El huachicol fiscal representa una de las mayores vergüenzas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según denuncias contundentes del diputado panista Federico Döring Casar. Este delito, que implica el contrabando masivo de combustible y evasión fiscal, no solo ha crecido de manera alarmante bajo el gobierno de Morena, sino que, de acuerdo con el legislador, fue diseñado y fomentado desde las altas esferas del poder federal. En un video difundido en sus redes sociales, Döring expuso datos del propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) que revelan un incremento del 61% en el contrabando de barriles de combustible entre 2018 y 2019, justo en el arranque de la administración de López Obrador. Esta cifra, que el diputado repite con énfasis para desmentir cualquier intento de minimizar el problema, subraya cómo el huachicol fiscal se convirtió en una industria delictiva consentida, con ramificaciones que involucran a funcionarios públicos y hasta a familiares de personajes cercanos al poder.
El auge del huachicol fiscal en el sexenio de AMLO
Durante los seis años de López Obrador, el huachicol fiscal pasó de ser un fenómeno marginal a una operación organizada que generó miles de millones de pesos en pérdidas para el erario público. Döring Casar, con su habitual vehemencia crítica hacia Morena, argumenta que este delito no existía en las proporciones actuales antes de 2018. La reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2017 abrió la puerta a la importación privada de gasolina, pero fue en 2019 cuando, según el panista, surgió el verdadero cártel del huachicol fiscal. Este grupo, protegido por la opacidad gubernamental, explotó las debilidades en el control aduanero y las políticas laxas del SAT, permitiendo que buques cargados de combustible ilegal atracaran sin escrutinio. El diputado no escatima en detalles: al cierre del sexenio, en 2024, el contrabando había escalado un 120%, cifras que el SAT de Morena no puede negar.
La colusión entre autoridades y delincuentes es el núcleo de esta denuncia. Döring menciona el caso de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona —conocido como "el rey del huachicol"— quien fue designado titular de la aduana en Reynosa, un punto neurálgico para el tráfico. Esta designación, afirma el legislador, no fue casualidad, sino parte de un esquema que benefició directamente a redes afines al gobierno federal. Bajo los gobiernos del PAN, en contraste, solo Pemex podía importar combustible, lo que hacía inviable este tipo de fraudes a gran escala. Hoy, el huachicol fiscal no es solo un robo al fisco, sino un atentado contra la soberanía energética del país, con impactos que se sienten en el precio de la gasolina y la estabilidad económica.
Comparación con "La Barredora": industrias delictivas estatales
El huachicol fiscal guarda similitudes inquietantes con "La Barredora", el escándalo de corrupción en la Ciudad de México que involucró a figuras cercanas a Morena. Döring Casar equipara ambos como "industrias delictivas creadas desde el gobierno", no meros pactos con carteles externos, sino negocios planificados desde el corazón del poder. Mientras "La Barredora" se dedicaba a la extorsión y el cobro irregular de cuotas en el sector de la construcción, el huachicol fiscal opera en puertos y aduanas, con la complicidad de secretarías de Estado. El diputado critica a los legisladores de Morena por intentar desviar la atención hacia supuestos delitos del pasado, como si el PAN hubiera inventado el contrabando, cuando en realidad, asegura, tales esquemas eran imposibles sin la apertura regulada post-2017.
Esta analogía resalta la impunidad que permea el sexenio de AMLO. En lugar de combatir el crimen organizado, el gobierno federal habría incubado sus propias versiones, beneficiando a un círculo cerrado de allegados. El huachicol fiscal, con su red de buques fantasmas y funcionarios vendidos, ilustra cómo la corrupción se institucionalizó bajo la 4T, dejando un legado tóxico para la siguiente administración.
Denuncias contra Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Marina
La transición a la presidencia de Claudia Sheinbaum no ha disipado las sombras del huachicol fiscal. El diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez, compañero de partido de Döring, exigió públicamente a la mandataria no tolerar más este flagelo que nació en el sexenio anterior. Sánchez Rodríguez apuntó directamente a la colusión de militares y marinos, revelando casos recientes como el del Vicealmirante Salvador Camargo, quien habría permitido descargas ilegales de "huachi-buques" en Tampico. Esta implicación de la Secretaría de Marina, un pilar del gobierno federal, agrava la crisis, ya que transforma a las fuerzas armadas en cómplices involuntarios de la delincuencia fiscal.
Sheinbaum, heredera directa de las políticas de López Obrador, enfrenta ahora la presión de cumplir promesas electorales de erradicar la corrupción. Sin embargo, las evidencias sugieren que el huachicol fiscal persiste, alimentado por las mismas estructuras que lo engendraron. Döring Casar reitera que no se trata de un error aislado, sino de una "industria delictiva de Morena", con legisladores que mienten para encubrir raterías pasadas y presentes. El diputado insta a una depuración inmediata en el SAT y las aduanas, advirtiendo que ignorar estos datos equivaldría a perpetuar el saqueo.
Impactos económicos y sociales del huachicol fiscal
Más allá de las acusaciones políticas, el huachicol fiscal devasta la economía mexicana. Cada barril robado representa millones en impuestos evadidos, fondos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura. En 2024, el crecimiento del 120% en contrabando no solo infla los precios del combustible, sino que debilita a Pemex, la empresa estatal ya golpeada por la política energética de AMLO. Comunidades enteras en regiones como Tamaulipas o Veracruz sufren las consecuencias: violencia por disputas territoriales entre bandas, y un mercado negro que socava la formalidad laboral.
Expertos en seguridad energética coinciden en que el huachicol fiscal erosiona la confianza inversionista, disuadiendo a empresas privadas de participar en el sector. Döring Casar, con su enfoque en la accountability, propone reformas para fortalecer el control aduanero, pero critica la inacción de Morena como un acto deliberado. Este delito, nacido en 2019, se ha ramificado a otros ámbitos, como el lavado de dinero a través de importaciones ficticias, afectando la balanza comercial del país.
El debate sobre el huachicol fiscal trasciende las fronteras partidistas, aunque las denuncias de Döring lo enmarcan en una crítica feroz al legado de López Obrador. En sesiones legislativas recientes, el PAN ha impulsado iniciativas para auditar el SAT, exigiendo transparencia en las operaciones portuarias. Mientras tanto, la sociedad civil demanda acciones concretas, recordando que el combustible robado no solo es un robo fiscal, sino un riesgo para la seguridad nacional, con potencial para financiar terrorismo o carteles armados.
En el contexto de la nueva administración, surge la interrogante de si Sheinbaum optará por una ruptura real con el pasado morenista. Las cifras del SAT, irrefutables según Döring, pintan un panorama sombrío que requiere intervención inmediata. Fuentes cercanas al Congreso, como reportes internos del PAN, respaldan estas afirmaciones con evidencias documentales que han circulado en comisiones especializadas.
Por otro lado, analistas independientes han revisado los datos del contrabando desde 2018, confirmando el pico inicial en 2019 y su escalada sostenida, tal como se detalla en publicaciones especializadas sobre economía energética. Estas revisiones, basadas en informes oficiales, subrayan la necesidad de reformas urgentes para desmantelar lo que muchos llaman la "industria del huachicol fiscal".
Finalmente, el testimonio de Döring en sus redes sociales, respaldado por colegas como Sánchez Rodríguez, resuena en foros legislativos donde se discute el presupuesto para aduanas en 2025, invitando a un escrutinio más profundo de las políticas heredadas.
