Hernán Bermúdez autorizó el asesinato de dos policías en Tabasco, según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que expone nexos profundos entre funcionarios públicos y el crimen organizado en el estado sureño. Este revelador documento, al que se tuvo acceso exclusivo, detalla cómo el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, dio luz verde a la ejecución de Isabelino García de la Rosa, alias "Chabelo", y José Zapata Jiménez, conocido como "Pepe Zapata", en un contexto de violencia descontrolada que amenazaba la estabilidad regional. La orden de aprehensión contra Bermúdez, emitida en el marco de una investigación federal, pinta un panorama alarmante de colusión entre el poder estatal y grupos delictivos, donde la seguridad se convierte en un instrumento para encubrir intereses ilícitos.
El caso de Hernán Bermúdez no es un aislado en la historia de Tabasco, un estado marcado por oleadas de violencia que han puesto en jaque a gobiernos locales. En diciembre de 2023, Villahermosa y municipios aledaños como Centro y Nacajuca se vieron sumidos en un caos que incluía quema de vehículos, homicidios selectivos y saqueos generalizados. Según el expediente de la FGR, Bermúdez, presunto líder de la célula criminal "La Barredora", enfrentaba una rebelión interna orquestada por Daniel Hernández Monejo, alias "Prada", un operador clave en la estructura delictiva. Para sofocar la crisis, Bermúdez instruyó a su operador financiero, identificado solo como C.T.D.R., para que negociara con "Prada" y restaurara el orden antes de la inminente visita del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante las fiestas decembrinas. Sin embargo, la estrategia escaló a la barbarie: los dos policías, supuestamente involucrados en un atentado fallido contra "Prada", fueron señalados como chivos expiatorios.
La autorización del crimen: Detalles del expediente de la FGR
Nexos criminales de Hernán Bermúdez en Tabasco
El expediente de la FGR describe con precisión quirúrgica cómo Hernán Bermúdez autorizó el asesinato de los policías para enviar un mensaje disuasorio dentro de su red criminal. "Chabelo" y "Pepe Zapata", elementos de la Policía Estatal, habían participado en un operativo que rozó la vida de "Prada", lo que desató la ira de la cúpula de "La Barredora". Bermúdez, desde su posición oficial como secretario de Seguridad, no solo toleró la retaliación, sino que la impulsó activamente, según testimonios y evidencias recolectadas por agentes federales. Esta revelación expone la fragilidad de las instituciones en Tabasco, donde la línea entre el deber público y la lealtad delictiva se difumina con facilidad.
La ejecución ocurrió en los últimos días de diciembre de 2023, en un clima de tensión que recordaba los peores episodios de inseguridad en la región. Fuentes investigativas indican que los cuerpos de los policías fueron desaparecidos inicialmente, pero el horror culminó el 4 de enero de 2024, cuando la cabeza decapitada de José Zapata Jiménez fue descubierta en una bolsa plástica abandonada en las calles de Pichucalco, Chiapas, un municipio fronterizo que sirve de refugio para fugitivos tabasqueños. Este macabro hallazgo, reportado por autoridades locales, confirmó las sospechas de la FGR y aceleró la emisión de la orden de aprehensión contra Bermúdez. El crimen no solo eliminó a dos agentes, sino que subrayó la impunidad que permea en estructuras de poder contaminadas por el narcotráfico y la extorsión.
Implicaciones políticas del caso en el gobierno de Tabasco
Corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública
Hernán Bermúdez, un figura clave en el gabinete de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual aspirante a cargos federales en Morena, representa el talón de Aquiles de un sistema que prioriza la lealtad partidista sobre la justicia. Durante su gestión, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco registró un incremento del 45% en homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras que ahora se vinculan directamente a sus decisiones criminales. La FGR argumenta que Bermúdez utilizó recursos estatales para blindar operaciones de "La Barredora", un grupo dedicado al cobro de piso, secuestros y control de rutas de trasiego en el Golfo de México.
