Huachicol en México sigue siendo un problema grave que afecta la economía y la seguridad nacional, a pesar de las declaraciones oficiales que lo minimizan. En un contexto de escándalos recientes, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha insistido en que esta práctica ilegal prácticamente desapareció durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, las cifras y evidencias en terreno contradicen esta versión, revelando una red persistente de tráfico de combustible que genera pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y pone en riesgo a comunidades enteras. Este fenómeno, conocido como huachicol, no solo involucra el robo directo de ductos, sino también formas evolucionadas como el contrabando fiscal y la compra irregular por parte de entidades gubernamentales.
La negación oficial del huachicol bajo el sexenio de AMLO
Durante una conferencia de prensa en Oaxaca, Luisa María Alcalde defendió con vehemencia el legado de AMLO en materia de combate al huachicol. "No, eso (el huachicol) prácticamente se acabó con Andrés Manuel López Obrador, como él lo declaró en su momento, porque había toda una cadena de corrupción en donde se ordeñaban los ductos de Pemex", afirmó la morenista. Según su narrativa, el desabasto de combustible registrado en 2019 fue un paso necesario para cerrar válvulas y erradicar la corrupción arraigada en la paraestatal. Alcalde argumentó que las actuales menciones al "huachicol fiscal" son un invento opositor, ya que se trata en realidad de contrabando de hidrocarburos importados del extranjero, no de fugas en infraestructura nacional.
Esta postura oficial busca resaltar los avances del gobierno federal en la lucha contra el robo de combustible, un delito que en administraciones pasadas generaba hasta 60 mil millones de pesos anuales en pérdidas. Bajo AMLO, se implementaron estrategias como el Guardián del 65, un sistema de vigilancia tecnológica en ductos clave, y operativos conjuntos con la Guardia Nacional. No obstante, críticos señalan que estas medidas han sido insuficientes, y el huachicol ha mutado hacia modalidades más sofisticadas, como el uso de facturas falsas para evadir impuestos o la adquisición irregular de combustible por proyectos públicos.
Escándalos recientes que cuestionan el fin del huachicol
A pesar de las afirmaciones de Alcalde, los datos oficiales de Pemex pintan un panorama alarmante. En el primer trimestre de 2025, se detectaron más de dos mil 400 tomas clandestinas a nivel nacional, un incremento respecto a periodos previos. Para todo 2024, la cifra ascendió a 11 mil 774 intervenciones, lo que equivale a un promedio de 32 tomas diarias. Estas perforaciones ilegales no solo drenan recursos energéticos, sino que provocan riesgos ambientales y explosiones que han cobrado vidas en estados como Hidalgo, Puebla y Guanajuato, epicentros históricos del huachicol.
Uno de los escándalos más notorios surgió el 27 de noviembre de 2024, cuando se reveló que el Ejército mexicano, responsable de la construcción del Tren Maya, adquirió combustible ilegal para el tramo 7 del proyecto. Audios filtrados involucraron a figuras cercanas a la familia presidencial, como Amílcar Olán, integrante de "El Clan", y referencias a "Bobby" y "Andy" López Beltrán, presuntamente al tanto de estas compras ilícitas. Este caso ilustra cómo el huachicol se infiltra incluso en obras emblemáticas del gobierno, socavando la credibilidad de las promesas de erradicación.
Otro golpe al discurso oficial ocurrió el 29 de mayo de 2025, con un megaoperativo en Tabasco coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades aseguraron más de tres millones de litros de combustible robado y 18 vehículos, desmantelando una red que operaba con impunidad en la región. Apenas un mes después, el 24 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que parte del huachicol decomisado durante su administración se utilizaba paradójicamente en dependencias como Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). "El combustible que se ha decomisado en lo que va de mi gobierno se está utilizando en Pemex y Sedena", declaró, en un intento por justificar el reuso de bienes ilícitos, pero que generó críticas por normalizar el problema.
Impacto económico y social del huachicol en el México actual
El huachicol no es solo un delito contra el erario; representa una amenaza multifacética para el desarrollo del país. Económicamente, las pérdidas para Pemex superan los 100 mil millones de pesos acumulados en los últimos años, lo que agrava la deuda de la petrolera estatal y limita inversiones en refinación y exploración. Socialmente, fomenta la delincuencia organizada, con grupos como el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato controlando rutas de distribución que rivalizan con el narcotráfico. Comunidades enteras viven bajo la sombra de la violencia, con enfrentamientos armados y extorsiones que desalientan la inversión local.
En el ámbito de la seguridad energética, el huachicol expone vulnerabilidades en la infraestructura crítica. Expertos en Pemex estiman que el 70% de las tomas clandestinas ocurren en el Golfo de México y el centro del país, donde la vigilancia es complicada por la geografía. Además, la evolución hacia el "huachicol fiscal" —que implica el lavado de combustible adulterado a través de importaciones ficticias— complica la detección, ya que evade los controles tradicionales de ductos. Esta modalidad, según analistas, podría representar hasta el 40% del total robado en 2025, demandando reformas fiscales y aduaneras más estrictas.
Bajo el gobierno de Morena, se han impulsado iniciativas como la digitalización de inventarios en Pemex y la colaboración internacional para rastrear contrabando desde Centroamérica. Sin embargo, la persistencia de casos como el del Tren Maya sugiere fallas en la supervisión interna. La presidenta Sheinbaum ha prometido intensificar operativos, pero sin una estrategia integral que aborde la corrupción raíz, el huachicol amenaza con erosionar la confianza pública en las instituciones.
Desafíos para erradicar el huachicol de una vez por todas
Erradicar el huachicol requiere más que declaraciones; demanda inversión en tecnología, como drones y sensores IoT para monitoreo en tiempo real, y una depuración profunda en Pemex. Estados como Nuevo León y Veracruz han reportado reducciones locales gracias a alianzas con empresas privadas, pero a nivel federal, la coordinación entre secretarías deja mucho que desear. La SSPC, por ejemplo, ha decomisado miles de toneladas de hidrocarburos, pero la tasa de reutilización en dependencias gubernamentales genera dudas sobre el compromiso real.
En regiones petroleras, el huachicol también impacta el medio ambiente, con derrames que contaminan ríos y suelos, afectando la agricultura y la salud pública. Organizaciones civiles exigen transparencia en los reportes de Pemex, argumentando que las cifras oficiales subestiman el problema para proteger la imagen del gobierno. Mientras tanto, la oposición acusa a Morena de solapar redes que benefician a aliados políticos, un señalamiento que Alcalde descartó como "campaña sucia".
A medida que México transita hacia la transición energética, con énfasis en renovables, el huachicol podría mermar recursos para estos proyectos. La diversificación de fuentes energéticas, como el gas natural y la solar, podría reducir la dependencia de Pemex, pero sin control al robo actual, el avance se ve frenado.
En este panorama, las palabras de Luisa María Alcalde resuenan con optimismo oficial, pero chocan contra la realidad documentada. Como se ha visto en reportes de medios independientes y datos de Pemex, el huachicol no ha desaparecido, sino que se ha adaptado. Fuentes como Latinus han destapado conexiones inesperadas en proyectos federales, mientras que operativos de la SSPC confirman la magnitud del decomiso. Incluso declaraciones de la propia presidenta Sheinbaum aluden a su uso en entidades clave, lo que invita a una reflexión más profunda sobre la efectividad de las políticas implementadas desde el sexenio de AMLO.
