Violencia en Veracruz ha marcado un nuevo capítulo de inseguridad en el municipio de Coxquihui, donde las tradicionales Fiestas Patrias fueron suspendidas de manera indefinida apenas un día después del secuestro de un excandidato de Morena. Esta escalada de agresiones armadas pone en evidencia la fragilidad de la región, donde la impunidad parece reinar mientras las autoridades estatales guardan silencio. La decisión, tomada en una sesión de emergencia del Cabildo, refleja el temor colectivo ante una ola de ataques que no da tregua, dejando a la población en vilo y cuestionando la capacidad de respuesta del gobierno local y federal.
La privación ilegal de libertad que detonó la crisis
La violencia en Veracruz alcanzó un punto crítico el 8 de septiembre de 2025, cuando Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo de sujetos armados. A pesar de contar con escolta personal, Valencia Pérez fue interceptado en la comunidad de Sabaneta, lo que derivó en un intenso tiroteo en el puente local. Testigos reportaron casquillos y rastros de sangre en el sitio, pero hasta la fecha, ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz ni el gobierno de la entidad han emitido un informe detallado sobre heridos o posibles fallecidos. Esta opacidad oficial agrava la percepción de descontrol en la zona, donde la violencia en Veracruz no es un incidente aislado, sino el clímax de meses de tensiones electorales y disputas territoriales.
La carpeta de investigación fue abierta de inmediato por la Fiscalía Regional con sede en Tuxpan, pero los avances son nulos públicamente. Valencia Pérez, quien asumió la candidatura morenista el 3 de mayo de 2025 tras el asesinato de su padre, representa el rostro visible de una persecución selectiva contra figuras políticas afines al partido en el poder. Su secuestro no solo paralizó las actividades de campaña residuales, sino que sirvió como catalizador para la cancelación de eventos públicos, evidenciando cómo la inseguridad en Coxquihui ha permeado todos los aspectos de la vida comunitaria.
Antecedentes de sangre en la sierra del Totonacapan
Para entender la magnitud de la violencia en Veracruz en este municipio, es esencial retroceder a abril de 2025, cuando la contienda electoral desató una serie de homicidios brutales. Germán Anuar Valencia, conocido como "El Napo" y padre de Ramón, fue ejecutado el 29 de abril apenas horas después de arrancar su campaña como candidato de la coalición Morena-PVEM. El ataque ocurrió dentro de un taxi en la comunidad de "El Arenal", donde un comando armado irrumpió y abrió fuego, dejando heridos a otras personas presentes. Este suceso no fue el primero: apenas cinco días antes, el 24 de abril, Xánath, hija del extesorero municipal Cristóbal, fue asesinada en circunstancias similares, lo que apuntó a una estrategia de intimidación contra allegados a la administración local.
La secuencia de violencia continuó el 25 de junio de 2025, con el homicidio del chofer del alcalde electo Lauro Becerra. El empleado fue acribillado por sicarios en motocicleta mientras transitaba por la calle Tejería, en la cabecera municipal. Estos episodios, todos impunes hasta ahora, ilustran un patrón de ataques dirigidos que la violencia en Veracruz ha normalizado en la sierra del Totonacapan. Coxquihui, un enclave indígena con apenas 20 mil habitantes, se ha convertido en epicentro de disputas por el control político y posiblemente recursos naturales, donde Morena, como partido dominante, parece ser el blanco principal. La falta de despliegue efectivo de fuerzas federales, pese a las promesas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resalta las grietas en la estrategia de "abrazos, no balazos" impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Cancelación de Fiestas Patrias: un acto de precaución extrema
La suspensión de las Fiestas Patrias en Coxquihui fue anunciada el 9 de septiembre de 2025, durante una reunión extraordinaria del Cabildo presidida por el alcalde Juan Pablo Gómez Mendoza. En coordinación con directivos escolares, la medida abarca el desfile cívico del 16 de septiembre y todas las actividades conmemorativas del 15 de septiembre, tradiciones que reúnen a miles de personas en honor a la Independencia de México. Gómez Mendoza, en su declaración oficial, enfatizó la prioridad de la vida sobre el festejo: "Hay motivos de sobra para suspender el desfile y las fiestas patrias. Mi responsabilidad es velar por la integridad de los ciudadanos y alumnos. Sé que habrá críticas, pero se prefiere eso a un hecho lamentable". Esta postura, aunque pragmática, ha generado murmullos de decepción entre residentes que ven en las celebraciones un raro momento de unidad.
