Despenalización total del aborto voluntario representa una demanda urgente en México, impulsada por colectivos feministas y organizaciones civiles que buscan reformar los códigos penales estatales para eliminar cualquier vestigio de criminalización. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, 37 entidades firmantes han elevado la voz para garantizar no solo la legalidad, sino un acceso efectivo y sin barreras a este derecho reproductivo fundamental. Esta exigencia surge tras la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, que despenalizó el aborto a nivel federal, declarando que se trata de un ejercicio del derecho a decidir y obligando al Estado a ofrecer servicios de salud gratuitos, confidenciales y no discriminatorios.
La despenalización total del aborto voluntario no es un logro aislado, sino el resultado de décadas de lucha por los derechos reproductivos. En México, donde el aborto fue penalizado durante más de un siglo, el avance federal ha sido un hito, pero persisten desigualdades regionales que perpetúan violaciones a los derechos humanos. Mientras en el Código Penal Federal ya no existe el delito, en ocho estados del país el aborto sigue tipificado como crimen, lo que deja a miles de mujeres, niñas y personas gestantes en una zona de vulnerabilidad extrema. Esta fragmentación legal genera un mosaico de protecciones desiguales, donde la despenalización total del aborto voluntario se convierte en la clave para una equidad real en salud sexual.
Desafíos en el acceso a servicios de aborto
A pesar de los progresos, la implementación de la despenalización total del aborto voluntario enfrenta obstáculos significativos en los estados. En al menos 21 entidades, se ofrecen servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) limitados hasta la semana 12.6 de gestación, y en Sinaloa se extiende hasta la 13.6. Sin embargo, estos avances son insuficientes: en lugares como Michoacán, donde el aborto ya está despenalizado, los servicios se concentran en la capital, dejando a comunidades rurales en el abandono. Agréguese a esto un contexto de inseguridad rampante —Michoacán concentra el 54% de los homicidios nacionales— y la militarización que complica el traslado, y el panorama se torna alarmante. La despenalización total del aborto voluntario debe ir acompañada de políticas que superen estas barreras geográficas y de seguridad.
Un caso emblemático ilustra la urgencia de esta reforma: en Tamaulipas, hace algunas semanas, se negó el acceso al aborto por violación a una niña de 10 años, un hecho que expone la crudeza de las leyes restrictivas. En estados con despenalización parcial, los retrasos burocráticos y la falta de personal capacitado violan estándares internacionales de derechos humanos. Organizaciones como Abortistas MX, entre las firmantes, insisten en que la despenalización total del aborto voluntario no solo derogue artículos penales, sino que impulse una transformación estructural en el sistema de salud.
Barreras estatales y violaciones a derechos humanos
La despenalización total del aborto voluntario exige derogar el delito en los 33 códigos penales estatales, un paso pendiente que dejaría obsoletas las prohibiciones en esos ocho bastiones conservadores. Más allá de la legalidad, los colectivos demandan presupuesto adecuado para la atención de abortos, asegurando que instituciones como el IMSS y el ISSSTE cumplan con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe supervisar tanto servicios públicos como privados, eliminando prácticas clandestinas que ponen en riesgo vidas.
En este sentido, la regulación de la objeción de conciencia emerge como un punto crítico. La Ley General de Salud debe priorizar el derecho a la salud sobre convicciones personales, garantizando que ninguna persona sea privada de un servicio esencial por creencias individuales. La despenalización total del aborto voluntario, en este marco, se posiciona como un pilar para la equidad de género, protegiendo especialmente a mujeres cis, hombres trans, personas transmaculinas y no binarias que enfrentan estigmas adicionales.
Demandas clave para una reforma integral
Las seis demandas presentadas por los colectivos van más allá de la mera derogación legal. Primero, la despenalización total del aborto voluntario en todos los estados, alineada con la jurisprudencia de la SCJN. Segundo, acceso efectivo en los 24 estados donde ya es legal, con protocolos estandarizados que eviten discriminación. Tercero, asignación de recursos presupuestales suficientes para capacitar personal médico y equipar centros de salud. Cuarto, cumplimiento estricto de estándares de derechos humanos en todos los procedimientos, desde la confidencialidad hasta la no revictimización.
Quinto, supervisión rigurosa por parte de Cofepris para erradicar servicios irregulares. Y sexto, una reforma a la Ley General de Salud que limite la objeción de conciencia, asegurando que el bienestar de la paciente prevalezca. Estas propuestas no son abstractas: responden a datos concretos, como el hecho de que en México aún se realizan alrededor de 1,000 abortos clandestinos diarios, según estimaciones de organizaciones especializadas en salud sexual. La despenalización total del aborto voluntario podría reducir drásticamente estas cifras, salvando vidas y liberando recursos para atención integral.
El rol del Estado en la garantía de derechos reproductivos
El Estado mexicano, obligado por fallos constitucionales, tiene la responsabilidad de traducir la despenalización total del aborto voluntario en políticas concretas. En un país donde la maternidad forzada afecta desproporcionadamente a sectores vulnerables —mujeres indígenas, migrantes y de bajos ingresos—, esta reforma se erige como un imperativo ético y jurídico. Los colectivos enfatizan que sin acceso real, la legalidad es ilusoria: en regiones con alta violencia de género, como el norte y el Pacífico, las barreras logísticas equivalen a una denegación de facto.
El 28 de septiembre, miles de personas saldrán a las calles en marchas simultáneas por un aborto legal, seguro y accesible. Estas movilizaciones, que se extenderán a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, buscan visibilizar no solo la despenalización total del aborto voluntario, sino el continuum de derechos reproductivos: desde anticonceptivos gratuitos hasta educación sexual integral. En un contexto post-pandemia, donde los servicios de salud se vieron colapsados, esta lucha adquiere renovada urgencia, recordando que la salud no es un privilegio, sino un derecho inalienable.
La despenalización total del aborto voluntario también intersecta con debates más amplios sobre autonomía corporal. En México, donde el feminicidio sigue siendo una epidemia —con más de 10 mujeres asesinadas al día, según registros oficiales—, empoderar decisiones reproductivas es una forma de resistencia. Organizaciones como GIRE y las firmantes de esta demanda han documentado cómo las restricciones penales perpetúan ciclos de pobreza y desigualdad, afectando el desarrollo económico de familias enteras. Al integrar salud sexual en agendas nacionales, se podría transformar la narrativa de la mujer como mera reproductora en una de agencia plena.
Mirando hacia el futuro, expertos en políticas públicas sugieren que la despenalización total del aborto voluntario podría inspirar reformas en América Latina, donde países como Argentina y Colombia han liderado avances similares. En México, el reto radica en la coordinación federal-estatal: mientras el gobierno central avanza, estados rezagados deben alinearse para evitar un federalismo fragmentado en derechos humanos. Esta convergencia no solo beneficiaría a las gestantes, sino fortalecería el tejido social, reduciendo cargas en sistemas judiciales saturados por casos de aborto mal practicado.
En conversaciones con activistas de base, se resalta cómo informes de la ONU sobre derechos de las mujeres han influido en estas demandas, subrayando la necesidad de datos desagregados por género y región. Asimismo, estudios de la OMS citados en foros nacionales enfatizan que el acceso oportuno a IVE reduce mortalidad materna en un 30%, un argumento irrefutable para legisladores. Finalmente, publicaciones especializadas en género, como las de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, han mapeado las brechas estatales, proporcionando evidencia clave para estas movilizaciones.