Sin servicios de salud accesibles, casi tres millones de mexicanos en comunidades rurales enfrentan un panorama alarmante de vulnerabilidad médica. Esta crisis, revelada por un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pone en evidencia las graves deficiencias en el sistema de salud pública del país, particularmente en localidades con menos de 2,500 habitantes. Estas zonas, a menudo olvidadas por las políticas federales, carecen de médicos, unidades móviles y brigadas de salud, dejando a poblaciones enteras expuestas a riesgos evitables como desnutrición infantil, complicaciones en embarazos de alto riesgo y gastos catastróficos para familias de bajos ingresos.
La magnitud de la crisis en comunidades sin servicios de salud
El informe de la ASF, publicado el 23 de octubre de 2025, detalla que 2 millones 935 mil 728 personas habitan en 11 mil 230 localidades distribuidas en las 32 entidades federativas, sin acceso adecuado a atención médica básica. Estas comunidades, clasificadas en Zonas de Atención Prioritaria, se encuentran a más de 15 kilómetros o 60 minutos a pie de cualquier establecimiento de salud. La ausencia de personal médico calificado agrava la situación, ya que el programa "Fortalecimiento a la atención médica" no ha logrado cubrir las necesidades básicas, pese a los recursos asignados.
En un contexto donde la equidad en salud es un pilar constitucional, la realidad es que sin servicios de salud en estas áreas marginadas, la morbimortalidad se incrementa de manera silenciosa. Familias enteras deben recorrer distancias imposibles para buscar ayuda, lo que no solo retrasa tratamientos sino que perpetúa ciclos de pobreza. El análisis normativo y presupuestal realizado por los auditores federales resalta cómo las reglas de operación del programa S200, gestionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), fallan en indicadores clave de eficiencia y eficacia.
Entidades más golpeadas por la falta de médicos y atención
Michoacán lidera la lista de estados afectados, con 361 mil 850 habitantes en comunidades sin servicios de salud, seguido de cerca por Chiapas y Guerrero, cada uno con 235 mil 205 personas en la misma condición. Oaxaca registra 162 mil 704 casos, mientras que Puebla suma 155 mil 377. Durango, por su parte, destaca por el mayor número de localidades impactadas, con mil 915 zonas sin cobertura médica. Este aumento del 1.6% en el número de localidades afectadas —de 11 mil 49 en 2024 a 11 mil 230 en 2025— evidencia un retroceso en los esfuerzos por universalizar la atención primaria.
La lejanía geográfica, combinada con la falta de vehículos y personal para las Unidades Médicas Móviles (UMM) y Brigadas de Salud, convierte en rutina el subregistro de enfermedades. En zonas de alta marginación, donde la inseguridad y el terreno accidentado complican el acceso, sin servicios de salud significa no solo ausencia de consultas, sino también de prevención, lo que eleva los costos humanos y económicos a largo plazo.
Impactos profundos en la población vulnerable sin servicios de salud
Entre los grupos más afectados se encuentran los niños menores de cinco años, con 11 mil 69 casos de desnutrición detectados, representando el 13.7% de los 80 mil 782 niños en control nutrimental. Esta cifra supera en 3.2 puntos porcentuales la meta establecida del 10.5%, atribuida directamente a la insuficiencia de convocatorias para contratar personal médico. Sin intervenciones oportunas, estos indicadores podrían disparar la morbilidad infantil, perpetuando un legado de desigualdad que el sistema de salud pública prometió erradicar.
Las mujeres embarazadas no escapan a esta realidad desoladora. El informe identifica 4 mil 358 embarazos de alto riesgo sin atención adecuada, lo que genera subregistro de complicaciones y retrasos en la detección y referencia a centros especializados. El incumplimiento de cronogramas y la escasez de recursos vehiculares incrementan el riesgo de mortalidad materna, un problema que, aunque evitable, persiste en comunidades sin servicios de salud. Estas fallas no solo afectan la salud inmediata, sino que socavan la confianza en instituciones como el IMSS-Bienestar, responsable de implementar el Programa Institucional de Servicios de Salud.
Consecuencias económicas y sociales de la carencia médica
La ausencia de cobertura genera gastos catastróficos para hogares de bajos ingresos, donde una enfermedad repentina puede llevar al endeudamiento o la pérdida de patrimonio familiar. En un país donde la pobreza multidimensional afecta a millones, sin servicios de salud accesibles agrava la brecha entre urbanos y rurales, fomentando migraciones forzadas en busca de atención básica. Expertos en políticas públicas han señalado que esta desconexión presupuestal —revisada en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa S200— refleja una planificación deficiente que prioriza lo cuantitativo sobre lo cualitativo.
Además, la falta de indicadores suficientes para medir la disminución de morbimortalidad en estas localidades impide una evaluación real de los avances. Sin datos robustos, el gobierno federal carece de herramientas para ajustar estrategias, dejando a la deriva a poblaciones que dependen exclusivamente de la atención primaria. Esta opacidad, criticada en el informe de la ASF, subraya la necesidad de reformas urgentes en el diseño institucional del sector salud.
Hacia soluciones en comunidades sin servicios de salud
Abordar esta crisis requiere no solo más recursos, sino una reestructuración profunda de los programas existentes. El fortalecimiento de las UMM y brigadas itinerantes podría mitigar la lejanía, pero solo si se acompaña de incentivos para atraer médicos a zonas remotas. En estados como Guerrero y Oaxaca, donde la marginación es endémica, iniciativas locales han demostrado que la colaboración entre federación y entidades puede reducir la brecha, aunque los avances son lentos.
La pandemia de COVID-19 expuso estas vulnerabilidades, y hoy, años después, las lecciones no parecen haber permeado en las políticas. Sin servicios de salud en casi tres millones de personas, México enfrenta un desafío ético y práctico: ¿cómo garantizar la universalidad prometida en la Constitución sin dejar atrás a los más necesitados? La respuesta pasa por auditorías continuas y transparencia en el uso de fondos, elementos que la ASF ha insistido en resaltar.
En comunidades como las de Chiapas, donde el 235 mil 205 habitantes luchan diariamente, historias de familias que caminan horas por un chequeo médico ilustran la urgencia. Estas narrativas, recopiladas en revisiones programáticas, no son anécdotas aisladas, sino síntomas de un sistema que, pese a sus intenciones, falla en la ejecución. La ASF, en su rol de fiscalizadora, ha documentado estos patrones a través de análisis detallados del último año del gobierno anterior, subrayando cómo las restricciones económicas y la falta de personal perpetúan el ciclo.
Por otro lado, el IMSS-Bienestar, al frente del programa S200, ha recibido señalamientos por no definir métricas claras para evaluar mejoras en la salud comunitaria. Fuentes internas del sector indican que, sin convocatorias efectivas, la desnutrición y los riesgos maternos seguirán en ascenso. Este panorama, basado en datos de la Auditoría Superior, invita a una reflexión colectiva sobre el futuro de la atención primaria en México.
