Presupuesto al campo en México se mantiene estancado para 2026, según denuncia contundente de la diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía. Esta revelación pone en el centro del debate político la gestión del gobierno federal bajo la Cuarta Transformación (4T), destacando una falta de avance significativo en el apoyo al sector agrícola en los últimos diez años. El anuncio resalta preocupaciones crecientes sobre el desarrollo rural y la sostenibilidad económica de las comunidades dedicadas a la producción de alimentos. En un contexto donde la inflación y los costos de insumos han aumentado drásticamente, esta decisión presupuestal genera interrogantes sobre las prioridades del Ejecutivo en materia de agricultura y desarrollo rural.
Denuncia de la diputada priista contra el presupuesto agrícola
La diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Soraya Pérez Munguía, ha elevado la voz de alarma al acusar al gobierno de la 4T de asignar el mismo monto presupuestal al campo que hace una década. En su intervención durante una sesión en la Cámara de Diputados, Pérez Munguía detalló que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 contempla recursos idénticos a los de 2016, sin ajustes por inflación ni por las necesidades crecientes del sector. "Es inaceptable que después de diez años de promesas de transformación, el presupuesto al campo siga congelado, dejando a millones de productores en la vulnerabilidad", declaró la legisladora, subrayando el impacto en la soberanía alimentaria del país.
Esta crítica se enmarca en un panorama donde el sector agrícola mexicano enfrenta múltiples desafíos, desde sequías prolongadas hasta la competencia internacional desleal. El presupuesto al campo, que incluye programas como el de Apoyos a la Agricultura y el Desarrollo Rural, no solo no ha crecido, sino que en términos reales ha perdido valor debido a la erosión inflacionaria. Expertos en economía agraria coinciden en que esta estancamiento podría agravar la migración rural-urbana y reducir la producción de cultivos básicos como maíz y frijol, esenciales para la dieta nacional.
Impacto del estancamiento presupuestal en productores rurales
El impacto del presupuesto al campo estancado se siente de manera directa en las comunidades rurales, donde pequeños y medianos productores luchan por modernizar sus operaciones. Sin incrementos en subsidios para semillas, fertilizantes o maquinaria, muchos agricultores ven mermada su capacidad para competir en un mercado globalizado. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción agrícola ha mostrado un crecimiento marginal en los últimos años, pero insuficiente para contrarrestar el aumento en los precios de los insumos, que han subido más del 50% desde 2016.
En estados como Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, epicentros de la actividad agrícola, las organizaciones campesinas han expresado su descontento. Representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y Campesinos (UNTC) han advertido que este presupuesto al campo sin avance podría llevar a una crisis de abastecimiento en 2026, afectando no solo a los productores sino a toda la cadena de suministro alimentario. La diputada Pérez Munguía ha propuesto enmiendas al PEF para elevar el presupuesto en al menos un 20%, argumentando que es imperativo invertir en tecnología e infraestructura rural para garantizar la seguridad alimentaria.
Contexto histórico del presupuesto al campo en México
Para entender la gravedad de esta denuncia, es necesario revisar el contexto histórico del presupuesto al campo. Hace una década, en 2016, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto asignado al sector primario rondaba los 50 mil millones de pesos, enfocados en programas como Procampo y el Fideicomiso de Apoyos a Pequeños Productores. Con la llegada de la 4T en 2018, se prometió una revolución en el apoyo al campo, eliminando intermediarios corruptos y priorizando a los pequeños productores. Sin embargo, los recursos no han experimentado un incremento real, manteniéndose en niveles similares ajustados solo nominalmente.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, iniciativas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar inyectaron fondos temporales, pero su continuidad es incierta bajo la administración de Claudia Sheinbaum. El presupuesto al campo para 2025 ya había sido criticado por su falta de visión estratégica, y el de 2026 parece repetir el patrón. Analistas políticos señalan que esta rigidez presupuestal responde a prioridades en megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, dejando rezagado al sector agrícola que representa el 3.5% del PIB nacional pero sustenta a más del 13% de la población económicamente activa.