La violencia en Veracruz ha forzado decisiones similares en otros municipios de la entidad, como en Papantla o Poza Rica, donde eventos masivos han sido recortados por temor a represalias. En Coxquihui, la proximidad temporal del secuestro de Valencia Pérez al anuncio de la cancelación subraya la conexión directa: las autoridades temen que los festejos sirvan de escenario para más atentados. Expertos en seguridad pública señalan que esta ola de inseguridad electoral refleja fallas estructurales en el control territorial, donde grupos delictivos aprovechan la dispersión geográfica de la sierra para operar sin contratiempos. Además, la ausencia de programas de protección integral para candidatos, pese a las directrices de la Presidencia, agrava el panorama, dejando a figuras como Valencia Pérez expuestas a riesgos letales.
El impacto social y político de la inseguridad rampante
La violencia en Veracruz no solo cobra vidas, sino que erosiona el tejido social de comunidades como Coxquihui. Familias enteras viven bajo el espectro del miedo, con escuelas reforzando perímetros y comercios cerrando temprano. En el ámbito político, el caso de Morena resalta las vulnerabilidades de un partido que, bajo el liderazgo federal de Claudia Sheinbaum, prometió transformación pero enfrenta críticas por su manejo de la seguridad. La designación de Valencia Pérez como sucesor de su padre asesinado fue vista como un gesto de continuidad, pero terminó en tragedia, cuestionando la viabilidad de candidaturas en zonas calientes. Analistas locales apuntan a que la impunidad en estos casos fomenta ciclos de venganza, perpetuando la violencia en Veracruz como un problema endémico.
A nivel estatal, el gobierno de Veracruz, alineado con Morena, ha sido moderadamente criticado por su respuesta tibia. Mientras la Secretaría de Gobierno emite comunicados genéricos sobre "coordinación interinstitucional", la realidad en el terreno muestra un vacío de autoridad. La Fiscalía, por su parte, acumula carpetas sin resoluciones, lo que alimenta la desconfianza ciudadana. En este contexto, la cancelación de las Fiestas Patrias simboliza una rendición temporal ante la adversidad, pero también un llamado implícito a una intervención más robusta desde el centro del país.
La escalada de violencia en Veracruz durante el proceso electoral de 2025 ha dejado un saldo de al menos una docena de incidentes relacionados con candidaturas, según reportes preliminariars de observadores independientes. En Coxquihui, la muerte de "El Napo" Valencia desató especulaciones sobre rivalidades internas en Morena o presiones externas de opositores, aunque sin pruebas concluyentes. Lo cierto es que la región, rica en tradiciones totonacas, merece más que promesas vacías; requiere acciones concretas para romper el ciclo de terror.
En conversaciones informales con residentes, se menciona que detalles como los rastros de sangre en el puente de Sabaneta fueron captados por cámaras de seguridad locales, aunque no difundidas oficialmente. Medios regionales, como el Diario de Xalapa, han seguido de cerca el caso de Ramón Valencia Pérez, destacando la similitud con el ataque a su padre. Asimismo, un informe preliminar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos alude a posibles violaciones en la investigación, subrayando la necesidad de transparencia en estos eventos tan sensibles.
Finalmente, mientras la violencia en Veracruz continúa su marcha inexorable, voces desde la sociedad civil insisten en que la clave radica en fortalecer la inteligencia policial y el diálogo comunitario, elementos ausentes en la fórmula actual del gobierno federal. Fuentes cercanas a la familia Valencia han compartido anónimamente que el secuestro podría vincularse a deudas políticas pendientes, un rumor que circula en foros locales sin confirmación oficial.
