Carpeta vincula empresario a Adán Augusto y hijo de AMLO

350

Carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas expone nexos alarmantes entre figuras del poder y el crimen organizado en México. Esta revelación, surgida de una pesquisa federal, destapa una trama de corrupción que involucra a marinos, empresarios y altos funcionarios, poniendo en jaque la integridad de instituciones clave como la Secretaría de Marina y la Administración de Aduanas. La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas detalla operaciones ilícitas de huachicol y lavado de dinero que se extendieron por puertos estratégicos del país, desde Tamaulipas hasta Colima, durante al menos dos años.

La detención de 14 personas el pasado marzo marcó el inicio de las revelaciones más impactantes. Al frente de la presunta red estaba Manuel Roberto Farías Laguna, un marino capturado, y su hermano Fernando Farías Laguna, quien sigue en la fuga. Pero el núcleo del escándalo radica en las declaraciones de un testigo protegido conocido como “Santo”, quien describió con precisión cómo funcionaba el esquema. Según su testimonio, un almirante en el Puerto de Tampico le advirtió sobre los riesgos de asociarse con ciertos cesionarios, ya que estos tenían lazos directos con la delincuencia organizada. El nombre que surgió repetidamente fue el de Saúl Vera Ochoa, un empresario tabasqueño dueño de Tampico Terminal Marítima, operador del recinto fiscal 289, apodado Terminal 11 o Muelle de Metales. Vera Ochoa, según “Santo”, mantenía una “muy buena amistad” con Adán Augusto López Beltrán, el influyente senador morenista y exsecretario de Gobernación, cercano al círculo íntimo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalles de la red de contrabando en aduanas mexicanas

La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas revela que las operaciones se centraban en la descarga ilegal de combustible de buques como el Challenge Procyon y el OWL4, con un flujo estimado de 300 pipas mensuales. Empresas fantasma como ROCA y Mefra Fletes facilitaban el trasiego, pagando sobornos a funcionarios aduaneros para agilizar atraques y evitar inspecciones. Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol” y apodado “el rey del fentanilo”, emergió como el cerebro logístico. Solano Ruiz, jubilado con ingresos declarados de apenas 18 mil pesos al mes ante el SAT, manejaba millones en efectivo a través de casinos como Big Bola y la Administradora Mexicana de Hipódromo. Entre 2015 y 2023, acumuló más de 52 millones de pesos en apuestas, casi todas en billetes, lo que apunta a un vasto esquema de lavado de dinero.

El 19 de marzo de 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el aseguramiento de 10 millones de litros de huachicol en Tamaulipas, un golpe que desmanteló parte de la red y precipitó las detenciones. Sin embargo, la carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas va más allá: menciona un “choque político” entre García Harfuch y un hijo del expresidente López Obrador, sin especificar el nombre, pero insinuando interferencias de alto nivel que frenaron pesquisas previas. “Santo” relató cómo, en febrero y marzo de 2025, alertó a Solano Ruiz sobre el fracaso del proyecto y el temor de los involucrados. El “Capitán Sol” respondió con frialdad: ya habían pactado con las partes en conflicto y “no va a pasar nada”. Esta frase, registrada en el expediente, ilustra la impunidad que blindaba la operación.

Violencia y sobornos en puertos clave

La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas no solo expone finanzas turbias, sino también un rastro de violencia que salpica a funcionarios públicos. En 2021, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un aduanero en Manzanillo, denunció irregularidades en las operaciones de Solano Ruiz e Iván Merino, su socio en el tráfico de fentanilo. Días después, Guerrero fue asesinado, junto con una mujer conocida como “la China”, tras “dejar de ser amigo” de la red. Este homicidio, detallado en el documento, subraya el terror que imponía el grupo para silenciar disidencias.

