Asamblea zapatista denuncia despojo violento de predio recuperado en 1994, un hecho que sacude las entrañas de Chiapas y pone en jaque la frágil paz en las tierras indígenas. Esta acusación, lanzada por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), revela un patrón de agresiones respaldadas por fuerzas estatales que amenazan con reavivar viejos conflictos armados. El predio en cuestión, recuperado hace tres décadas durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), representa no solo un territorio, sino un símbolo de resistencia y autonomía indígena que ahora enfrenta un asedio sistemático.
Agresiones sistemáticas en el corazón zapatista
Desde abril de 2025, un grupo de aproximadamente 30 personas originarias del municipio de Huixtán ha irrumpido en cuatro ocasiones en el poblado de Belén, perteneciente a la región organizativa del Caracol 8 “Dolores Hidalgo”. Este enclave, enclavado en las montañas chiapanecas, es custodiado por bases de apoyo zapatistas que cultivan una milpa común junto a pobladores no adheridos al movimiento. Las invasiones no han sido meros roces territoriales: los intrusos, escoltados por patrullas del ejército y la policía municipal, han proferido amenazas directas y han intentado forzar la entrega del terreno. "La tierra ya se las entregó el gobierno y cuentan con documentos legales", les espetaron a los defensores, según el comunicado de la ACGAZ, desatando un clima de intimidación que obliga a los zapatistas a replegarse para trazar estrategias de defensa.
El despojo violento de predio recuperado en 1994 no es un incidente aislado, sino parte de una escalada que expone las grietas en el tejido social de Chiapas. En mayo, julio y agosto, las incursiones se repitieron con mayor fiereza, dejando a los encargados del predio en alerta permanente. Los zapatistas, fieles a su principio de diálogo y vida en común, extendieron la mano al entendimiento, pero las respuestas fueron tajantes: reclamos de propiedad avalados por el Estado, que ignoran la historia de expropiación colonial y la recuperación colectiva post-levantamiento. Esta dinámica no solo vulnera los derechos indígenas, sino que socava los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 para reconocer la autonomía zapatista, y que el gobierno federal ha dejado en letra muerta.
Escalada de violencia: destrucción y respaldo oficial
La tensión estalló con mayor crudeza entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025, cuando un contingente de 15 individuos, esta vez flanqueados por vehículos del ejército, la policía municipal y elementos de la fiscalía estatal, se instaló de manera indefinida en el sitio. Lo que siguió fue un acto de barbarie: demolieron las humildes viviendas de los zapatistas responsables del cuidado del predio y les prendieron fuego, consumiendo en llamas no solo madera y techo, sino memorias de lucha compartida. Para colmo, saquearon los elotes cosechados, un golpe directo a la subsistencia comunitaria en una zona donde la agricultura es sinónimo de dignidad y resistencia.
Esta intervención estatal en el despojo violento de predio recuperado en 1994 huele a complicidad orquestada. La ACGAZ acusa directamente a la llamada "cuarta transformación" —el proyecto político impulsado por el gobierno federal de Morena— de aliarse con terratenientes y empresarios nacionales y trasnacionales. "Están obligándonos a defendernos, cuando hemos clamado por la vida en común", reprocha el comunicado, un dardo envenenado que critica la hipocresía de un régimen que se dice protector de los pobres pero que, en la práctica, respalda desalojos con uniformados. El predio, pagado supuestamente al Estado en 1996 —un año después de su toma zapatista—, ilustra cómo las burocracias post-rebelión han sido manipuladas para legitimar el latifundismo, ignorando los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas.
Hostigamiento a defensores: el caso del Frayba
En paralelo a estas invasiones, el hostigamiento se extiende a los guardianes de los derechos humanos. En julio de 2025, la residencia de la directora del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" (Frayba) fue allanada en un acto que las activistas catalogan como deliberado y no aislado. El Frayba, pilar en la defensa de los pueblos originarios, ha sido clave en la documentación de abusos contra zapatistas, desde detenciones arbitrarias hasta paramilitares disfrazados de "pobladores". Las autoridades, en lugar de investigar, optaron por la omisión, un patrón que erosiona la confianza en las instituciones chiapanecas.
Contexto histórico: ecos del levantamiento de 1994
Para entender la gravedad del despojo violento de predio recuperado en 1994, hay que retroceder al amanecer del 1 de enero de aquel año, cuando el EZLN irrumpió en la escena nacional proclamando "¡Ya basta!" contra la marginación indígena. Las recuperaciones de tierras como esta en Belén no fueron saqueos, sino restituciones: predios baldíos o en manos de caciques que durante siglos habían exprimido a los mayas tsotsiles y tseltales. El Caracol 8, con su junta de buen gobierno, encarna esa autonomía forjada en el fuego de la guerrilla y templada en asambleas comunitarias. Hoy, tres décadas después, el resurgimiento de conflictos territoriales en Chiapas evidencia el fracaso de políticas agrarias que priorizan megaproyectos —como el Corredor Interoceánico— sobre la justicia social.
