Cámaras de vigilancia de la delincuencia representan un peligro inminente para la seguridad nacional, según el reciente exhorto del Senado de la República a los gobiernos estatales. En un dictamen aprobado por unanimidad, la cámara alta del Congreso mexicano llamó a los 32 gobiernos estatales y al de la Ciudad de México a identificar y eliminar de inmediato estos dispositivos instalados presuntamente por grupos criminales. Estas cámaras, que monitorean movimientos de autoridades y rivales, socavan el control territorial del Estado y agravan la crisis de inseguridad que azota al país. El problema no es nuevo, pero su magnitud ha escalado, convirtiéndose en una herramienta clave para el crimen organizado que opera con impunidad en varias regiones.
La aprobación de este dictamen surge en un contexto de creciente preocupación por la expansión de la vigilancia ilegal. Mientras el gobierno federal impulsa iniciativas de seguridad, como el uso regulado de tecnología en operativos, las cámaras de vigilancia de la delincuencia se infiltran en espacios públicos sin control. Según el texto legislativo, muchas de estas instalaciones podrían deberse a desconocimiento de las normas, pero la evidencia apunta a una estrategia deliberada de los cárteles para anticipar redadas y proteger sus rutas de tráfico. Esta situación viola directamente la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, que reserva a las autoridades la colocación de equipos en puntos estratégicos para prevenir delitos. El Senado, en su rol de vigilante de la federación, no puede ignorar cómo estos aparatos fortalecen el poder paralelo de la delincuencia organizada, erosionando la confianza en instituciones que ya enfrentan críticas por su efectividad.
Cámaras de vigilancia de la delincuencia: casos alarmantes en el país
En los últimos meses, varios estados han reportado descubrimientos masivos de estos dispositivos, lo que ilustra la urgencia del llamado senatorial. En Celaya, Guanajuato, una de las zonas más golpeadas por la violencia delictiva, se detectaron cerca de 1,400 cámaras de vigilancia de la delincuencia instaladas de forma irregular. El alcalde local ha vinculado directamente estas a grupos armados que las usan para espiar patrullas y movimientos policiales, convirtiendo las calles en un tablero de ajedrez donde el crimen siempre va un paso adelante. Esta cifra alarmante no solo revela la audacia de los criminales, sino también la lentitud en la respuesta de gobiernos locales, que a menudo carecen de recursos o voluntad para actuar con rapidez.
Otro foco de preocupación es Baja California, donde en noviembre de 2024 se retiraron 265 cámaras en tres municipios clave. Tijuana vio la desactivación de 35 unidades, Mexicali 46 y Tecate la mayor cantidad con 188. Estas acciones, coordinadas por autoridades estatales, expusieron cómo las cámaras de vigilancia de la delincuencia se camuflan en postes y fachadas, transmitiendo datos en tiempo real a centros de mando clandestinos. En Veracruz, el panorama es igual de sombrío: se inhabilitaron 50 videocámaras presuntamente controladas por facciones delictivas, aunque las fechas exactas de estas operaciones no han sido detalladas públicamente. Estos retiros, aunque positivos, son solo la punta del iceberg, ya que expertos en seguridad estiman que por cada cámara detectada, al menos tres o cuatro operan en la sombra, alimentando un ecosistema de impunidad.
Intervenciones recientes contra la vigilancia ilegal
No menos impactante es el caso de Chiapas, donde el 19 de febrero de 2025, la Fiscalía estatal junto con policías desinstalaron un número indeterminado de cámaras de vigilancia de la delincuencia en zonas fronterizas propensas a migración irregular y tráfico de personas. Estas acciones subrayan cómo el crimen transnacional aprovecha la geografía para instalar su red de ojos electrónicos. En Sinaloa, epicentro de carteles rivales, el 20 de febrero de 2025 se aseguraron alrededor de 64 cámaras colocadas irregularmente en Culiacán, la capital del estado. Las autoridades locales reportaron que estos dispositivos estaban conectados a sistemas remotos, permitiendo a los operadores delictivos coordinar evasiones en cuestión de minutos. Estos ejemplos no son aislados; forman parte de un patrón nacional donde la delincuencia organizada invierte en tecnología barata pero efectiva para contrarrestar esfuerzos de inteligencia gubernamental.
