Fernando Farías Laguna, el contralmirante prófugo señalado en un escándalo de corrupción en la Marina, no se presentó a su audiencia inicial en el penal del Altiplano, lo que ha generado un nuevo capítulo de impunidad en un caso que sacude los cimientos del gobierno federal. Esta ausencia premeditada resalta las grietas en el sistema judicial mexicano, donde figuras cercanas al poder parecen evadir la justicia con facilidad. El sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta graves acusaciones de liderar una red de huachicol fiscal, un delito que drena recursos públicos y fomenta la inseguridad en el país. La cancelación de la comparecencia, programada para este 20 de octubre de 2025, deja en evidencia la lentitud y las fallas en la persecución de altos mandos militares implicados en irregularidades.
La ausencia de Fernando Farías Laguna en el Altiplano
En un movimiento que pocos esperaban, pero que muchos temían, Fernando Farías Laguna decidió ignorar la citación judicial, dejando vacía la sala de audiencias en los juzgados del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. La jueza federal responsable del caso, al no ver ni al imputado ni a sus representantes legales, tuvo que posponer la imputación formal. Esta no es solo una omisión administrativa; es un desafío directo a la autoridad del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, quien prometió combatir la corrupción heredada de la administración anterior. Fuentes cercanas al proceso indican que la Fiscalía General de la República tampoco envió a sus fiscales, lo que agrava la percepción de descoordinación en las instituciones encargadas de aplicar la ley.
El caso de Fernando Farías Laguna se enreda en una telaraña de favoritismos y protecciones que datan de los años de López Obrador. Como sobrino de Ojeda Durán, quien ocupó la Secretaría de Marina durante seis años, Farías Laguna escaló posiciones en la Armada con una rapidez sospechosa. Ahora, prófugo desde hace meses, su huida plantea preguntas incómodas sobre cómo un oficial de alto rango pudo operar una presunta red de tráfico ilícito de combustibles sin que las alertas internas funcionaran. El huachicol fiscal, ese robo sistemático de hidrocarburos a Pemex, no solo representa pérdidas millonarias para el erario, sino que también alimenta economías criminales en puertos clave como Manzanillo, donde el control marítimo debería ser impecable.
Revocación del amparo y el camino a la detención
Antes de esta audiencia fallida, un tribunal colegiado revocó el amparo que Fernando Farías Laguna había solicitado para blindarse contra cualquier orden de aprehensión. Esta decisión judicial, tomada en semanas recientes, abrió la puerta a su captura inminente, pero la realidad es que el contralmirante permanece en la sombra, posiblemente con apoyo logístico que solo alguien con conexiones profundas podría obtener. La prisión preventiva de su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, sirve como recordatorio de que no todos en la familia escapan al escrutinio. Manuel, co-líder presunto de la misma organización, languidece en una celda mientras su hermano goza de libertad temporal, un contraste que ilustra las desigualdades en el sistema penal mexicano.
La detención de Manuel Roberto Farías Laguna fue un golpe inicial contra la red, pero sin capturar a Fernando, el núcleo del esquema criminal permanece intacto. Investigadores han trazado flujos de combustible robado que involucran instalaciones navales, donde el colorante fiscal –ese aditivo que marca el diésel para usos industriales– se manipulaba para venderlo como regular en el mercado negro. Esta operación no era improvisada; requería complicidades a múltiples niveles, desde marinos rasos hasta mandos medios, cuestionando el liderazgo de Ojeda Durán en su momento.
Corrupción en la Marina: un legado tóxico de la 4T
La corrupción en la Marina bajo el gobierno de Morena no es un secreto, pero el caso de Fernando Farías Laguna lo expone con crudeza. Durante el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Marina asumió roles inéditos, desde la construcción del Tren Maya hasta la distribución de vacunas, pero estos poderes ampliados vinieron acompañados de opacidad. Rafael Ojeda Durán, tío de Farías Laguna y figura clave en la 4T, defendió siempre la integridad de sus filas, pero evidencias en contrario abundan. La denuncia que desató esta tormenta provino de otro contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 alertó sobre un cargamento sospechoso en las instalaciones navales de Manzanillo.