Comparación presupuestal: 2016 vs. 2026
Una comparación detallada entre el presupuesto al campo de 2016 y el propuesto para 2026 revela no solo la estancamiento, sino también recortes en áreas clave. En 2016, se destinaron recursos específicos para investigación agronómica y sanidad vegetal, que sumaban cerca de 5 mil millones de pesos. Para 2026, estos rubros se reducen en términos reales debido a la inflación acumulada del 40% en la década. La diputada del PRI ha presentado gráficos y tablas en su exposición, ilustrando cómo el poder adquisitivo de estos fondos ha disminuido, afectando programas de riego y control de plagas.
Además, el presupuesto al campo ignora el cambio climático, que ha incrementado la frecuencia de eventos extremos en México. Sequías en el norte y huracanes en el sureste han devastado cosechas, demandando mayor inversión en resiliencia. Organizaciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han documentado que la pobreza rural persiste en niveles superiores al 50%, exacerbada por la falta de apoyo federal adecuado.
Respuestas políticas y propuestas alternativas
La denuncia de Soraya Pérez Munguía ha generado reacciones inmediatas en el Congreso. Miembros de Morena han defendido el proyecto presupuestal, argumentando que la eficiencia en el gasto permite maximizar los recursos existentes mediante la eliminación de corrupción. Sin embargo, la oposición, liderada por el PRI y PAN, califica esta postura como insuficiente y populista. En un pleno reciente, se debatió la necesidad de un pacto nacional por el campo, que incluya incentivos fiscales y créditos blandos para productores.
Propuestas alternativas incluyen la creación de un fondo soberano para la agricultura, financiado por impuestos a exportaciones mineras, y la promoción de cooperativas para la comercialización directa. La diputada priista enfatizó que el presupuesto al campo debe ser visto como una inversión, no como un gasto, ya que cada peso invertido genera hasta tres veces su valor en producción y empleo rural. Esta visión contrasta con la austeridad promovida por la 4T, que prioriza recortes en burocracia pero deja intactos los subsidios a combustibles fósiles.
Desafíos futuros para el sector agrícola mexicano
Más allá de la controversia inmediata, el presupuesto al campo estancado plantea desafíos estructurales para el futuro. México, como firmante del T-MEC, enfrenta presiones para elevar estándares de producción sostenible, lo que requiere inversión en prácticas ecológicas. Sin embargo, sin un aumento presupuestal, es improbable que el país cumpla con metas de exportación de productos orgánicos o reduzca la dependencia de importaciones de granos.
Expertos en desarrollo rural sugieren que una reforma integral, incluyendo educación técnica en agronomía y acceso a mercados digitales, podría revitalizar el sector. La diputada Pérez Munguía ha instado a sus colegas a rechazar el PEF en su forma actual, abogando por enmiendas que eleven el presupuesto al menos al nivel de la media latinoamericana, que ronda el 1.5% del PIB.
En las discusiones preliminares sobre el Paquete Económico 2026, voces desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) han prometido revisiones, pero sin compromisos firmes. Mientras tanto, productores en regiones como el Bajío y el Pacífico esperan soluciones concretas que trasciendan las declaraciones políticas. Esta situación subraya la urgencia de un enfoque bipartidista para fortalecer el presupuesto al campo y asegurar la prosperidad rural.
Recientemente, en foros especializados como el de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), se ha mencionado que datos del INEGI respaldan estas críticas, mostrando un estancamiento en la productividad agrícola. Asimismo, informes de la FAO consultados por analistas independientes confirman que México necesita duplicar sus inversiones para alinearse con objetivos globales de hambre cero. En conversaciones con representantes del PRI, se ha destacado que publicaciones como las de Latinus han sido clave para visibilizar esta problemática, fomentando un debate informado.