La denuncia de la ACGAZ subraya cómo estos episodios no son espontáneos, sino alimentados por una agenda que ve en las autonomías zapatistas una amenaza al control centralizado. En un estado donde el crimen organizado y los narcos disputan cada colina, el respaldo militar a invasores privados genera un caldo de cultivo para la confrontación. Los zapatistas, con su énfasis en el "mandar obedeciendo", rechazan la guerra pero advierten: "No queremos la guerra, lo que queremos es la vida en común, pero nos están obligando". Esta frase, cargada de resignación y fuego, resume el dilema de un movimiento que ha inspirado globalmente la lucha por la tierra, pero que en casa enfrenta el despojo cotidiano.
Tensiones en Huixtán: disputas municipales y estatales
El municipio de Huixtán, cuna de estas irrupciones, es un polvorín de rivalidades étnicas y políticas. Grupos no zapatistas, a menudo manipulados por líderes locales, reclaman extensiones que los indígenas defienden con uñas y dientes. La fiscalía estatal, presente en las últimas agresiones, añade una capa de ilegitimidad: ¿cómo un órgano judicial respalda la quema de hogares? Esta pregunta resuena en el contexto de Chiapas, donde gobiernos municipales de oposición a Morena han sido moderadamente criticados por su manejo torpe de conflictos territoriales, pero donde el federal —bajo la sombra de la presidencia— parece mirar para otro lado, priorizando estabilidad sobre equidad.
Implicaciones para la autonomía indígena
El despojo violento de predio recuperado en 1994 trasciende lo local: es un termómetro de la salud democrática en México. En un país donde la reforma agraria de Zapata sigue siendo un ideal inconcluso, estas acciones erosionan la pluralidad cultural y avivan el espectro de la inestabilidad. La ACGAZ, al replegarse para planificar, no cede terreno; al contrario, reafirma su compromiso con la resistencia pacífica, pero el costo humano —desplazados, cosechas perdidas, miedos nocturnos— es inaceptable. Expertos en derechos indígenas destacan que estos eventos violan la Convención 169 de la OIT, que obliga a consultar a comunidades antes de cualquier afectación territorial.
Además, el rol del ejército en estas operaciones evoca los días oscuros de los noventa, cuando paramilitares y federales sembraron terror en Acteal y Oventik. Hoy, bajo un gobierno que promete transformación, la presencia de uniformados en desalojos privados genera sospechas de continuidad en la represión selectiva. Los zapatistas, con su red de caracoles y jbg, han demostrado resiliencia: liberaron a dos bases de apoyo detenidos injustamente en abril de 2025 —José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez— tras presionar con evidencias de un secuestro resuelto por ellos mismos, entregando a los culpables vía el Frayba. Este caso ilustra su capacidad para la justicia comunitaria, contrastando con la torpeza estatal.
Voces desde las montañas: la resistencia continúa
En las últimas semanas, la denuncia ha circulado en asambleas y boletines zapatistas, recordando que la tierra no es mercancía, sino vida. El despojo violento de predio recuperado en 1994, aunque puntual, simboliza una ofensiva más amplia contra las autonomías, donde el cambio climático y la migración agravan la escasez de recursos. Comunidades tseltales, con su cosmovisión de la tierra como madre, ven en estas agresiones un ataque a su esencia. Mientras el gobierno federal invierte en trenes mayas que surcan territorios indígenas sin consulta, eventos como este en Belén cuestionan la narrativa de inclusión.
Casualmente, detalles de estas denuncias han sido corroborados en informes recientes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que documenta patrones similares en la región. Asimismo, colectivos locales han compartido testimonios anónimos de testigos oculares, alineados con el comunicado de la ACGAZ emitido el 29 de septiembre. Observadores independientes, como aquellos vinculados a redes de derechos indígenas, subrayan que la omisión en las investigaciones estatales perpetúa el ciclo de impunidad, tal como se ha visto en casos paralelos de hostigamiento en Chiapas durante 2025.
Esta escalada no pasa desapercibida en círculos académicos, donde análisis de conflictos territoriales post-1994 coinciden en que el respaldo oficial a invasores erosiona la paz frágil. Fuentes como boletines zapatistas y reportes de ONGs regionales pintan un panorama donde la "cuarta transformación" prioriza alianzas económicas sobre justicia social, un eco de críticas históricas al zapatismo marginado.
