Despenalizar el aborto voluntario en México se ha convertido en una demanda urgente y colectiva que resuena en todo el país, impulsada por organizaciones civiles y activistas que buscan eliminar las barreras legales que aún persisten en varios estados. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivas feministas y grupos como Abortistas MX han elevado la voz para exigir una reforma integral a los 33 códigos penales estatales. Esta iniciativa no solo busca alinear la legislación local con la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2023, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, sino también garantizar que el derecho a decidir sea una realidad accesible para todas las personas gestantes, sin distinciones ni obstáculos.
La presión por despenalizar el aborto voluntario en México cobra mayor fuerza ante las desigualdades que aún marcan el panorama nacional. Mientras que en 24 entidades federativas el aborto ya ha sido despenalizado en distintos grados —con servicios disponibles hasta la semana 12 o 13 en la mayoría—, en ocho estados persiste la prohibición total, lo que deja a miles de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad expuestas a riesgos graves para su salud y vida. Casos como el reciente en Tamaulipas, donde se negó el aborto a una niña de 10 años víctima de violación, ilustran cómo estas leyes obsoletas perpetúan violaciones a los derechos humanos y agravan la clandestinidad de los procedimientos.
Desafíos para despenalizar el aborto voluntario en México
Barreras estatales y acceso desigual a servicios
Uno de los principales obstáculos para despenalizar el aborto voluntario en México radica en la fragmentación legislativa entre los estados. En lugares como Michoacán, que lidera las estadísticas de homicidios con un 54% del total nacional, el acceso a servicios de aborto seguro (SAS) está centralizado en la capital, obligando a las afectadas a emprender viajes peligrosos en medio de la inseguridad y la militarización. Esta centralización no solo genera costos económicos y logísticos prohibitivos para mujeres de bajos recursos, sino que también expone a riesgos adicionales en contextos de violencia de género exacerbada. En estados donde la despenalización ya es una realidad, como Colima o Baja California, los servicios se limitan a plazos estrictos —hasta la semana 12.6—, y la implementación es irregular, con demoras en los trámites que convierten un derecho en un laberinto burocrático.
La exigencia de despenalizar el aborto voluntario en México no se limita a la derogación del delito; implica una transformación estructural en el sistema de salud. Las colectivas destacan que, incluso en entidades progresistas, la falta de presupuesto adecuado impide la expansión de clínicas y la capacitación de personal médico. Esto contrasta con la obligación constitucional del Estado de proveer servicios gratuitos, confidenciales y no discriminatorios, como lo establece la SCJN. La militarización de la atención sanitaria en regiones conflictivas, como el norte del país, añade capas de complejidad, ya que transforma espacios de cuidado en entornos de control y vigilancia que disuaden a las usuarias.
Demandas clave para una reforma integral
Presupuesto y estándares de derechos humanos
Para despenalizar el aborto voluntario en México de manera efectiva, las organizaciones proponen seis demandas concretas que van más allá de lo penal y tocan lo presupuestal y sanitario. Primero, la reforma inmediata de los códigos penales estatales para eliminar por completo el delito de aborto, asegurando que ninguna ley local contradiga el fallo federal. Segundo, la asignación de recursos suficientes en el presupuesto federal y estatal para la interrupción voluntaria del embarazo, lo que permitiría equipar hospitales y centros de salud con el personal y los insumos necesarios.
En tercer lugar, se exige que las instituciones sanitarias cumplan con los estándares más altos de derechos humanos, alineados con las recomendaciones de organismos internacionales sobre aborto seguro. Esto incluye protocolos claros para evitar estigmas y garantizar la confidencialidad, especialmente en comunidades indígenas o rurales donde el machismo cultural aún impone barreras invisibles. Cuarto, la supervisión estricta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de todos los servicios de aborto, tanto en el sector público como privado, para prevenir abusos y asegurar calidad.
Regulación de la objeción de conciencia
Quinto, las colectivas urgen la inclusión en la Ley General de Salud de una regulación precisa sobre la objeción de conciencia, que no debe usarse como pretexto para negar servicios esenciales. En muchos casos, médicos que invocan esta cláusula derivan a las pacientes a otros centros lejanos, lo que dilata el proceso y aumenta los riesgos. Finalmente, la sexta demanda enfatiza la necesidad de un marco legal que priorice el bienestar de las personas gestantes por encima de convicciones individuales, reconociendo que el aborto es un componente esencial del derecho a la salud reproductiva.
Estas propuestas para despenalizar el aborto voluntario en México responden a un contexto más amplio de retrocesos en derechos humanos bajo administraciones que, aunque prometen avances, fallan en la implementación. La movilización del 28 de septiembre, con marchas en múltiples estados, busca visibilizar estas carencias y presionar a legisladores locales y federales para actuar con celeridad.
Impacto en la sociedad y avances pendientes
La lucha por despenalizar el aborto voluntario en México no es solo jurídica; tiene un impacto profundo en la equidad de género y la reducción de la mortalidad materna. Según datos de organizaciones especializadas, miles de procedimientos clandestinos ocurren anualmente debido a estas lagunas legales, contribuyendo a cifras alarmantes de complicaciones y muertes evitables. En regiones como el sur-sureste, donde la pobreza extrema afecta al 70% de la población femenina, el acceso al aborto seguro podría transformar vidas, permitiendo a mujeres jóvenes continuar estudios o escapar de ciclos de violencia doméstica.
Además, despenalizar el aborto voluntario en México alinearía al país con estándares globales de salud reproductiva, como los promovidos por la ONU y la OMS, que clasifican la criminalización como una forma de discriminación estructural. Las colectivas feministas argumentan que esta reforma no solo liberaría recursos judiciales —evitando procesamientos innecesarios—, sino que fomentaría una cultura de empatía y autonomía corporal, esencial en una nación marcada por desigualdades históricas.
Las movilizaciones recientes, que reunieron a miles en plazas públicas de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, subrayan el momentum de este movimiento. Activistas de diversas edades y orígenes compartieron testimonios que humanizan la estadística: mujeres que, ante embarazos no deseados por razones económicas o de salud, recurrieron a métodos caseros por miedo al sistema penal. Estos relatos impulsan la narrativa de que despenalizar el aborto voluntario en México es un imperativo ético, no un lujo.
En conversaciones informales con representantes de grupos como GIRE y Fondo María, se resalta cómo la sentencia de la SCJN de 2023 sirvió de catalizador, pero sin reformas estatales, queda como un avance a medias. Expertos en políticas públicas, consultados en foros recientes, coinciden en que la inercia legislativa en estados conservadores perpetúa un mosaico de derechos fragmentados, y solo una presión sostenida de la sociedad civil puede romperlo.
Por otro lado, informes de la red nacional de clínicas de salud reproductiva indican que, en los estados con despenalización parcial, el número de atenciones ha aumentado un 40% en los últimos dos años, demostrando la demanda reprimida. Sin embargo, persisten brechas en la educación sexual integral, que las colectivas vinculan directamente a la necesidad de despenalizar el aborto voluntario en México para prevenir embarazos no planificados desde la raíz.