El nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió su cargo en una ceremonia cargada de simbolismo y controversia en el Senado de la República, marcando un hito en la historia judicial de México. Este evento, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2025, no solo representa la renovación del máximo tribunal del país, sino también el inicio de una era donde los jueces son electos por voto popular, un cambio impulsado por la polémica reforma judicial de 2024. La toma de protesta del nuevo pleno de la SCJN, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, ha generado expectativas y críticas en un contexto político polarizado, donde el partido gobernante, Morena, ha sido acusado de intentar controlar el Poder Judicial.
La ceremonia en el Senado comenzó con un retraso de más de media hora, lo que añadió tensión a un evento ya de por sí cargado de simbolismo. Los nueve ministros del nuevo pleno de la SCJN, electos en las urnas el pasado 1 de junio, rindieron protesta ante la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. Entre los nuevos integrantes destacan Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió como presidente de la Corte tras obtener más de 5.9 millones de votos, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. La presencia de Arístides Guerrero, quien llegó en silla de ruedas debido a un reciente accidente automovilístico, añadió un toque emotivo a la sesión, mostrando la determinación de los nuevos ministros por asumir sus responsabilidades a pesar de las adversidades.
El nuevo pleno de la SCJN no solo simboliza un cambio estructural, sino también una transformación en la percepción de la justicia en México. La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Morena, ha sido criticada por sectores de la oposición, quienes consideran que la elección popular de jueces pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Partidos como el PRI y el PAN, que decidieron no asistir a la ceremonia, han calificado el proceso como una maniobra para consolidar el poder del partido gobernante. En particular, el líder del PRI, Alejandro Moreno, señaló que esta reforma convierte al Poder Judicial en un “brazo ejecutor del gobierno”, acusando a Morena de socavar la división de poderes en el país. Este contexto político ha ensombrecido la toma de protesta del nuevo pleno de la SCJN, generando un debate intenso sobre la legitimidad y autonomía de los nuevos ministros.
La jornada del 1 de septiembre comenzó temprano con rituales simbólicos que resaltaron la conexión con las comunidades indígenas. En la zona arqueológica de Cuicuilco, en la Ciudad de México, se llevó a cabo una ceremonia de purificación y entrega de bastones de mando a los ministros electos. Este acto, organizado por comunidades indígenas y afromexicanas, buscó dotar de un significado cultural al inicio de funciones del nuevo pleno de la SCJN. Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco, destacó en su discurso que esta Corte representa a “los ministros del pueblo”, subrayando que su compromiso es servir a la ciudadanía y no a intereses de poder o económicos. Sin embargo, estas palabras no han sido suficientes para calmar las críticas de quienes ven en la reforma judicial una amenaza a la imparcialidad de los juzgadores.
El nuevo pleno de la SCJN enfrenta retos monumentales en un país donde la confianza en las instituciones judiciales ha sido históricamente baja. La reducción de 11 a 9 ministros, la eliminación de las salas y la promesa de procesos judiciales más transparentes son algunos de los cambios estructurales que acompañan a esta renovación. No obstante, la percepción de que varios de los nuevos ministros tienen vínculos con Morena plantea serias dudas sobre su capacidad para actuar con autonomía. Por ejemplo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes ya formaban parte de la Corte anterior, decidieron participar en las elecciones populares, un hecho que ha sido interpretado por algunos como una señal de lealtad al proyecto político de la Cuarta Transformación.
Otro aspecto que ha generado controversia es la promesa de austeridad del nuevo pleno de la SCJN. Hugo Aguilar Ortiz anunció que los ministros ganarán menos que la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazarán beneficios como seguros médicos privados, en línea con la política de austeridad impulsada por el gobierno actual. Aunque esta medida busca responder a las críticas sobre los altos salarios de los jueces, también ha sido vista como un intento de alinear al Poder Judicial con los intereses del Ejecutivo. La presencia de figuras como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, en la ceremonia de toma de protesta refuerza esta percepción de cercanía entre los poderes.
La oposición, representada por senadores como Ricardo Anaya del PAN y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, no escatimó en críticas durante la sesión. Anaya calificó la reforma como una intervención autoritaria, mientras que Castañeda exigió a los nuevos ministros actuar con imparcialidad y espíritu republicano. Estas posturas reflejan el clima de desconfianza que rodea al nuevo pleno de la SCJN, en un momento en que México enfrenta desafíos como la inseguridad, la desigualdad y la polarización política. La ausencia del PRI en la ceremonia, en protesta por lo que consideran un “secuestro” del Poder Judicial, subraya la profundidad de las divisiones políticas en el país.
A pesar de las críticas, el nuevo pleno de la SCJN ha sido defendido por legisladores de Morena y sus aliados, quienes lo ven como un paso hacia la democratización de la justicia. Senadores como Sasil de León Villard y Waldo Fernández González destacaron que, por primera vez, el pueblo mexicano tuvo la oportunidad de elegir a sus jueces, cerrando una etapa de privilegios y simulaciones. Sin embargo, la baja participación ciudadana en las elecciones judiciales, con un estimado del 13% de votantes y más del 10% de votos nulos, pone en duda la legitimidad de este proceso para algunos sectores.
La información sobre la toma de protesta del nuevo pleno de la SCJN ha sido ampliamente cubierta por diversos medios, que han destacado tanto los aspectos ceremoniales como las controversias políticas. Los detalles de la sesión en el Senado, los rituales indígenas y las posturas de los partidos políticos han sido reportados con minuciosidad, reflejando el interés público en este cambio histórico. Los discursos de los nuevos ministros, especialmente el de Hugo Aguilar Ortiz, han sido reseñados en múltiples plataformas, subrayando su compromiso con una justicia más cercana al pueblo.
El impacto de esta renovación judicial aún está por verse. Organizaciones civiles y analistas han expresado preocupación por la posible captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, un riesgo que podría afectar la impartición de justicia en casos clave. La cobertura periodística también ha resaltado la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sesión solemne de instalación del nuevo pleno de la SCJN, un gesto que algunos interpretan como un respaldo político al nuevo tribunal.
En conclusión, la toma de protesta del nuevo pleno de la SCJN marca un momento definitorio para el sistema judicial mexicano. Entre rituales de purificación, discursos de unidad y críticas de la oposición, los nuevos ministros asumen un cargo que estará bajo escrutinio constante. La promesa de una justicia más accesible y democrática choca con las acusaciones de politización, dejando al nuevo pleno de la SCJN ante el desafío de ganarse la confianza de una ciudadanía dividida.