Ayotzinapa sigue siendo un símbolo vivo de impunidad y dolor en México, donde 11 años después de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de las víctimas rechazan de plano que la presidenta Claudia Sheinbaum repita el camino fallido de Andrés Manuel López Obrador. Este caso, que ha marcado la historia reciente del país, no solo expone las grietas en el sistema de justicia, sino que cuestiona la verdadera voluntad política de un gobierno que prometió verdad y justicia, pero que ha tropezado una y otra vez con la opacidad institucional. La desaparición forzada de Ayotzinapa no es un episodio aislado; es un crimen de Estado que exige rendición de cuentas inmediata, y las familias no cejarán hasta que se desmantele la red de complicidades que ha protegido a los responsables.
Los 11 años de agonía: De la "Verdad Histórica" a promesas rotas
Han transcurrido 11 años desde aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron interceptados en Iguala, Guerrero. Lo que comenzó como una protesta estudiantil derivó en una masacre orquestada con la participación de autoridades locales, federales y elementos del crimen organizado. La llamada "Verdad Histórica", impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula por miembros del Cártel Guerreros Unidos, una narrativa que las familias y expertos independientes han desmontado como una farsa diseñada para encubrir la responsabilidad estatal.
Durante su campaña presidencial en 2018, López Obrador capitalizó el clamor por justicia en Ayotzinapa, prometiendo no solo esclarecer los hechos, sino encontrar con vida a los desaparecidos. "No habrá impunidad", repetía en mítines y spots electorales, posicionando el caso como emblema de su transformación contra la corrupción del pasado. Sin embargo, seis años de sexenio morenista transcurrieron con avances mínimos: detenciones selectivas, pero sin tocar el núcleo del Ejército mexicano, implicado en torturas y ocultamiento de pruebas. Hoy, con Claudia Sheinbaum asumiendo la Presidencia, las familias observan con escepticismo cómo se repite el guion: mesas de diálogo que prometen mucho y entregan poco, especialmente cuando se confronta la opacidad militar.
Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, Mauricio Ortega Valerio, lo dice sin rodeos: "No existe confianza todavía; la va a generar la presidenta solo si hay resultados concretos". En las primeras cinco reuniones con el nuevo gobierno, las demandas han chocado contra el muro del Ejército, que niega poseer información adicional pese a evidencias en contrario. Este rechazo a la transparencia no es casual; es el mismo patrón que López Obrador defendió al priorizar la "institucionalidad" militar sobre la búsqueda de verdad. Ayotzinapa, en este contexto, se convierte en un termómetro para medir si Sheinbaum optará por la continuidad de la simulación o por una ruptura real con la impunidad.
La resistencia de las familias: No más "Verdad Histórica"
Las familias de Ayotzinapa han transformado su duelo en una fuerza imparable, rechazando cualquier intento de revivir la "Verdad Histórica" que minimiza el rol del Estado. Vidulfo Rosales, quien por casi una década asesoró legalmente a los colectivos, abandonó recientemente su rol para unirse al equipo de Hugo Aguilar en la Suprema Corte, dejando un vacío que ahora llena Isidoro Vicario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Vicario enfatiza que no se permitirá un retroceso: "Necesitamos avanzar hacia adelante, no reciclar narrativas falsas que culpan solo al narco".
En estos 11 años, se han logrado avances simbólicos pero insuficientes. Ocho soldados han sido detenidos por su presunta participación en los hechos, junto con figuras como Jesús Murillo Karam, exprocurador que fabricó la "Verdad Histórica", y la exmagistrada Lambertina Galeana, acusada de destruir videos del C4 en Iguala que capturaron el secuestro. Sin embargo, el gobierno de Morena ha fallado en extraditar a Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel y exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, o a Ulises Bernabé, juez de Iguala asilado en Estados Unidos y señalado por entregar a 17 estudiantes al crimen organizado. Más grave aún, la Secretaría de la Defensa Nacional retiene más de 800 sábanas de registros telefónicos que podrían desentrañar la cadena de mando.
