Los estados sin seguro contra desastres naturales enfrentan una crisis devastadora por las lluvias torrenciales que azotan México. En las últimas semanas, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo han sido golpeados por precipitaciones intensas que han dejado decenas de muertos, desaparecidos y miles de damnificados. Más de 100 mil viviendas han resultado afectadas, junto con infraestructuras clave como carreteras, puentes y sistemas de drenaje. Esta situación pone en evidencia la grave vulnerabilidad de estas entidades, que carecen de pólizas activas para mitigar económicamente los impactos de tales eventos climáticos. La ausencia de mecanismos financieros sólidos agrava la respuesta a la emergencia, obligando a los gobiernos locales a depender casi exclusivamente de recursos federales limitados y donaciones improvisadas.
La crisis de los estados sin seguro contra desastres naturales
En un país propenso a fenómenos hidrometeorológicos extremos, los estados sin seguro contra desastres naturales se encuentran particularmente expuestos. Las lluvias torrenciales no solo han inundado comunidades enteras, sino que han erosionado la confianza en las autoridades locales. Según reportes iniciales, el impacto económico podría superar los miles de millones de pesos, considerando solo las reparaciones básicas de viviendas y vías de comunicación. Esta falta de preparación no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas que priorizaron otros rubros presupuestales sobre la protección civil financiera. Mientras las familias pierden sus hogares y sus medios de vida, los gobernadores de estos estados navegan por un laberinto de excusas y planes alternativos que, en la práctica, resultan insuficientes.
Veracruz: Un ejemplo de negligencia en la protección
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle tomó una decisión controvertida al no renovar la póliza catastrófica estatal, que expiró en mayo de 2025. En su lugar, se anunció la creación de una aseguradora pública que, hasta la fecha, permanece en el limbo burocrático: sin registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sin capital inicial adecuado ni oficinas operativas. Esta iniciativa, presentada como una medida innovadora para ahorrar recursos públicos, ha dejado al estado desprotegido ante las inundaciones que han devastado comunidades costeras y rurales. Cientos de familias en municipios como Xalapa y Coatzacoalcos esperan en vano por apoyos que no llegan, mientras el gobierno estatal invoca la solidaridad nacional. La vulnerabilidad financiera de Veracruz se acentúa por su historia de huracanes y tormentas, donde pólizas previas al menos garantizaban una respuesta inmediata.
Los expertos en gestión de riesgos señalan que esta omisión no solo afecta la reconstrucción inmediata, sino que perpetúa un ciclo de pobreza en regiones ya marginadas. Sin un fondo de contingencia robusto, las reparaciones se dilatan, aumentando el riesgo de enfermedades por agua contaminada y desplazamientos forzados. En este contexto, las lluvias torrenciales actúan como un recordatorio brutal de la necesidad de priorizar la resiliencia sobre el ahorro aparente.
Decisiones políticas que agravan la falta de seguros
Los estados sin seguro contra desastres naturales comparten un patrón común: recortes presupuestales disfrazados de reformas. En Puebla, la eliminación de la cobertura se remonta a 2021, bajo el mando del fallecido gobernador Miguel Barbosa. Aquella administración argumentó que los seguros eran un gasto innecesario, optando por redirigir fondos a programas sociales. Hoy, con el actual gobierno morenista, esa decisión pesa como una losa sobre las espaldas de los poblanos afectados por deslaves y anegamientos en la Sierra Norte. Miles de damnificados en Atlixco y Tehuacán claman por justicia, mientras el estado acumula deudas por emergencias no cubiertas.
Querétaro y San Luis Potosí: Dependencia federal expuesta
En Querétaro, el gobernador panista Mauricio Kuri ha sido franco al admitir que el presupuesto estatal no alcanza para reparar los daños causados por las lluvias. Carreteras colapsadas en la zona serrana y viviendas destruidas en la capital exigen inversiones que superan los recursos locales. Esta confesión pública resalta la fragilidad de un modelo económico que, pese a su auge industrial, ignora la planificación para desastres. Los estados sin seguro contra desastres naturales como este terminan mendigando auxilios federales, lo que genera tensiones políticas y retrasos en la ayuda humanitaria.
