Claudia Sheinbaum desestima el avance del proceso en el Congreso de Perú para declararla persona non grata, manteniendo su firme postura sobre el caso de Pedro Castillo. En un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Perú, la presidenta mexicana ha dejado claro que no cederá en su posición, lo que resalta las diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobiernos. Esta declaración de persona non grata surge como respuesta a las palabras de Sheinbaum, quien ha calificado la situación de Castillo como un golpe de Estado, generando un choque frontal con las autoridades peruanas que ven en ello una injerencia inaceptable.
Tensiones diplomáticas entre México y Perú
La controversia alrededor de Claudia Sheinbaum desestima el proceso non grata en Perú ha escalado rápidamente en las últimas semanas, poniendo en el centro de la escena internacional las relaciones bilaterales. Durante su conferencia matutina del 9 de septiembre de 2025, Sheinbaum abordó el tema con determinación, afirmando que México continuará con la línea política establecida por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. "Pedro Castillo vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él (…) no importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición", expresó la presidenta, desestimando cualquier impacto que pueda tener la decisión del Congreso peruano.
Este episodio no es aislado; forma parte de una serie de roces que han marcado la agenda exterior mexicana bajo el gobierno de Morena. La solidaridad de México con figuras como Pedro Castillo, el expresidente peruano detenido desde diciembre de 2022, ha sido un punto de fricción constante. Sheinbaum, al igual que López Obrador, ha insistido en que el caso de Castillo representa una persecución política, un tema que resuena en la retórica oficial de Palacio Nacional. Sin embargo, desde Lima, las autoridades peruanas lo ven de manera opuesta: Castillo es acusado de intentar un autogolpe de Estado, un acto que, según ellos, justifica su procesamiento judicial y no permite calificaciones de victimización política.
El rol de la comisión de Relaciones Exteriores
En el corazón del proceso que Claudia Sheinbaum desestima como irrelevante se encuentra la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú. Esta instancia legislativa aprobó, precisamente el 9 de septiembre de 2025, la moción para declarar a la presidenta mexicana persona non grata. La razón principal radica en las declaraciones públicas de Sheinbaum, donde se refirió a Castillo como "presidente" y desconoció el cambio de poder en Perú tras su detención. Para los congresistas peruanos, estas afirmaciones constituyen una interferencia en los asuntos internos soberanos, violando principios básicos de no injerencia.
La decisión de la comisión debe ser ratificada por el pleno del Congreso en los próximos días, lo que añade un velo de incertidumbre al desenlace. Si se aprueba, la declaración de persona non grata implicaría restricciones simbólicas pero significativas, como la prohibición de entrada a territorio peruano para Sheinbaum. Esto no solo afectaría su movilidad personal, sino que enviaría un mensaje contundente al gobierno mexicano sobre los límites de la diplomacia progresista que promueve Morena. Críticos en Perú argumentan que tales posturas de México ignoran la realidad constitucional y jurídica de su país, exacerbando las tensiones en un momento en que América Latina busca mayor unidad frente a desafíos globales.
Antecedentes de la solidaridad mexicana con Castillo
Para entender por qué Claudia Sheinbaum desestima el proceso non grata en Perú, es esencial revisar los eventos previos que desencadenaron esta crisis. A finales de agosto de 2025, la presidenta se reunió con el abogado defensor de Pedro Castillo, un encuentro que no pasó desapercibido en los medios internacionales. Posteriormente, Sheinbaum utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo: "En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región". En esa misma publicación, llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intervenir para garantizar el respeto a los derechos humanos de Castillo.
Esta postura alinea perfectamente con la doctrina de no intervención y defensa de la soberanía popular que ha caracterizado al gobierno federal mexicano. Bajo López Obrador, México ya había otorgado asilo político a Castillo en su embajada en Lima, un gesto que fue rechazado por Perú y que contribuyó a enfriar las relaciones bilaterales. Ahora, con Sheinbaum al mando, esa línea se mantiene intacta, lo que ha irritado a las élites políticas peruanas, mayoritariamente alineadas con visiones más conservadoras y pro-occidentales. La declaración de persona non grata, por ende, se percibe en México como un ataque directo a la Presidencia y a las secretarías de Estado involucradas en la política exterior.
Respuesta de la cancillería peruana
La reacción de Perú no se hizo esperar, y añade capas a la narrativa de cómo Claudia Sheinbaum desestima el proceso non grata en Perú. La cancillería peruana emitió un comunicado oficial rechazando enérgicamente las afirmaciones de la presidenta mexicana. Según el documento, Castillo no es un "perseguido político", sino un individuo procesado por graves acusaciones de intento de golpe de Estado, un hecho que fracasó y que derivó en su arresto. "Las palabras de Sheinbaum reflejan un desconocimiento total de la realidad peruana, su Constitución y su ordenamiento jurídico", se lee en el texto, subrayando que México está interviniendo en asuntos internos con una visión sesgada.
Este intercambio de declaraciones ha avivado debates en foros internacionales sobre el equilibrio entre solidaridad regional y respeto a la soberanía. En México, sectores afines a Morena han aplaudido la firmeza de Sheinbaum, viéndola como una continuación de la "Cuarta Transformación" en el ámbito global. Por otro lado, opositores dentro del país critican esta postura como provocadora, argumentando que podría aislar a México en foros multilaterales como la CELAC o la OEA. No obstante, la presidenta ha optado por un enfoque sensacionalista en su defensa, destacando el "golpe de Estado" como un elemento clave para movilizar simpatías en la izquierda latinoamericana.
Implicaciones para la política exterior mexicana
El caso ilustra las complejidades de la diplomacia en América Latina, donde ideologías chocan con realidades locales. Claudia Sheinbaum desestima el proceso non grata en Perú no solo como un acto de desdén, sino como una afirmación de principios que trascienden fronteras. Sin embargo, analistas señalan que esta rigidez podría tener costos, como el deterioro de tratados comerciales o cooperación en temas como migración y seguridad. Perú, por su parte, busca reafirmar su posición ante lo que percibe como una narrativa mexicana distorsionada, especialmente en un Congreso dominado por fuerzas antiizquierdistas.
En el panorama más amplio, este incidente resalta cómo gobiernos como el de Morena priorizan la solidaridad con líderes progresistas, incluso a riesgo de confrontaciones. Sheinbaum, al mantener su postura, envía un mensaje claro: México no retrocederá en su defensa de lo que considera injusticias políticas en la región. Mientras el pleno peruano delibera, la atención se centra en posibles repercusiones, aunque la presidenta mexicana parece confiada en que el impacto será mínimo.
La controversia también toca fibras sensibles en el contexto de la integración latinoamericana, donde casos como el de Castillo sirven de ejemplo para debates sobre democracia y autoritarismo. México, con su influencia histórica, se posiciona como un baluarte contra lo que ve como regresiones democráticas, pero Perú responde defendiendo su institucionalidad. En última instancia, este roce diplomático podría influir en futuras cumbres regionales, obligando a ambos países a recalibrar sus enfoques.
Como se ha reportado en diversas coberturas periodísticas, incluyendo análisis de medios especializados en asuntos internacionales, la posición de Sheinbaum se basa en una interpretación histórica de los eventos en Perú que difiere radicalmente de la oficial limeña. Fuentes cercanas al gobierno mexicano han mencionado en off the record que esta solidaridad no es negociable, alineándose con documentos de la ONU sobre derechos humanos. Además, reportes de agencias noticiosas han destacado cómo la comisión peruana actuó con rapidez para contrarrestar lo que ven como propaganda mexicana, todo ello en un clima de polarización regional que no parece disiparse pronto.