Este estancamiento no solo frustra a las familias, sino que agrava el costo humano. Seis padres y madres han fallecido en estos 11 años, víctimas de enfermedades agravadas por la angustia crónica y la falta de cierre. "Es muy fuerte pensar en perder la vida sin saber el paradero de mi hijo", confiesa una de las madres en entrevistas recientes, un testimonio que resuena como un llamado ético al nuevo gobierno. Ayotzinapa no es solo un caso de desaparición forzada; es un espejo de la crisis nacional de derechos humanos, donde más de 110 mil personas desaparecidas claman por políticas que vayan más allá de la retórica.
El Ejército en el centro: ¿Impunidad blindada bajo Sheinbaum?
La implicación del Ejército mexicano en Ayotzinapa es el elefante en la habitación que ningún presidente ha querido enfrentar. Desde las primeras investigaciones, se sabe que elementos castrenses torturaron testigos, manipularon evidencias y posiblemente participaron en el traslado de los normalistas. Bajo López Obrador, la defensa inquebrantable de las Fuerzas Armadas —elevadas a "pueblo en uniforme"— impidió avances profundos, incluso cuando la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa señaló al Ejército como actor clave. Ahora, con Sheinbaum, las mesas de trabajo repiten el ritual: compromisos verbales que se evaporan ante la negativa militar de entregar documentos.
Este blindaje no es inocente; es una elección política que prioriza la estabilidad institucional sobre la justicia. Las familias insisten en que, sin acceso a esa información, cualquier promesa de Sheinbaum es mera cosmética. "El Ejército dice que ya entregó todo, pero sabemos que mienten", denuncia Ortega, reflejando una desconfianza forjada en años de engaños. En un país donde el 70% de las desapariciones involucran a fuerzas de seguridad, Ayotzinapa representa el fracaso sistémico de un modelo que humaniza a los uniformados pero deshumaniza a las víctimas.
Avances parciales y el costo de la espera
A pesar de las sombras, no todo es oscuridad. La detención de Murillo Karam y Galeana, junto con los soldados, marca un quiebre con la impunidad total de Peña Nieto. La Comisión del Caso Ayotzinapa (COVA) ha impulsado peritajes independientes que contradicen la "Verdad Histórica", probando que no hubo incineración masiva en Cocula. Sin embargo, estos logros palidecen ante las pendientes: la extradición de Zerón y Bernabé, y la liberación de los registros telefónicos. Para las familias, estos son pasos obligados, no favores.
El nuevo gobierno de Sheinbaum enfrenta un dilema: ¿repetir el camino de AMLO, donde Ayotzinapa se convierte en botín electoral pero no en prioridad ejecutiva? Las protestas recientes en Guerrero y la Ciudad de México, con marchas que exigen "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", dejan claro que la sociedad no olvida. En un contexto de elecciones judiciales y reformas controvertidas, resolver Ayotzinapa podría ser el parteaguas que legitime a Morena o lo condene a la hipocresía.
Hacia un futuro incierto: La lucha que no amaina
Once años de Ayotzinapa han moldeado a México, exponiendo cómo el poder protege a los suyos mientras las víctimas cargan el peso de la historia. Las familias, agotadas pero firmes, ven en Sheinbaum no una salvadora, sino una prueba de fuego. Si el gobierno federal opta por la opacidad, el caso se convertirá en un lastre eterno, alimentando el descontento social. Pero si se atreve a confrontar al Ejército y cumplir las extradiciones, podría abrir la puerta a una justicia restaurativa genuina.
En las voces de Ortega y Vicario, se percibe no solo rabia, sino una esperanza tenaz. "No dejaremos que nos dejen a un lado", afirman, recordando que Ayotzinapa trasciende a los 43: es el grito de miles de desaparecidos. El gobierno de Sheinbaum, heredero de promesas incumplidas, debe elegir: ¿continuidad en la simulación o un viraje hacia la accountability? La respuesta definirá no solo este caso, sino el legado de la llamada Cuarta Transformación.
Como se ha documentado en reportajes de medios independientes que han seguido de cerca las mesas de diálogo y las declaraciones de las familias, el avance depende de presiones externas y la persistencia de los afectados. Entrevistas con expertos en derechos humanos, como las publicadas en portales especializados, subrayan que la retención de evidencias por la Sedena es un obstáculo deliberado. Incluso análisis de organismos internacionales, que han monitoreado el caso desde 2014, coinciden en que sin transparencia militar, la justicia plena es ilusoria.