El acoso judicial se ha convertido en una herramienta alarmante para silenciar a la prensa en México, según un reciente informe que documenta un preocupante aumento de procesos legales utilizados con fines de censura. Entre enero y julio de 2025, se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios de comunicación, un promedio de un nuevo proceso cada cuatro días. Esta tendencia refleja un uso faccioso de las leyes mexicanas, que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. La organización encargada del informe señala que estas prácticas no buscan necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los comunicadores a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas.
El acoso judicial, conocido internacionalmente como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública), se ha extendido por 17 estados del país. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido por la Ciudad de México con nueve y Jalisco con seis. Entre los casos más destacados está la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, presentada por el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava. Otro ejemplo es el proceso contra el periodista Jorge Luis González en Campeche, donde un juez incluso designó un interventor para revisar sus publicaciones antes de difundirlas. Estas acciones evidencian cómo el acoso judicial busca inhibir la crítica y eliminar contenido considerado incómodo por figuras de poder.
Un aspecto particularmente preocupante es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Aunque esta normativa fue creada para combatir la discriminación estructural contra las mujeres, en 25 de los 51 casos documentados se utilizó para acusar a periodistas, lo que representa el 50% de los procesos. Esto ha llevado a la eliminación de publicaciones y a la imposición de disculpas públicas, lo que expertos consideran una distorsión de la ley para censurar a la prensa. El informe destaca que estas prácticas no solo afectan a los comunicadores, sino que también envían un mensaje colectivo de intimidación, desincentivando el periodismo crítico en un contexto donde la libertad de expresión ya enfrenta múltiples amenazas.
El acoso judicial no es un fenómeno nuevo, pero su aumento en 2025 marca un récord histórico. Desde 2016, se ha alertado sobre esta tendencia, pero los primeros siete meses de este año superan cualquier registro anterior. De los 51 casos, 26 se iniciaron por la vía electoral, 14 por la vía penal y 11 por la vía civil. Los perpetradores suelen ser personas con poder público, como funcionarios en procesos de reelección o candidaturas, aunque también se registran casos impulsados por particulares y partidos políticos. Este patrón refleja una estrategia sistemática para limitar la labor periodística, especialmente en temas sensibles como la corrupción o la política, que suelen ser el foco de estas demandas.
El impacto del acoso judicial va más allá de los tribunales. Los procesos legales generan un desgaste económico, emocional y físico en los periodistas, quienes deben invertir recursos significativos para defenderse. En muchos casos, el objetivo no es obtener una sentencia favorable, sino obligar a los comunicadores a autocensurarse, retirar publicaciones o incluso abandonar investigaciones. En estados como Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, la situación es particularmente grave, con un número elevado de casos que reflejan un entorno hostil para la prensa. Este contexto no solo afecta a los periodistas, sino que también limita el acceso de la sociedad a información veraz y oportuna, debilitando los pilares de la democracia.
El informe también menciona casos emblemáticos que ilustran la gravedad del problema. En Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha utilizado un discurso estigmatizante, calificando a los periodistas como “sicarios de la comunicación” y acusándolos de agredir a su gobierno. Estas declaraciones no solo fomentan un clima de hostilidad, sino que legitiman el uso de procesos legales como herramienta de represión. En Puebla, la periodista Ruby Soriano enfrentó una medida cautelar que la obligó a eliminar una publicación en redes sociales, a pesar de que el contenido no constituía una violación clara. Estos ejemplos muestran cómo el acoso judicial se ha convertido en una forma sofisticada de censura, disfrazada de procedimientos legales legítimos.
El aumento del acoso judicial coincide con un contexto más amplio de violencia contra la prensa. Aunque las agresiones físicas y digitales persisten, el uso de demandas y procesos administrativos representa una nueva frontera en los esfuerzos por silenciar a los medios. La organización que elaboró el informe hace un llamado urgente a las autoridades para revisar los marcos normativos que permiten estos abusos y garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico. La falta de acción podría reducir aún más el espacio para el periodismo crítico, afectando no solo a los comunicadores, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.
Diversos reportes han señalado que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, con agresiones que incluyen desde amenazas hasta asesinatos. En este sentido, el incremento del acoso judicial se suma a un panorama ya de por sí complicado, donde la impunidad sigue siendo la norma. Organizaciones internacionales han expresado su preocupación por esta tendencia, destacando que el uso de las leyes como arma de censura es una práctica que se extiende más allá de México, pero que en el país ha alcanzado niveles alarmantes.
Por otro lado, algunos análisis recientes han apuntado que el problema del acoso judicial no es exclusivo de un partido político o nivel de gobierno. Tanto autoridades locales como federales, así como actores privados, han recurrido a estas tácticas para limitar la libertad de prensa. Este fenómeno, según expertos, requiere una respuesta integral que incluya reformas legales y mayor transparencia en los procesos judiciales para evitar su uso indebido.
Finalmente, reportes especializados han destacado la necesidad de proteger a los periodistas mediante mecanismos efectivos de defensa y apoyo. La situación actual demanda una acción coordinada entre el gobierno, la sociedad civil y los medios para garantizar que la libertad de expresión no siga siendo amenazada por el acoso judicial. La prensa juega un papel crucial en la rendición de cuentas y la denuncia de abusos, por lo que su protección es fundamental para una democracia saludable.