Sobrevivientes de masacre en Nuevo Laredo han tomado una medida extrema para exigir justicia. Tres mujeres, marcadas por el horror de un operativo fallido, se encuentran en huelga de hambre frente al Palacio Municipal. Esta protesta resalta el incumplimiento flagrante de una recomendación clave de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dejando al descubierto las grietas en el sistema de protección a las víctimas en México. La masacre de Nuevo Laredo, ocurrida en 2019, sigue siendo un símbolo de impunidad que clama por atención inmediata.
El contexto de la masacre en Nuevo Laredo que no se olvida
La masacre en Nuevo Laredo se remonta al 5 de septiembre de 2019, cuando un operativo conjunto de agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y la Policía Estatal irrumpió en un domicilio del fraccionamiento Valles de Anáhuac. Lo que se presentó inicialmente como una acción contra el crimen organizado resultó ser un montaje brutal. Ocho personas perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández y Jennifer Hazel Romero López. Estas víctimas provenían de diferentes estados como Tamaulipas, México, Oaxaca y Coahuila, unidas por el destino trágico en esa noche de terror.
Las sobrevivientes, Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, no solo presenciaron el horror, sino que fueron sometidas a torturas dentro del mismo inmueble. Sus testimonios, respaldados por videograbaciones obtenidas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, desmontaron la versión oficial de las autoridades. En ese entonces, bajo el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador y con Irving Barrios Mojica como fiscal, se intentó encubrir los hechos. Sin embargo, la presión de los medios nacionales e internacionales obligó a reconocer las irregularidades, aunque la justicia real ha tardado años en materializarse.
Detalles del operativo que expusieron las irregularidades
Durante el operativo, los agentes estatales actuaron con una violencia desmedida, allanando el domicilio sin orden judicial adecuada y ejecutando a las personas presentes sin posibilidad de defensa. Las sobrevivientes relataron cómo fueron golpeadas y amenazadas para que firmaran declaraciones falsas. Esta masacre en Nuevo Laredo no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de abusos en operativos de seguridad en la frontera norte de México, donde la colusión entre fuerzas estatales y federales ha sido un secreto a voces. La omisión de involucrar al Ejército mexicano en las investigaciones iniciales solo agravó la percepción de encubrimiento.
La recomendación de la CNDH y su incumplimiento alarmante
En 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 173VG/2024, dirigida al secretario de Seguridad del estado de Tamaulipas. Este documento, presidido por Rosario Piedra Ibarra, concluye la responsabilidad de los agentes del CAIET y la Policía Estatal en los asesinatos extrajudiciales y las torturas. Exige reparación integral del daño, incluyendo compensaciones económicas, atención médica y psicológica para las víctimas, así como medidas para capacitar a las fuerzas de seguridad y evitar futuras violaciones. Sin embargo, hasta octubre de 2025, el gobierno estatal no ha acatado ninguna de estas indicaciones, dejando a las sobrevivientes en un limbo de abandono institucional.
El incumplimiento de la recomendación de la CNDH no es solo un retraso administrativo; representa una traición a los principios de derechos humanos en México. Las sobrevivientes argumentan que el documento omite crucialmente la participación de elementos del Ejército mexicano, lo que impide una investigación completa y una reparación verdadera. Esta exclusión ha sido criticada por organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ven en ello un sesgo que protege a instituciones federales a expensas de la verdad. La huelga de hambre surge precisamente de esta frustración acumulada, un grito desesperado contra la indiferencia burocrática.
Exigencias específicas de las víctimas en su protesta
Las tres mujeres demandan no solo el cumplimiento inmediato de la recomendación 173VG/2024, sino también la inclusión de todos los responsables en las indagatorias. Quieren acceso pleno a la justicia, con procesos penales contra los agentes involucrados, y una reparación que contemple el impacto emocional y social de la masacre en Nuevo Laredo. Además, piden audiencias con el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, solicitud que presentaron el 18 de septiembre de 2025 sin respuesta hasta la fecha. Esta protesta pacífica, pero radical, subraya cómo las víctimas de violaciones graves deben recurrir a medidas de autolesión para ser escuchadas en un sistema que prioriza la impunidad.
Impacto en las sobrevivientes y el tejido social de Tamaulipas
Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega han dedicado los últimos seis años a buscar justicia, convirtiéndose en voces ineludibles contra la violencia estatal. La huelga de hambre, iniciada el 6 de octubre de 2025 frente al Palacio Municipal de Nuevo Laredo, ha captado la atención de activistas y medios, recordando al país que las heridas de la masacre en Nuevo Laredo siguen abiertas. Estas mujeres, originarias de la región fronteriza, representan a miles de tamaulipecos afectados por la inseguridad crónica, donde operativos supuestamente protectores terminan en tragedias humanas.
El contexto de Tamaulipas, zona caliente del narcotráfico y la migración, agrava estas violaciones. La persistencia del incumplimiento de la recomendación de la CNDH erosiona la confianza en las instituciones, fomentando un ciclo de desconfianza y revictimización. Las sobrevivientes han expresado que, sin justicia, no hay cierre posible; su huelga es un recordatorio de que los derechos humanos no son abstractos, sino demandas concretas que exigen acción inmediata. Esta protesta también ilumina fallas en la coordinación entre niveles de gobierno, donde el estado evade responsabilidades mientras el federal observa desde lejos.
Repercusiones a largo plazo en la lucha por derechos humanos
A nivel nacional, casos como este de la masacre en Nuevo Laredo cuestionan la efectividad de mecanismos como la CNDH en un país con altos índices de impunidad. Las sobrevivientes no solo buscan compensación personal, sino reformas que garanticen que futuros operativos respeten protocolos internacionales. Su resistencia destaca la resiliencia de las víctimas, pero también la urgencia de un cambio sistémico en materia de seguridad pública. En un estado como Tamaulipas, donde la violencia persiste, estas acciones individuales pueden catalizar movimientos más amplios por accountability.
La huelga de hambre de estas tres mujeres no es un acto aislado, sino parte de una narrativa mayor sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos en México. Mientras el gobierno estatal de Américo Villarreal Anaya enfrenta críticas por su lentitud, las sobrevivientes mantienen su vigilia, debilitadas físicamente pero fortalecidas en su determinación. Este episodio revive debates sobre la necesidad de independencia real en organismos como la CNDH, presidida por Rosario Piedra Ibarra, y la inclusión exhaustiva de todas las fuerzas involucradas en investigaciones sensibles.
En conversaciones informales con miembros del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se menciona que evidencias adicionales, como las videograbaciones de 2019, siguen siendo clave para presionar por cambios. Asimismo, reportes de organizaciones internacionales han destacado omisiones en la recomendación 173VG/2024, sugiriendo que solo una revisión integral podría restaurar la fe en el proceso. Finalmente, actualizaciones de medios locales indican que la protesta continúa sin respuesta oficial, subrayando la brecha entre promesas y realidades en la protección de víctimas.