Seguridad social en México representa un pilar fundamental para el bienestar de la población, pero la realidad laboral del país revela un panorama preocupante. Con el 55% de las personas trabajando sin seguridad social, el empleo informal sigue dominando la economía nacional, dejando a millones de trabajadores expuestos a vulnerabilidades económicas y de salud. Esta situación, destacada en los datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), subraya la necesidad de estrategias integrales para formalizar el mercado laboral. En un contexto donde el crecimiento económico es moderado, entender las dinámicas del empleo formal versus informal es clave para analizar el desarrollo sostenible del país.
Empleo formal: avances limitados en 2025
Durante los primeros nueve meses de 2025, la economía mexicana ha generado 333 mil 303 empleos formales, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 1.5%. Este incremento ha elevado el total de puestos registrados ante el IMSS a 23 millones 76 mil, incorporando a beneficiarios de la reciente reforma de plataformas digitales. En septiembre, específicamente, se crearon 116 mil 765 nuevos puestos de trabajo, representando una variación mensual del 0.5%. Estos números, aunque positivos, contrastan con la magnitud del desafío que implica la seguridad social en México, donde la mayoría de la fuerza laboral permanece al margen de estos beneficios.
Crecimiento sectorial y regional en el empleo
Los sectores que han mostrado mayor dinamismo en la creación de empleos incluyen transportes y comunicaciones, con un aumento anual del 9.3%, seguido por el comercio con un 2.7% y la industria eléctrica con un 2.4%. En términos geográficos, estados como el Estado de México, Hidalgo y Michoacán lideran los incrementos anuales, superando el 3% en cada uno. Sin embargo, estos avances no logran compensar la brecha de la seguridad social en México, que afecta predominantemente a regiones con alta concentración de actividades informales, como el comercio ambulante y los servicios independientes.
El IMSS, como principal indicador del trabajo formal, ofrece una visión parcial del panorama laboral. Mientras el desempleo se mantiene en un 2.7%, cerca de su mínimo histórico, la informalidad persiste como un obstáculo estructural. La seguridad social en México no solo implica acceso a servicios de salud y pensiones, sino también estabilidad económica para familias enteras. Analistas coinciden en que, sin políticas dirigidas a la inclusión de estos trabajadores, el crecimiento formal seguirá siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la población.
Salarios y condiciones: un panorama mixto
En el ámbito salarial, se observa un avance notable con un incremento anual nominal del 7.1%, llevando el salario promedio diario a 623.1 pesos, el más alto registrado para un septiembre en la historia de los datos del IMSS. Este logro es particularmente relevante en un entorno de inflación controlada, aunque no resuelve las disparidades inherentes al empleo sin seguridad social. Para los trabajadores independientes, el salario promedio se sitúa en 334.43 pesos diarios, mientras que las personas trabajadoras del hogar perciben alrededor de 454.4 pesos. Estas cifras resaltan cómo la seguridad social en México beneficia desproporcionadamente a quienes acceden a contratos formales.
Impacto de la informalidad en la población
La alta tasa de informalidad, que alcanza el 55% de la fuerza laboral según el Inegi, genera consecuencias profundas en la sociedad mexicana. Millones de personas carecen de protección contra riesgos laborales, atención médica integral y mecanismos de ahorro para la vejez. Esto no solo agrava la pobreza, sino que también limita la productividad general de la economía. En sectores como el comercio y los servicios, donde la informalidad es rampante, los trabajadores enfrentan inestabilidad constante, exacerbando desigualdades regionales y de género. La seguridad social en México, por ende, se convierte en un factor determinante para la equidad social.
Expertos en economía laboral enfatizan que la dualidad del mercado de trabajo —formal e informal— frena el potencial de crecimiento inclusivo. Mientras el número de patrones supera los 3 millones, con una ligera reducción anual del 2.4% debido a nuevas regulaciones en registros de personas físicas, el foco debe estar en incentivar la formalización. La reforma de plataformas digitales ha incorporado a miles de beneficiarios al conteo formal, pero representa solo una fracción del problema. La seguridad social en México requiere de un enfoque multifacético que incluya incentivos fiscales y programas de capacitación para transitar hacia empleos estables.
Desafíos estructurales del mercado laboral
La persistencia del empleo sin seguridad social en México se enraíza en factores estructurales como la baja inversión en sectores intensivos en mano de obra calificada y la rigidez de las normativas laborales. A pesar del crecimiento en empleos formales, la tasa de informalidad se mantiene elevada, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y migrantes internos. Según proyecciones basadas en tendencias históricas, sin intervenciones específicas, este porcentaje podría estancarse o incluso aumentar en escenarios de desaceleración económica. La seguridad social en México, vista como un derecho humano, demanda reformas que vayan más allá de la mera generación de puestos, hacia la calidad y sostenibilidad de estos.
Estrategias para reducir la informalidad
Para abordar la seguridad social en México de manera efectiva, se proponen medidas como la simplificación de trámites para microempresas y el fortalecimiento de programas de extensión de cobertura social a trabajadores independientes. En los últimos años, iniciativas gubernamentales han intentado mitigar esta brecha, aunque con resultados mixtos. El aumento en el salario mínimo ha impulsado mejoras en el poder adquisitivo, pero no ha sido suficiente para atraer a la informalidad hacia el sector formal. Analistas sugieren que una combinación de subsidios a la seguridad social y campañas de educación financiera podría acelerar la transición.
En el ámbito internacional, países con economías emergentes similares han logrado reducir su informalidad mediante alianzas público-privadas y digitalización de procesos. México podría inspirarse en estos modelos para fortalecer su sistema de seguridad social, integrando tecnología para facilitar el registro y el cumplimiento. No obstante, el desafío radica en la implementación equitativa, asegurando que los beneficios lleguen a las zonas rurales y marginadas donde la informalidad es más acentuada.
La dualidad laboral también impacta la recaudación fiscal, ya que el empleo sin seguridad social reduce los aportes al sistema de pensiones y salud pública. Con un total de 56 mil 170 puestos para trabajadoras del hogar registrados en septiembre, el IMSS ha avanzado en la visibilización de este sector, pero persisten barreras culturales y económicas para su plena integración. La seguridad social en México, en última instancia, no es solo un tema de empleo, sino de justicia social y desarrollo humano.
Recientemente, informes del Inegi han corroborado estas tendencias, mostrando que la informalidad se mantiene por encima del 50% desde hace una década, con variaciones mínimas pese a los esfuerzos institucionales. De igual modo, datos del IMSS para el cierre de 2025 preliminares indican que el crecimiento formal podría desacelerarse si no se abordan las causas raíz de la precariedad laboral. Especialistas consultados en publicaciones especializadas coinciden en que, sin un pacto nacional por el empleo digno, la brecha de la seguridad social en México se perpetuará, afectando generaciones futuras.
En resumen, aunque el panorama del empleo formal presenta señales alentadoras, la realidad del 55% de trabajadores sin seguridad social en México exige una respuesta urgente y coordinada. Fortalecer las instituciones como el IMSS y el Inegi es esencial para monitorear y guiar políticas que promuevan la inclusión laboral plena.