Guerrero Alcántar describió en una carta detallada cómo un perro detector halló 19 mil 500 kilos de un supuesto colorante artificial que olía a cocaína, envuelto en 799 bolsas. Esta irregularidad, ocurrida en marzo de 2022, no fue investigada a fondo en su momento, y el silencio oficial perduró hasta que Guerrero se reunió con el nuevo secretario, Raymundo Morales, nombrado por Claudia Sheinbaum. Trágicamente, solo un mes después, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero fue asesinado en Manzanillo, un hecho que huele a represalia y que la actual administración ha prometido esclarecer, aunque los avances son lentos.
El asesinato de Guerrero y sus repercusiones
El homicidio de Fernando Rubén Guerrero Alcántar no puede desligarse del contexto de huachicol y narcotráfico en puertos mexicanos. Manzanillo, epicentro del comercio marítimo, es también un hotspot para el crimen organizado, donde marinos corruptos facilitan el paso de mercancías ilícitas. La muerte de Guerrero, un oficial valiente que optó por la verdad sobre la lealtad ciega, ha inspirado llamados a una depuración profunda en la Marina. Bajo Sheinbaum, Morales ha iniciado revisiones internas, pero críticos argumentan que estas son cosméticas, insuficientes para desmantelar redes arraigadas en la era de López Obrador.
La organización de los hermanos Farías Laguna operaba con sofisticación: desviaban combustibles de ductos de Pemex, los refinaban en instalaciones clandestinas y los distribuían vía marítima, aprovechando el control naval sobre aduanas. Esto no solo generaba ganancias ilícitas estimadas en cientos de millones de pesos anuales, sino que también socavaba la confianza pública en las fuerzas armadas, pilar del discurso oficialista de Morena. La ausencia de Fernando Farías Laguna en su audiencia inicial amplifica estas dudas, sugiriendo que la impunidad persiste pese a los cambios en Los Pinos.
Implicaciones para el gobierno de Claudia Sheinbaum
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este episodio llega en un momento delicado, cuando su administración busca diferenciarse de la herencia lopezobradorista sin confrontarla abiertamente. La Secretaría de Marina, ahora bajo Raymundo Morales, enfrenta presión para acelerar la captura de prófugos como Fernando Farías Laguna. Sin embargo, la falta de comparecencia de la FGR en la audiencia fallida apunta a problemas de coordinación que podrían interpretarse como tibieza en la lucha anticorrupción. Analistas señalan que casos como este erosionan la narrativa de transformación, revelando que el huachicol fiscal no es relicto de sexenios pasados, sino una plaga continua.
La red de tráfico ilícito de combustibles liderada presuntamente por Farías Laguna involucraba no solo marinos, sino también empresarios y funcionarios locales, creando un ecosistema criminal que trasciende fronteras institucionales. En Colima, donde ocurrió el asesinato de Guerrero, las autoridades estatales han sido criticadas por su pasividad, un gobierno municipal de oposición que no ha colaborado lo suficiente, según reportes preliminares. Esto resalta la necesidad de una estrategia nacional unificada, más allá de rivalidades partidistas.
La espera por la detención de Fernando Farías Laguna se prolonga, y con ella, la frustración de víctimas indirectas como los contribuyentes que pagan el costo de estos desvíos. Mientras tanto, el Altiplano, diseñado para albergar a los más peligrosos, se convierte en escenario de ausencias simbólicas que cuestionan la efectividad del Estado. La jueza ha programado una nueva fecha tentativa, pero sin el imputado, el proceso judicial se estanca, permitiendo que las sombras de la corrupción se alarguen.
En conversaciones informales con observadores del Poder Judicial, se menciona que detalles del caso provienen de investigaciones internas de la Marina filtradas a medios independientes, aunque siempre con cautela para evitar represalias. Asimismo, un informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tocado tangencialmente el tema de protecciones indebidas a familiares de exfuncionarios, sin nombrar directamente a Ojeda Durán. Finalmente, como se ha reportado en portales especializados en justicia, la revocación del amparo fue un paso clave impulsado por evidencias recolectadas en auditorías post-sexenio, subrayando la importancia de la perseverancia en estos litigios complejos.
