Asesinato de Carlos Manzo sacude Uruapan
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha generado conmoción en Michoacán. La diputada Fabiola Alanís señaló directamente un interés económico detrás del crimen. Según sus declaraciones, el móvil no es solo político, sino que responde a la enorme riqueza que genera el aguacate en la región. Uruapan produce la mayor parte del llamado “oro verde” de México, lo que atrae a grupos criminales que buscan controlar rutas y extorsionar productores.
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió en un contexto de violencia creciente. El edil había denunciado públicamente la presencia de células delictivas que cobran “piso” a los huertos. Su postura frontal lo convirtió en blanco. Alanís lo describió como “una persona disruptiva” que encabezaba la lucha contra la delincuencia. Este perfil incómodo, sumado al valor millonario del aguacate, apuntaría al fondo económico del homicidio.
El aguacate: motor económico y fuente de conflicto
Uruapan, capital mundial del aguacate
Uruapan concentra más de 30 mil hectáreas de huertos. Cada año exporta cientos de miles de toneladas a Estados Unidos y Europa. El interés económico es evidente: una sola hectárea puede generar hasta 400 mil pesos anuales. Sin embargo, ese mismo interés económico alimenta la extorsión. Los cárteles disputan el control de packing houses y rutas de transporte. El asesinato de Carlos Manzo sería un mensaje para quienes se oponen a pagar cuotas.
Productores locales coinciden en que el asesinato de Carlos Manzo no es un hecho aislado. En los últimos cinco años, más de 40 líderes agrícolas han sido ejecutados en Michoacán. El patrón es idéntico: autoridades que rechazan el pacto con el crimen organizado terminan amenazadas o asesinadas. El interés económico detrás de estos crímenes supera los 500 millones de dólares anuales solo en extorsiones, según estimaciones de asociaciones aguacateras.
Declaraciones que encienden la alerta
En entrevista radiofónica, Fabiola Alanís afirmó: “Hay un tema económico que está atravesando esta complejidad que vive Michoacán”. La legisladora exigió una investigación federal que siga la pista del dinero. Subrayó que el asesinato de Carlos Manzo busca desestabilizar al municipio más próspero del estado. Su voz se une a la de otros diputados que piden presencia permanente de la Guardia Nacional en las zonas productivas.
El interés económico también involucra a empresas exportadoras. Algunas han sido señaladas por lavar ganancias ilícitas a través de certificaciones falsas. Autoridades estadounidenses han decomisado cargamentos contaminados con huellas de violencia. El asesinato de Carlos Manzo pone en riesgo la imagen internacional del aguacate michoacano, justo cuando la demanda crece por el Super Bowl y el mercado asiático.
Reacciones políticas y exigencia de justicia
El Congreso de Michoacán guardó un minuto de silencio. Legisladores de todos los partidos condenaron el crimen. Sin embargo, la oposición acusó al gobierno estatal de minimizar la gravedad. El asesinato de Carlos Manzo expone la fragilidad de los municipios ante el crimen organizado. Alanís insistió en que sin atacar el interés económico, los homicidios continuarán.
Familias de víctimas anteriores se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Portaban pancartas con la frase “El aguacate no vale una vida”. El interés económico, dicen, ha convertido a Uruapan en zona de guerra silenciosa. Exigen que la Fiscalía General del Estado abra carpetas específicas sobre extorsión en el sector agroexportador.
Analistas consultados por portales especializados destacan que el asesinato de Carlos Manzo podría escalar la violencia en la Tierra Caliente. Si no se desmantelan las redes financieras que sostienen a los cárteles, otros alcaldes correrán la misma suerte. El interés económico es el hilo conductor de la mayoría de los crímenes de alto impacto en la región.
Información recopilada por López-Dóriga Digital revela que Manzo había solicitado protección federal semanas antes. Documentos obtenidos por periodistas locales confirman reuniones secretas con productores amenazados. Testimonios anónimos citados en reportajes de Radio Fórmula describen cómo el edil se negó a ceder ante presiones millonarias.
Organizaciones como el Consejo Ciudadano de Uruapan preparan un informe paralelo que será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento detalla más de 200 casos de extorsión documentados en 2025. El asesinato de Carlos Manzo aparece como caso emblemático de impunidad estructural.
Productores independientes planean una caravana pacífica hacia Morelia. Llevarán cajones vacíos simbolizando huertos abandonados por miedo. El interés económico, aseguran, no justifica seguir derramando sangre por fruta.