La lucha feminista por el aborto en México continúa siendo un motor de cambio social, impulsando demandas urgentes por la despenalización total y la accesibilidad real a este derecho fundamental. Desde las calles de la capital hasta los rincones más remotos del país, activistas y colectivos alzan la voz para recordar que, aunque se han logrado avances significativos, la batalla está lejos de concluir. En un contexto donde el patriarcado aún impone barreras invisibles, esta movilización no solo busca reformar leyes, sino transformar realidades cotidianas para mujeres, personas trans y no binarias que reclaman autonomía sobre sus cuerpos.
Avances y pendientes en la despenalización del aborto
En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un hito al declarar inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, extendiendo este fallo a todos los códigos estatales. Esta decisión posicionó a México como un referente en derechos reproductivos en América Latina, alineándose con movimientos globales que exigen el aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, la lucha feminista por el aborto en México enfrenta un panorama fragmentado: mientras 24 entidades han avanzado en la despenalización, ocho estados persisten en criminalizarlo, dejando a miles de personas en la incertidumbre jurídica y el riesgo de procesos penales.
Esta disparidad resalta la necesidad de una despenalización total que elimine cualquier resquicio punitivo. En estados como Guanajuato, donde la influencia religiosa es notable, las legislaciones locales contradicen el fallo federal, penalizando la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Activistas argumentan que, en un país laico por definición, la separación efectiva entre Iglesia y Estado es esencial para garantizar que los derechos reproductivos no queden supeditados a dogmas. La lucha feminista por el aborto en México, por tanto, trasciende lo legal y se adentra en un debate cultural profundo, cuestionando cómo las creencias tradicionales moldean las políticas públicas.
Obstáculos estatales en la implementación
Los retos no se limitan a la ley escrita; la implementación efectiva revela grietas sistémicas. En Oaxaca, por ejemplo, con sus 570 municipios, solo 12 unidades médicas ofrecen servicios de interrupción del embarazo, y nueve de ellas se concentran en la capital. Esta concentración geográfica agrava las desigualdades regionales, donde mujeres indígenas y de zonas rurales enfrentan distancias prohibitivas, costos indirectos y estigmas sociales. La accesibilidad al aborto, un pilar de la lucha feminista por el aborto en México, se ve socavada por la falta de infraestructura, lo que obliga a muchas a recurrir a métodos clandestinos con riesgos letales.
Expertas en salud reproductiva enfatizan que la despenalización sin accesibilidad equivale a una victoria pírrica. Organizaciones como el colectivo Rosas Rojas han documentado casos donde, incluso en entidades progresistas, el acceso depende del nivel socioeconómico: quienes cuentan con recursos pueden costear traslados o consultas privadas, mientras que las más vulnerables quedan excluidas. Esta brecha económica subraya la interseccionalidad de la lucha feminista por el aborto en México, que entrelaza género, clase y etnia en su agenda transformadora.
Acceso equitativo: el verdadero desafío
La lucha feminista por el aborto en México no se detiene en la eliminación de penas; exige un "piso parejo" que garantice servicios gratuitos y seguros para todas. Colectivos como We are Women on Fire denuncian que, sin políticas públicas robustas, el derecho permanece elusivo. En la práctica, el estigma médico persiste: personal de salud a menudo dilata procesos o impone juicios morales, disuadiendo a las pacientes. Para revertir esto, se requiere capacitación integral con perspectiva de género, asegurando que los protocolos incluyan no solo medicamentos y equipo, sino también empatía y confidencialidad.
Perspectivas trans e interseccionales
Un aspecto crucial de la lucha feminista por el aborto en México es su inclusión de voces diversas, como las de personas transmasculinas, no binarias y hombres trans. Activistas trans destacan la ausencia de protocolos específicos en el sector salud, donde las identidades de género son frecuentemente reducidas a estereotipos o ignoradas en contextos de violencia sexual. Para ellos, el aborto debe ser accesible sin discriminación, liberado de prácticas transfóbicas que limitan el derecho a decidir. Esta demanda amplía el espectro de la lucha feminista por el aborto en México, convirtiéndola en un llamado por justicia reproductiva universal, donde el sistema educativo y sanitario operen con sensibilidad interseccional.
En este marco, la visibilización de estas realidades en marchas como la del 28 de septiembre fortalece la red de solidaridad. Bajo el lema "Hay que abortar este sistema patriarcal", las manifestantes no solo exigen reformas, sino un replanteamiento societal que erradique el control sobre los cuerpos disidentes. La lucha feminista por el aborto en México, así, se erige como un faro contra la exclusión, recordando que los derechos no son negociables.
Influencia política y religiosa en los derechos reproductivos
El panorama político añade capas de complejidad a la lucha feminista por el aborto en México. Con la llegada de la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, surgen expectativas y escepticismos. Si bien el gobierno federal ha impulsado agendas de equidad de género, activistas cuestionan si estas iniciativas romperán ciclos patriarcales arraigados. En un tono crítico, se observa que el avance legislativo de 2023 no ha sido acompañado por inversiones suficientes en salud pública, dejando la accesibilidad como un reto pendiente. La influencia de Morena en el Congreso podría acelerar la armonización estatal, pero la lentitud en entidades conservadoras evidencia tensiones federales.
La injerencia religiosa, particularmente en estados con fuerte presencia católica como Guanajuato, complica el terreno. A pesar de la laicidad constitucional, lobistas eclesiásticos presionan contra reformas, perpetuando narrativas que estigmatizan el aborto como pecado. La lucha feminista por el aborto en México responde con campañas de educación laica, promoviendo diálogos que desmonten mitos y fomenten empatía. Este pulso entre fe y derechos ilustra cómo la despenalización total requiere no solo votos en el pleno, sino un cambio cultural sostenido.
Marchas y movilizaciones como catalizador
Las concentraciones en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con sonideros feministas y pañuelos verdes ondeando, encapsulan la vitalidad de la lucha feminista por el aborto en México. Estas acciones, que reúnen a cientos desde las 13:00 horas, no son meros eventos; son espacios de sororidad donde se tejen alianzas transnacionales. En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, las voces de Oaxaca resuenan junto a las de la Ciudad de México, demandando que los ocho estados rezagados se alineen al fallo de la SCJN.
Esta persistencia colectiva ha impulsado logros previos, como la despenalización en la capital en 2007, y mantiene la presión actual. La lucha feminista por el aborto en México se nutre de estas expresiones, donde consignas y performances artísticas desafían el silencio impuesto. Al final del día, estas marchas no solo visibilizan demandas, sino que empoderan a las participantes, recordándoles que el cambio surge de la acción compartida.
En medio de estos esfuerzos, es interesante notar cómo informes de organizaciones internacionales, como aquellos que analizan el impacto de la SCJN en 2023, respaldan la urgencia de una accesibilidad plena, destacando datos sobre mortalidad materna en regiones subatendidas. De manera similar, declaraciones de colectivos como Rosas Rojas, recogidas en coberturas recientes, subrayan la brecha entre ley y práctica en estados como Oaxaca. Finalmente, testimonios de activistas trans en foros de salud reproductiva, similares a los compartidos en eventos del 28 de septiembre, revelan la necesidad de protocolos inclusivos, alineados con estándares globales de derechos humanos.
