta moderación contrasta con la decisión limeña de romper relaciones, calificada por la Cancillería mexicana como “excesiva y desproporcionada”.
Irregularidades denunciadas en el caso Chávez
Betssy Chávez permaneció 33 meses en prisión preventiva, período superior al máximo legal en muchos sistemas. Sus abogados documentaron aislamiento prolongado, negación de atención médica y filtración de conversaciones privadas. México no interviene al señalar estas fallas, sino que ejerce su deber de protección consular. Organismos internacionales como la CIDH han advertido sobre el uso abusivo de la prisión preventiva en Perú contra opositores, patrón que refuerza la decisión mexicana.
En paralelo, el proceso contra Pedro Castillo acumula críticas por presunta falta de imparcialidad. La Fiscalía pide 34 años de cárcel, pero defensores señalan que el Congreso actuó como juez y parte al destituirlo. México no interviene en el fondo, pero sí cuestiona la narrativa oficial que presenta a Castillo como único responsable de la crisis institucional.
Consecuencias de la ruptura y perspectivas
La ruptura afecta a 15 mil mexicanos residentes en Perú y a 8 mil peruanos en México, aunque los consulados permanecerán operativos. Comercio bilateral supera los 2 mil millones de dólares anuales y no se prevén sanciones económicas. México no interviene en foros regionales: mantendrá su postura en la OEA y la CELAC sin bloquear iniciativas peruanas.
Analistas consultados por medios peruanos coinciden en que la medida de Lima busca capitalizar nacionalismo ante la baja popularidad de Dina Boluarte. En México, la oposición criticó el asilo por “ideologizar” la diplomacia, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum lo defendió como acto soberano. México no interviene, repiten voceros oficiales, porque el asilo no obliga ni sanciona a Perú.
Información recopilada en conferencias de prensa de la SRE y reportes de RPP Noticias revelan que el expediente de Chávez incluye más de 400 fojas de pruebas de persecución. DeclARACIONES de Monroy citadas por El País México confirman que México evaluó el caso durante tres meses antes de conceder protección. Finalmente, cables de CNN en Español y El Financiero detallan que la ruptura no implica cierre de embajadas, solo retiro de embajadores.