Similarmente, San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo, reemplazó las tradicionales pólizas por un programa alternativo con apenas 36 millones de pesos. Esta cantidad, ridícula ante la magnitud de las pérdidas —incluyendo decenas de víctimas en la Huasteca—, no cubre ni el 10% de las necesidades estimadas. La vulnerabilidad financiera aquí se traduce en comunidades aisladas, sin acceso a víveres ni reconstrucción, donde las lluvias torrenciales han borrado años de progreso modesto.
Hidalgo: El fideicomiso insuficiente como salvavidas
Hidalgo representa otro caso emblemático de improvisación. El gobernador Julio Menchaca canceló la póliza estatal y creó un fideicomiso con 270 millones de pesos, un monto que palidece frente a los daños en la Altiplano hidalguense. Inundaciones en Pachuca y Tulancingo han dejado miles sin techo, y el fondo prometido parece más un gesto simbólico que una solución real. En los estados sin seguro contra desastres naturales, tales medidas alternativas solo posponen el colapso inevitable, dejando a la población en un limbo de incertidumbre.
Impactos humanos y económicos de las lluvias torrenciales
Las consecuencias de operar sin seguros van más allá de lo financiero; son profundamente humanas. En estos cinco estados, las lluvias torrenciales han cobrado vidas inocentes: familias arrastradas por corrientes, niños separados de sus padres en el caos de las evacuaciones. Los miles de damnificados enfrentan no solo la pérdida material, sino el trauma psicológico de ver sus mundos disueltos en horas. La salud pública está en riesgo, con brotes potenciales de enfermedades infecciosas en refugios improvisados. Económicamente, la paralización de actividades agrícolas y comerciales podría llevar a una recesión local, exacerbando la desigualdad regional.
Desde una perspectiva nacional, esta crisis subraya la desconexión entre el discurso oficial de austeridad y la realidad de la gestión de riesgos. Mientras el gobierno federal, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, anuncia paquetes de apoyo, la lentitud en la distribución genera críticas por ineficacia. Los estados sin seguro contra desastres naturales se convierten en rehenes de una burocracia centralizada, donde las secretarías de Estado como la de Hacienda y Protección Civil compiten por priorizar emergencias.
Lecciones para la resiliencia futura
Para romper este ciclo, expertos proponen un marco nacional de seguros obligatorios, integrado con alertas tempranas y planes de contingencia. Invertir en infraestructura resiliente, como diques modernos y sistemas de alerta satelital, podría mitigar futuros impactos. Sin embargo, sin voluntad política, las lluvias torrenciales seguirán exponiendo las grietas en el sistema. Los estados afectados deben liderar la conversación, presionando por reformas que prioricen la vida sobre el presupuesto.
En las comunidades de Veracruz y Puebla, residentes como María López, una madre de tres que perdió su hogar en las inundaciones, comparten testimonios que humanizan la estadística. "Pensábamos que el gobierno nos cuidaba, pero ahora solo queda el lodo y las promesas", relata en entrevistas locales. Historias como la suya impulsan demandas por accountability, recordando que la vulnerabilidad financiera es, en última instancia, una elección gubernamental.
Ampliando el lente, analistas vinculados a organizaciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han documentado patrones similares en desastres pasados, donde la ausencia de seguros prolongó la recuperación en años. De igual modo, reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacan cómo el cambio climático intensifica estas lluvias torrenciales, haciendo imperativa una actualización de políticas estatales.
Finalmente, observadores independientes en medios como Proceso han señalado que estas omisiones presupuestales reflejan una priorización ideológica sobre la pragmática, dejando a millones expuestos. En este panorama, la solidaridad comunitaria emerge como el verdadero escudo, aunque insuficiente sin respaldo institucional.