Desaparecidos en México han marcado un año sombrío bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con cifras que superan con creces los registros de administraciones pasadas. En el primer año de su mandato, del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2025, se han reportado 14 mil 873 personas desaparecidas y no localizadas, un incremento del 74.3% respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Esta escalada en la crisis de desaparecidos en México no solo refleja la persistencia de la violencia organizada, sino también las fallas en las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal. Las estadísticas, provenientes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pintan un panorama alarmante donde la impunidad y la falta de resultados concretos agravan el dolor de miles de familias que esperan respuestas.
El incremento alarmante de desaparecidos en México
La realidad de los desaparecidos en México se ha vuelto aún más cruda en este primer año de Sheinbaum. De esas 14 mil 873 víctimas, 11 mil 91 son hombres, 3 mil 776 mujeres y seis casos con sexo indeterminada. Este desglose por género subraya la vulnerabilidad generalizada, pero también resalta cómo la violencia no discrimina en su afán destructivo. Comparado con los 8 mil 533 casos del primer año de Andrés Manuel López Obrador, el salto es evidente y cuestiona la continuidad de políticas que prometían una transformación en materia de seguridad. La CNB, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha documentado este ascenso en las 32 entidades del país, lo que indica que el problema trasciende fronteras estatales y exige una respuesta coordinada que hasta ahora parece ausente.
Entidades federativas más golpeadas por la crisis
En el epicentro de esta tragedia se encuentran estados como la Ciudad de México, con 2 mil 133 reportes de desaparecidos en México, y el Estado de México, apenas por debajo con 2 mil 125. Sinaloa sigue con mil 103, Guanajuato con mil 41 y Michoacán con 948. Estas cifras no son meros números; representan comunidades enteras marcadas por el miedo y la desconfianza en las instituciones. La concentración de casos en estas zonas apunta a la influencia de carteles y grupos criminales que operan con aparente impunidad, aprovechando brechas en la vigilancia y la inteligencia policial. El gobierno de Sheinbaum, heredero de la Cuarta Transformación, enfrenta así un desafío que pone a prueba su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
Comparación histórica: un legado de impunidad
Para entender la magnitud de los desaparecidos en México bajo Sheinbaum, es crucial mirar hacia atrás. En el primer año de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2013, se registraron 4 mil 473 casos, con 4 mil 573 hombres, 888 mujeres y 11 indeterminados. Tamaulipas lideraba entonces con 756, seguido de Jalisco con 723. Antes, en el arranque del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en 2006-2007, las cifras eran drásticamente menores: solo 821 personas, de las cuales 630 eran hombres y 187 mujeres. El Estado de México encabezaba con 104 casos. Este contraste histórico revela una tendencia ascendente en la crisis de desaparecidos en México, que se acelera con cada cambio de gobierno sin que se implementen medidas efectivas para revertirla.
Durante el periodo inicial de López Obrador, los 8 mil 533 desaparecidos en México se distribuían con Jalisco a la cabeza en mil 881, seguido de Tamaulipas con 778 y Michoacán con 731. Esas entidades, focos rojos de la narcoviolencia, continúan siéndolo, pero ahora con números que duplican o triplican los previos. La administración actual, alineada con Morena, prometía una ruptura con el pasado, pero los datos sugieren que la herencia de inseguridad persiste, alimentada por la corrupción y la debilidad institucional. Expertos en derechos humanos han señalado repetidamente que sin una reforma profunda en el sistema de justicia, estos patrones se repetirán indefinidamente.
Factores que agravan la crisis de desaparecidos
La violencia organizada es el motor principal detrás del alza en desaparecidos en México, pero no el único. La migración irregular, los conflictos territoriales entre bandas y la colusión con autoridades locales contribuyen a esta espiral. En estados como Sinaloa y Guanajuato, donde la disputa por rutas de tráfico es feroz, las desapariciones se convierten en herramienta de control social. Además, la falta de inversión en tecnología forense y en redes de alerta temprana limita la capacidad de respuesta. El gobierno federal, a través de secretarías como la de Seguridad y Protección Ciudadana, ha anunciado planes, pero la ejecución parece rezagada frente a la urgencia de la realidad. Familias enteras, organizadas en colectivos de búsqueda, asumen roles que deberían corresponder al Estado, cavando en fosas clandestinas con las manos desnudas en busca de sus seres queridos.
El impacto humano detrás de las estadísticas
Más allá de los números fríos, los desaparecidos en México dejan un rastro de devastación emocional en la sociedad. Madres, padres y hermanos viven en un limbo eterno, entre la esperanza y el duelo inconcluso. Esta crisis no solo erosiona la confianza en el gobierno de Sheinbaum, sino que socava el tejido social del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, las desapariciones urbanas han aumentado, afectando a jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. Programas de prevención, como los de educación y empleo juvenil, suenan prometedores en discursos, pero fallan en llegar a las zonas críticas. La narrativa oficial, que enfatiza logros en otros rubros, choca con la crudeza de estos datos, generando un divorcio entre el poder y la ciudadanía.
La dimensión de género en los desaparecidos en México añade otra capa de preocupación. Las mujeres, aunque en menor proporción numérica, enfrentan riesgos específicos como la trata y la violencia de género. De las 3 mil 776 mujeres reportadas, muchas provienen de entornos marginados donde la protección estatal es inexistente. Organizaciones civiles han clamado por protocolos especializados, pero la burocracia federal diluye estas demandas. Este primer año de mandato expone, así, no solo fallas en seguridad, sino en equidad y empatía gubernamental.
Posibles salidas a la escalada de ausencias
Ante la avalancha de desaparecidos en México, voces desde la academia y la sociedad civil proponen enfoques integrales: desde la creación de una fiscalía autónoma hasta el fortalecimiento de la cooperación internacional contra el crimen transnacional. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum parece priorizar continuidad sobre innovación, lo que perpetúa el ciclo. La CNB, como ente clave, necesita más recursos y autonomía para agilizar búsquedas y identificaciones. Mientras tanto, la impunidad, que ronda el 95% en estos casos, alimenta la desmoralización colectiva. Es imperativo que el Ejecutivo federal reconozca esta emergencia no como un legado heredado, sino como una responsabilidad inmediata.
En regiones como Michoacán y Guerrero, donde las desapariciones se entrelazan con extorsiones y reclutamientos forzados, comunidades indígenas sufren de manera desproporcionada. El Estado debe extender su manto protector a estos grupos olvidados, implementando alertas culturales sensibles. La transformación prometida por Morena cobra sentido solo si aborda estas raíces profundas de la inseguridad.
Recientemente, reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda han circulado en medios independientes, destacando cómo estos datos se alinean con patrones observados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en actualizaciones mensuales. Asimismo, análisis de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han subrayado la urgencia de reformas, basados en revisiones anuales de la situación en México.
En paralelo, publicaciones especializadas en derechos humanos han documentado testimonios de familias afectadas, corroborando las cifras oficiales con relatos de campo que pintan un panorama aún más desolador. Estas contribuciones, surgidas de monitoreos continuos, enriquecen el debate público sobre la necesidad de accountability en el gobierno.