SCJN retira proyectos clave en materia fiscal y ambiental, posponiendo discusiones que impactan a repartidores de apps de entrega y defensores del medio ambiente. Esta decisión, tomada en una sesión del Pleno del Poder Judicial de la Federación, refleja un compromiso con el diálogo antes de resoluciones definitivas. En un contexto de tensiones entre el gobierno federal y las plataformas digitales, el retiro de estos proyectos abre la puerta a un debate más amplio sobre la regulación de las economías digitales y la protección ecológica en México.
Contexto del retiro de proyectos en la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido aplazar la discusión de dos proyectos controvertidos, lo que ha generado un respiro temporal para los sectores afectados. Este movimiento se produce en el marco de la nueva integración del Pleno, presidido por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien enfatizó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas. El primer proyecto aborda los impuestos a apps de entrega, mientras que el segundo se centra en las restricciones a amparos en defensa del medio ambiente, temas que han polarizado opiniones entre autoridades locales, empresas tecnológicas y organizaciones civiles.
El impacto de los impuestos a apps de entrega en los repartidores
En el corazón de esta controversia fiscal se encuentra el amparo en revisión 681/2022, ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que propone no conceder el amparo a una empresa de delivery frente al cobro de un 2% por el uso de la infraestructura vial en la Ciudad de México. Este gravamen, impulsado por el gobierno local, busca compensar el desgaste causado por las operaciones de plataformas como Uber Eats o Rappi. Sin embargo, su implementación ha desatado protestas masivas de repartidores, quienes argumentan que este impuesto se traduce en una carga indirecta sobre sus ingresos ya precarios. Durante la sesión del jueves 9 de octubre de 2025, una manifestación de estos trabajadores se congregó frente al edificio de la SCJN, exigiendo ser escuchados. El ministro Aguilar Ortiz, en un gesto de apertura, solicitó el aplazamiento para facilitar un diálogo directo, declarando que "esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión". Esta postura contrasta con las críticas previas al gobierno federal por su manejo de las reformas laborales en el sector digital, donde se acusa a Morena de priorizar recaudación sobre protección social.
Los impuestos a apps de entrega no son un fenómeno aislado; forman parte de una tendencia global para regular las economías de plataforma, pero en México, adquieren un tinte sensacionalista dada la dependencia creciente de miles de familias en estos trabajos. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 500 mil personas laboran en el sector de delivery, muchos de ellos en condiciones de informalidad. El retiro del proyecto por la SCJN evita, por ahora, una resolución que podría haber consolidado este cobro, permitiendo que el debate se extienda y se incorporen voces de los afectados. Expertos en derecho fiscal señalan que esta pausa podría influir en legislaciones similares en otros estados, como Jalisco o Nuevo León, donde gobiernos de oposición han mostrado resistencia a tales medidas.
Restricciones a amparos ambientales: un freno a la defensa colectiva
Paralelamente, la contradicción de criterios 217/2021, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propone limitar la capacidad de las asociaciones civiles para promover amparos en defensa del medio ambiente. El proyecto sostiene que "la SCJN considera que no es jurídicamente factible que una persona moral acredite el interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar el derecho al medio ambiente sano a través del objeto social plasmado en su acta constitutiva". Esta restricción implicaría que solo individuos directamente afectados podrían interponer recursos, debilitando el rol de las ONGs en la lucha contra proyectos contaminantes como megaproyectos mineros o urbanizaciones ilegales. Organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han solicitado audiencias previas, argumentando que esta medida socavaría avances en la protección ecológica logrados en los últimos años.
