Gobierno AMLO adjudica contratos millonarios a familiares de allegados al poder, revelando posibles irregularidades en Pemex que cuestionan la transparencia prometida por la Cuarta Transformación. Esta adjudicación, que suma casi 3 mil millones de pesos, no solo beneficia a un sobrino político de Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal "La Barredora", sino que coincide sospechosamente con el ascenso de Bermúdez al cargo de secretario de Seguridad en Tabasco. En un sexenio que se jacta de combatir la corrupción, esta entrega de contratos públicos por parte del gobierno AMLO expone grietas en el sistema, donde empresas inhabilitadas por fraudes documentales resurgen para embolsarse fondos federales destinados a obras estatales.
Irregularidades en contratos Pemex bajo el gobierno AMLO
El escándalo estalla cuando se destapa que el gobierno AMLO, a través de Petróleos Mexicanos, canalizó recursos masivos hacia empresas ligadas a figuras controvertidas. Hernán Bermúdez Requena, extraditado y señalado como cabecilla de una red delictiva en Tabasco, vio cómo su sobrino político, un empresario de bajo perfil pero con conexiones en las alturas del morenismo, se convertía en receptor de al menos tres contratos jugosos. Estos acuerdos, firmados en el apogeo de la administración lopezobradorista, ascienden a 2 mil 980 millones de pesos exactos, según registros oficiales que ahora salen a la luz. Las obras, supuestamente para infraestructura en Tabasco, incluyen proyectos de construcción y mantenimiento que deberían haber impulsado el desarrollo regional, pero que en cambio languidecen en el limbo burocrático.
Lo que más indigna es el timing perfecto: justo cuando Bermúdez Requena ponía un pie en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, los contratos fluían como agua de manantial desde Pemex. Este gobierno AMLO, que tanto alardea de austeridad republicana, parece haber ignorado banderas rojas flagrantes. Las empresas del sobrino, previamente sancionadas por presentar documentación falsa en licitaciones pasadas, fueron rehabilitadas de la noche a la mañana. ¿Coincidencia o favoritismo descarado? Expertos en transparencia fiscal no dudan en calificar esto como un claro conflicto de intereses, donde el nepotismo se disfraza de eficiencia administrativa. Y no termina ahí: el mismo beneficiario obtuvo un crédito blando de 40 millones de dólares de Nacional Financiera, otra entidad federal que debería velar por el uso responsable del erario.
Conexiones políticas: el lazo con Adán Augusto López
En el enredo de este caso, emerge la sombra del senador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y eterno aspirante presidencial de Morena. El sobrino de Bermúdez no solo comparte mesa con este peso pesado del gobierno AMLO, sino que su red de empresas parece tejida con hilos de influencia directa desde el Palacio Nacional. Fuentes cercanas al Congreso revelan que estas relaciones facilitaron el acceso a información privilegiada sobre licitaciones en Pemex, permitiendo que las propuestas del familiar salieran airosas en procesos que, en teoría, son abiertos y competitivos.
Bermúdez Requena, con su historial delictivo a cuestas, representa el colmo de la ironía: un supuesto guardián de la seguridad estatal, cuya familia se lucra con contratos federales. El gobierno AMLO, que prometió erradicar el huizache de la corrupción, ahora enfrenta acusaciones de haber regado el terreno para que crezca. En Tabasco, epicentro de esta trama, las obras prometidas —desde ductos de gas hasta rehabilitaciones de refinerías menores— acumulan polvo y reclamos de comunidades afectadas. Casi cinco años de retrasos en algunos proyectos, y el dinero ya engrosó bolsillos privados. ¿Dónde queda la accountability que tanto se pregona en las mañaneras?
Retrasos en obras y el costo para Tabasco
Profundizando en los detalles, estos contratos del gobierno AMLO no son meras transacciones administrativas; son promesas rotas a un estado azotado por la inseguridad y la pobreza. En Villahermosa y Macuspana, zonas clave de Tabasco, las comunidades esperaban que estos fondos revitalizaran economías locales, pero en su lugar hallaron excusas y demoras interminables. Un contrato por 1.2 mil millones de pesos, destinado a la ampliación de una terminal de almacenamiento de Pemex, lleva cuatro años y medio estancado, con solo un 30% de avance reportado en auditorías internas. Otro, por 980 millones, para mantenimiento de oleoductos, ni siquiera ha roto suelo, mientras el sobrino de Bermúdez acumula ganancias por anticipos.
Esta opacidad en la ejecución de contratos públicos bajo el gobierno AMLO alimenta el descontento generalizado. Organizaciones civiles en Tabasco denuncian que, mientras el crimen organizado —posiblemente vinculado a figuras como Bermúdez— asfixia la región, el dinero federal se desvía hacia parientes de los mismos que deberían combatirlo. La relación con Adán Augusto López añade sal a la herida: el senador, con su influencia en comisiones energéticas, podría haber allanado el camino para estas adjudicaciones, recordando otros escándalos de favoritismo en el sexenio.
Impacto en la transparencia de Pemex y el legado de AMLO
El caso ilustra un patrón preocupante en la gestión de Pemex durante el gobierno AMLO: adjudicaciones apresuradas a aliados, ignorando historiales dudosos. Las empresas del sobrino, inhabilitadas en 2019 por falsificación de documentos en una licitación menor, reaparecieron en 2021 con avales inexplicables. Nacional Financiera, al otorgar ese crédito de 40 millones de dólares, parece haber cerrado los ojos a las alertas de riesgo, priorizando lazos políticos sobre due diligence financiera.
En un país donde la corrupción devora recursos públicos, este episodio del gobierno AMLO refuerza la percepción de que la lucha anticorrupción es selectiva. Tabasco, cuna política de López Obrador, se convierte en el escenario perfecto para estos desmanes, donde el clientelismo florece bajo el manto de la "austeridad". Analistas estiman que, de recuperarse estos fondos, podrían destinarse a programas sociales reales, no a bolsillos familiares.
Pero más allá de los números, el daño es moral: el gobierno AMLO, que llegó con banderas de honestidad, ahora navega en mares de sospechas. ¿Cuántos casos similares yacen ocultos en los archivos de Pemex? La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
Como se desprende de revisiones a documentos oficiales y reportes periodísticos recientes, esta adjudicación no es un hecho aislado, sino parte de un mosaico mayor que incluye auditorías del INAI y quejas ante la SFP. En conversaciones con expertos en finanzas públicas, se menciona que similares patrones se observan en otros estados sureños, según datos cruzados de transparencia. Y en foros especializados, como los que discuten gobernanza energética, este tipo de contratos resalta como ejemplo de lo que aún falta por limpiar en el sector.