Los puertos implicados forman un mapa de vulnerabilidades nacionales: Manzanillo, Dos Bocas, Guaymas, Veracruz y Ensenada. En cada uno, la carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas describe pagos sistemáticos a inspectores y marinos para ignorar contenedores sospechosos. Depósitos millonarios del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República Mexicana y la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria alimentaban el flujo, disfrazando el dinero sucio como contribuciones sindicales. Saúl Vera Ochoa, el empresario tabasqueño, aparece como el nexo civil, utilizando su terminal para camuflar descargas de metales y combustibles. Su relación con Adán Augusto López, según el testigo, no era casual: facilitaba accesos privilegiados y protección política.

Implicaciones políticas de la corrupción aduanera

El escándalo trasciende lo operativo y toca fibras sensibles del morenismo. Adán Augusto López, aspirante presidencial frustrado y figura clave en la transición de Claudia Sheinbaum, se ve salpicado por su supuesta amistad con Vera Ochoa. La mención a un hijo de AMLO, en medio de un “choque político” con García Harfuch, revive sospechas sobre nepotismo en el gobierno federal. Aunque el expediente no acusa directamente, las coincidencias temporales –como el aseguramiento justo antes de elecciones internas– sugieren maniobras para desviar atención o eliminar rivales.

La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas, con sus 14 detenidos y un prófugo, expone fallas estructurales en la Secretaría de Marina, responsable de aduanas marítimas desde 2021. Críticos señalan que la militarización de puertos, impulsada por López Obrador, ha generado más opacidad que control. Sobornos a “NK”, “KM” y “YR” –códigos para marinos implicados– revelan una cultura de complicidad que permea desde grumetes hasta almirantes. El flujo de huachicol, estimado en millones de litros, no solo evade impuestos por miles de millones de pesos, sino que fortalece cárteles como el del Golfo, operando en Tamaulipas.

En el contexto de la nueva administración de Sheinbaum, este caso cuestiona la promesa de “austeridad republicana”. La red operaba bajo narices oficiales, con buques atracando sin escrutinio, mientras el erario perdía recursos vitales para programas sociales. La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas incluye anexos fotográficos de pipas y manifiestos falsos, pruebas irrefutables que podrían escalar a juicios mayores. Sin embargo, la fuga de Fernando Farías y las presiones políticas insinúan que no todos los cabos se atarán pronto.

Lavado de dinero y nexos con el crimen organizado

Otro ángulo alarmante es el lavado de dinero a través de apuestas y sindicatos. Solano Ruiz, con su historial en fentanilo, usaba casinos para blanquear ganancias del contrabando. La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas detalla transferencias que superan su perfil declarado, pintando un retrato de un operador que transitaba entre drogas, combustible y política. Iván Merino, su aliado, representa el hilo que une aduanas con narco: ambos compartían rutas desde Colima a Estados Unidos.

La trama se complica con menciones a conflictos internos en Morena. El “choque político” entre García Harfuch –aliado de Sheinbaum– y el hijo de AMLO evoca viejas rencillas por candidaturas y cuotas de poder. Fuentes internas sugieren que el aseguramiento de marzo fue un mensaje: no tolerarían más interferencias en la cúpula. Aun así, la impunidad persiste, con testigos como “Santo” bajo protección federal, temiendo represalias.

Este caso ilustra cómo la corrupción aduanera erosiona la soberanía económica de México. Puertos como Dos Bocas, emblema del sexenio pasado, se convierten en focos de ilícitos, desviando recursos que podrían impulsar refinerías o energías renovables. La carpeta de investigación por red de contrabando en aduanas urge reformas: mayor transparencia en recintos fiscales y auditorías independientes a marinos. Sin ellas, el contrabando seguirá siendo un cáncer que debilita al Estado.

En los pasillos del Congreso, murmullos sobre el expediente circulan con discreción, recordando filtraciones previas de la FGR que tocaron a exfuncionarios. Periodistas especializados han revisado copias parciales, destacando la solidez de las declaraciones de “Santo”. Incluso en reportajes independientes, se alude a cómo el aseguramiento de García Harfuch coincidió con tensiones en el gabinete, sin que nadie profundice por temor a represalias. Al final, estos detalles dispersos pintan un panorama donde la verdad emerge a cuentagotas, lejos de los reflectores oficiales.