El dictamen del Senado no solo exhorta a la acción inmediata, sino que enfatiza la necesidad de protocolos unificados para la detección. Se insta a los gobiernos a realizar auditorías exhaustivas en infraestructura urbana, involucrando a la Guardia Nacional y secretarías de Seguridad estatales. Además, se propone capacitar a municipios en el uso de drones y software de análisis para mapear estas amenazas. Sin embargo, críticos señalan que sin presupuesto adicional, estas recomendaciones podrían quedarse en papel mojado, especialmente en estados con finanzas precarias. La proliferación de cámaras de vigilancia de la delincuencia también plantea dilemas éticos: ¿quién vigila al vigilante cuando el Estado pierde el control? Esta pregunta resuena en un México donde la inseguridad ya ha cobrado miles de vidas al año, y donde la percepción de vulnerabilidad es palpable en comunidades enteras.
Implicaciones para la seguridad pública y el Estado de derecho
La presencia de estas cámaras no solo alerta a los criminales sobre operativos, sino que también disuade a testigos y víctimas de colaborar con las autoridades. En un país con tasas de homicidio que superan los promedios globales, cualquier herramienta que empodere a la delincuencia organizada agrava la crisis humanitaria. El Senado, al aprobar este exhorto, envía un mensaje claro: la federación no tolerará que estados cedan terreno ante el narco. No obstante, la implementación depende de gobernadores y alcaldes, muchos de los cuales enfrentan presiones políticas y presupuestales. En este sentido, el dictamen podría servir como catalizador para reformas más amplias, como la actualización de la legislación federal sobre videovigilancia, incorporando sanciones más severas para quienes faciliten estas instalaciones ilegales.
Desde una perspectiva más amplia, las cámaras de vigilancia de la delincuencia reflejan fallas sistémicas en la estrategia de seguridad nacional. Mientras el gobierno federal invierte en programas como "Sembrando Vida" o el Tren Maya para fomentar desarrollo en zonas marginadas, el vacío dejado por la ausencia de presencia estatal permite que el crimen llene el hueco con su propia infraestructura. Expertos en criminología argumentan que combatir esta vigilancia ilegal requiere un enfoque multifacético: desde inteligencia artificial para rastreo hasta alianzas con empresas de telecomunicaciones para bloquear señales no autorizadas. Sin estas medidas, el exhorto del Senado podría diluirse en la rutina de declaraciones sin sustancia.
En regiones como el Bajío y el Pacífico, donde la violencia por disputas territoriales es endémica, el retiro de estas cámaras ha generado expectativas de calma temporal, pero la experiencia enseña que los grupos delictivos adaptan rápidamente sus tácticos. En Guanajuato, por instancia, tras el desmantelamiento en Celaya, se reportaron intentos de reinstalación en áreas rurales, lo que obliga a patrullajes constantes. Esto ilustra la tenacidad de la amenaza y la necesidad de monitoreo continuo.
Para cerrar, vale la pena destacar que reportes de medios independientes como Latinus han sido clave en visibilizar estos casos, desde los retiros en Baja California hasta las operaciones en Sinaloa, basados en datos de fiscalías estatales. Asimismo, análisis de think tanks especializados en seguridad pública, como México Evalúa, han subrayado en estudios recientes la correlación entre vigilancia ilegal y picos de violencia, con cifras que coinciden en la magnitud de los retiros mencionados. Finalmente, comunicados oficiales del Senado, accesibles en su portal legislativo, detallan el texto completo del dictamen, reforzando la urgencia de una respuesta coordinada sin demoras.