Implicaciones para la protección del medio ambiente en México
El retiro de este proyecto por la SCJN representa un alivio para los activistas ambientales, quienes ven en él un intento velado de restringir el acceso a la justicia. En un país donde la deforestación y la contaminación industrial avanzan a pasos agigantados, los amparos han sido una herramienta vital para frenar iniciativas gubernamentales cuestionadas, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha criticado duramente la aparente priorización de agendas de desarrollo sobre salvaguardas ecológicas, con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacando violaciones sistemáticas. La decisión de posponer la votación, confirmada por la propia ministra Esquivel Mossa mediante un oficio, subraya la sensibilidad de la Corte ante presiones sociales, pero también expone las fracturas internas en el Poder Judicial reformado por Morena.
Desde una perspectiva más amplia, las restricciones a amparos ambientales podrían tener repercusiones en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en 2021, que promueve el acceso a la información y la justicia en materia ecológica. Abogados especializados en derecho ambiental advierten que esta propuesta alinearía al país con prácticas restrictivas vistas en naciones con gobiernos autoritarios, alejándolo de estándares democráticos. El diálogo abierto impulsado por Aguilar Ortiz podría llevar a enmiendas que equilibren el interés legítimo con la representación colectiva, fortaleciendo así la democracia participativa en temas verdes.
Análisis legal y social de las decisiones de la Corte
El doble aplazamiento en la SCJN no solo detiene el avance de estos proyectos, sino que invita a un escrutinio más profundo de cómo el Poder Judicial interactúa con políticas impulsadas por el Ejecutivo federal. En el caso de los impuestos a apps de entrega, la tensión entre la regulación local y los derechos de los trabajadores resalta las desigualdades en la economía gig, donde plataformas digitales acumulan ganancias millonarias mientras sus empleados enfrentan inestabilidad. Críticos del gobierno de la Ciudad de México, alineado con Morena, lo acusan de usar estos gravámenes como herramienta recaudatoria sin invertir en mejoras para los repartidores, como seguros sociales o zonas seguras de carga.
Por otro lado, las restricciones a amparos ambientales tocan fibras sensibles en un México vulnerable al cambio climático, con sequías recurrentes y pérdida de biodiversidad en la Selva Lacandona. La ponencia de Esquivel Mossa, conocida por su cercanía al oficialismo, ha sido cuestionada por posibles sesgos ideológicos, alimentando debates sobre la independencia judicial post-reforma. Sin embargo, el retiro voluntario del proyecto sugiere una autocrítica interna, potencialmente influida por la presión de la sociedad civil y la presencia de manifestaciones pacíficas.
Perspectivas futuras para repartidores y ambientalistas
Más allá de la sesión del 9 de octubre, el retiro de proyectos por la SCJN abre escenarios para reformas legislativas que integren tecnología y sostenibilidad. Para los repartidores de apps de entrega, esto podría significar negociaciones tripartitas con empresas y autoridades, inspiradas en modelos europeos como el de la Unión Europea, que exige salarios mínimos en plataformas. En paralelo, la defensa del medio ambiente ganaría si se amplían los criterios de interés legítimo, permitiendo que comunidades indígenas y colectivos participen activamente en litigios contra megaproyectos.
En última instancia, estas pausas judiciales subrayan la evolución del PJF hacia una instancia más inclusiva, aunque persisten dudas sobre su autonomía frente a presiones políticas. Fuentes cercanas al Palacio Nacional, consultadas de manera extraoficial, indican que el equipo de Sheinbaum monitorea de cerca estos desarrollos, considerando ajustes en la agenda fiscal para evitar confrontaciones mayores. Por su parte, analistas independientes de think tanks como el Instituto Mexicano para la Competitividad han destacado en informes recientes la necesidad de equilibrar innovación digital con equidad laboral, un equilibrio que la Corte parece dispuesta a explorar.
Finalmente, observadores del sector ambiental, en conversaciones informales con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebran esta demora como una victoria pírrica para la causa verde, recordando precedentes como el amparo contra el Corredor Interoceánico que salvó manglares clave. Así, mientras la SCJN agenda nuevas audiencias, el debate nacional se enriquece con aportes de todos los actores, prometiendo resoluciones más justas y contextualizadas.
