AMLO nunca lo supo, o al menos eso es lo que se desprende de las recientes revelaciones sobre la corrupción en el gobierno federal. El escándalo que involucra a sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, ha sacudido los cimientos de la administración pasada, cuestionando la afirmación de que el presidente se enteraba de todo. En este caso de contrabando de diésel, vinculado al crimen organizado, surgen dudas sobre el control real que ejercía el Ejecutivo. AMLO nunca lo supo, repiten algunos, pero sus propias palabras de antaño contradicen esa narrativa de ignorancia total.
La crisis de corrupción estalló cuando se formalizaron las acusaciones contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías, ya preso en El Altiplano, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quien permanece prófugo. Estos sobrinos políticos de Ojeda, altos mandos en la Secretaría de Marina durante el sexenio de López Obrador, encabezaban una banda delictiva que introdujo al menos 14 buquetanques de diésel de contrabando a México. El negocio, valorado en miles de millones de pesos, operaba directamente desde las entrañas de la institución naval, lo que genera interrogantes sobre la supervisión gubernamental. AMLO nunca lo supo, argumentan defensores, pero el contexto político apunta a un sistema donde las "tranzas grandes" requerían aprobación implícita.
El escándalo del contrabando de diésel en la Secretaría de Marina
Este caso de contrabando de diésel no es un incidente aislado, sino un reflejo de las fallas estructurales en el gobierno federal bajo Morena. Los Farías, ascendidos de manera meteórica en solo cuatro años –de capitán de navío a vicealmirante en el caso de Manuel, y de capitán de fragata a contralmirante para Fernando–, sugieren favoritismos que trascienden lo profesional. Manuel incluso fue particular del subsecretario José Luis Arellano, un puesto que le otorgó control sobre operaciones clave. AMLO nunca lo supo, se insiste, pero la red de influencias conecta directamente con el círculo cercano del presidente, incluyendo nombramientos controvertidos como el de Julio César Carmona, hermano de un huachicolero ejecutado en Nuevo León, al frente de la aduana de Reynosa.
La corrupción en la Secretaría de Marina se ramifica hacia el crimen organizado, con vínculos al huachicol y al tráfico de combustibles. Investigaciones preliminares revelan que esta operación ilícita no solo involucraba a mandos navales, sino que llegaba a funcionarios del gabinete y hasta a figuras de Morena. El diésel robado o importado ilegalmente fluía a través de rutas controladas por la marina, beneficiando a redes criminales que operaban con impunidad. En un país donde el huachicol ha costado vidas y recursos, este escándalo amplifica la percepción de un gobierno federal permisivo. AMLO nunca lo supo, pero sus declaraciones pasadas lo colocan en el centro de la controversia, al afirmar que "todas esas transas llevan el visto bueno del presidente".
Ascensos irregulares y control interno
Los ascensos de los Farías son particularmente sospechosos. En un lapso inédito, Manuel saltó cuatro rangos, mientras Fernando avanzaba tres, algo que expertos en temas militares describen como atípico sin respaldo político directo. Este favoritismo, ligado a lazos familiares con Ojeda, ilustra cómo el nepotismo permeó instituciones clave durante el sexenio. AMLO nunca lo supo, o eso se pretende creer, pero la Secretaría de Marina, bajo su mandato, era presentada como un baluarte de honestidad contra la corrupción heredada. Hoy, con Manuel encarcelado y Fernando huyendo, el relato se desmorona.
El rastro de esta red criminal se extiende más allá de la marina. Se menciona la ejecución de Sergio Carmona Angulo, un operador huachicolero asesinado en una peluquería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Su hermano, Julio César, fue nombrado director de la aduana de Reynosa por el propio AMLO, un puesto estratégico para el flujo de mercancías ilícitas. Esta conexión subraya cómo el crimen organizado se entrelazaba con el aparato estatal, facilitando el contrabando de diésel y otros delitos. AMLO nunca lo supo, repiten las voces oficialistas, pero el patrón de nombramientos cuestionables sugiere una complicidad sistémica.
Declaraciones de AMLO que lo contradicen
Volvamos a las palabras del propio presidente. El 28 de septiembre de 2019, en Guachochi, Chihuahua, AMLO declaró: "El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Si hacen una tranza grande es porque el presidente lo permitió". Un mes después, el 15 de octubre en San Luis Potosí, al inaugurar un hospital, añadió: "Nada de que el Presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. El Presidente de México está informado de todo lo que sucede… todas esas transas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme". Estas frases, pronunciadas en contextos de lucha anticorrupción, ahora se vuelven en contra de su legado. AMLO nunca lo supo, pero ¿cómo ignorar un esquema tan vasto operando bajo su nariz?
La pregunta central es si este "negocio jugoso" del contrabando de diésel contó con su aprobación implícita. La corrupción en el gobierno federal no solo erosiona la confianza pública, sino que expone vulnerabilidades en la seguridad nacional. Morena, como partido en el poder, enfrenta ahora el escrutinio por estos lazos con el crimen organizado. AMLO nunca lo supo, argumentan algunos analistas, pero la evidencia apunta a un conocimiento selectivo, donde las "transas" se toleraban si beneficiaban al régimen.
Impacto en el legado de la Presidencia
El impacto de este escándalo trasciende lo inmediato. Bajo la Presidencia de AMLO, la Secretaría de Estado como la Marina fue elevada a estatus de héroe en la "guerra contra el narco", con despliegues masivos y presupuestos millonarios. Sin embargo, el caso Farías revela grietas profundas, donde el contrabando de diésel se realizaba con buques y rutas controladas por la institución. AMLO nunca lo supo, se dice para defender su imagen, pero la realidad política obliga a cuestionar la narrativa de un líder omnipresente e infalible.
En el panorama más amplio, este affair conecta con otros episodios de corrupción en Morena, desde desvíos en programas sociales hasta influencias en gobiernos estatales afines. El huachicol, como plaga endémica, se agravó en sexenios anteriores, pero este caso específico demuestra cómo el crimen organizado se infiltró en el corazón del poder. AMLO nunca lo supo, pero sus palabras lo atan irremediablemente al juicio público.
La investigación apenas comienza, y se espera que revele más nexos con el gabinete y aliados políticos. Mientras tanto, el debate sobre la responsabilidad presidencial persiste, recordando que en un sistema centralizado, el Ejecutivo no puede alegar ignorancia total. AMLO nunca lo supo, concluyen algunos reportes periodísticos que han seguido el caso desde sus inicios, basados en testimonios de fuentes internas del gobierno federal. Otros analistas, consultados en círculos cercanos a la oposición, insisten en que las declaraciones de 2019 no dejan espacio para excusas, citando documentos judiciales que detallan la operación. Finalmente, observadores independientes, como aquellos vinculados a think tanks de transparencia, sugieren que el rastro llegará lejos, mencionando conexiones con eventos en Nuevo León y Tamaulipas reportados en medios nacionales.