Este escándalo irrumpe en un momento delicado para el gobierno federal, donde la transición de poderes ha prometido una "nueva etapa" en la lucha contra la corrupción, pero casos como el de Hernán Bermúdez autorizó el asesinato de dos policías en Tabasco evidencian la persistencia de vicios arraigados. La visita de López Obrador a Tabasco en esas fechas navideñas, que se llevó a cabo sin contratiempos aparentes, ahora se ve empañada por la sombra de ejecuciones ordenadas para "limpiar" el terreno. Analistas políticos señalan que esta colusión no es exclusiva de Morena, pero en el contexto tabasqueño, donde el partido ha gobernado ininterrumpidamente desde 2019, genera un descrédito profundo. La oposición local, liderada por el PAN y el PRI, ha exigido auditorías exhaustivas a la Secretaría de Seguridad, argumentando que el presupuesto asignado para equipamiento policiaco se desvió hacia actividades ilícitas.
La ola de violencia en Tabasco no se limitó a estos homicidios; en paralelo, se registraron al menos 15 quema de unidades vehiculares y una decena de saqueos en comercios de Villahermosa, eventos que paralizaron la capital por 48 horas. "Prada", el detonante de la rebelión, opera desde las sombras de Centla y Jalpa de Méndez, zonas rurales donde el control territorial de "La Barredora" es absoluto. El operador C.T.D.R., descrito en el expediente como un empresario fachada con vínculos en el sector petrolero, sirvió de puente entre Bermúdez y los sicarios, coordinando pagos y logística. Esta red de complicidades resalta cómo el crimen organizado en Tabasco se entreteje con la economía local, aprovechando la proximidad con pozos petroleros y puertos fluviales para lavar ganancias.
Consecuencias para la seguridad en el sureste mexicano
El rol de la FGR en la desarticulación de redes criminales
La intervención de la FGR en este caso marca un punto de inflexión en la persecución de exfuncionarios de alto perfil. Hernán Bermúdez, quien huyó de Tabasco tras su renuncia en 2024, enfrenta cargos por homicidio calificado, asociación delictuosa y abuso de autoridad, delitos que podrían conllevar penas superiores a 50 años de prisión. La pesquisa federal, iniciada a partir de declaraciones de testigos protegidos y escuchas telefónicas, ha permeado a otras figuras del entorno de Adán Augusto, incluyendo exjefes policiacos y asesores en materia de seguridad. Este expediente no solo autoriza la extradición de Bermúdez, posiblemente oculto en Quintana Roo o Veracruz, sino que abre la puerta a revisiones en al menos tres dependencias estatales más.
En un estado donde la tasa de impunidad supera el 90%, según informes de México Evalúa, revelaciones como esta alimentan el clamor por reformas estructurales. La decapitación de "Pepe Zapata" en Chiapas, un estado vecino con sus propios brotes de violencia derivados del cártel de Sinaloa, ilustra la porosidad de las fronteras sureñas y la facilidad con la que el terror se propaga. Expertos en criminología advierten que casos como el de Hernán Bermúdez autorizó el asesinato de dos policías en Tabasco podrían inspirar copycats en Guerrero o Veracruz, donde secretarios de seguridad han sido señalados por nexos similares. La FGR, bajo la actual administración, ha intensificado operativos conjuntos con la Guardia Nacional, resultando en 120 detenciones relacionadas con "La Barredora" en los últimos seis meses.
La sociedad tabasqueña, golpeada por años de inestabilidad, demanda transparencia en la asignación de recursos federales para seguridad. Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano por la Seguridad han documentado más de 200 desapariciones forzadas en el estado desde 2020, muchas ligadas a disputas internas en grupos como el de Bermúdez. Este caso, por su crudeza, obliga a reflexionar sobre el costo humano de la política del "abrazos, no balazos", que en Tabasco se tradujo en pactos tácitos con el crimen. Mientras la investigación avanza, familias de las víctimas, como la de "Chabelo" y "Pepe Zapata", esperan justicia en un sistema que ha fallado repetidamente.
En conversaciones con elementos de la investigación, se menciona que el acceso al expediente de la FGR proviene de fuentes internas que priorizan la rendición de cuentas, recordando cómo medios independientes han sido clave para destapar estos escándalos. De igual modo, reportes cruzados con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman el pico de violencia en diciembre de 2023, alineándose con los detalles de la orden de aprehensión. Finalmente, observadores cercanos al caso en Tabasco susurran que la huida de Bermúdez podría complicarse por filtraciones anónimas a portales noticiosos, que han mantenido el tema en el radar público sin descanso.
