El asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, continúa prófugo tres meses después del brutal ataque perpetrado el 20 de mayo de 2024. Este doble homicidio, ocurrido en la transitada Calzada de Tlalpan, ha sacudido a la capital mexicana, dejando en evidencia la persistente inseguridad que azota a la ciudad y la aparente incapacidad de las autoridades para capturar al responsable directo de los disparos. A pesar de la detención de 13 personas relacionadas con el crimen, el sicario que ejecutó el ataque sigue libre, lo que ha generado críticas hacia el gobierno local por su manejo de la seguridad pública.
El ataque contra Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, fue meticulosamente planeado, según las investigaciones. El asesino, vestido con un chaleco fosforescente y casco de motociclista, disparó al menos 12 veces contra los funcionarios mientras se dirigían a sus labores en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Guzmán, quien estaba al volante de una camioneta Audi negra, recibió ocho impactos, mientras que Muñoz, quien intentaba subir al vehículo, fue alcanzado por cuatro balas. El agresor huyó a pie, abordó una motocicleta conducida por un cómplice y posteriormente cambió a un auto para escapar hacia el Estado de México. Este nivel de coordinación, que incluyó al menos cinco vehículos y la participación de seis personas en la ejecución material, evidencia un alto grado de planeación, lo que intensifica las preguntas sobre el móvil del crimen y la inseguridad en la capital.
Las autoridades han confirmado que el asesino principal sigue prófugo, a pesar de los avances en la investigación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal realizaron 11 cateos en la Ciudad de México y el Estado de México, resultando en la detención de 13 implicados, tres de ellos directamente relacionados con el homicidio. Entre los detenidos están Jesús Martínez, Arlet Aco y Javier Ambriz, señalados por su participación en la logística del ataque. Sin embargo, la ausencia del autor material y de los posibles autores intelectuales ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad de Clara Brugada, quien enfrenta críticas por la falta de resultados concretos en este caso de alto perfil.
La investigación ha revelado detalles perturbadores sobre la planificación del crimen. Desde al menos 20 días antes del ataque, los colaboradores de Brugada fueron vigilados, y se sabe que el 14 de mayo el asesino ya había estado en el lugar del crimen, esperando a sus víctimas. Ese día, el plan no se concretó porque Guzmán no pasó a recoger a Muñoz, lo que sugiere que el ataque fue cuidadosamente orquestado. Las autoridades han identificado que los responsables se reunieron en la colonia Barrio La Asunción, en Iztacalco, tras el homicidio, donde abordaron una camioneta gris para huir hacia Ecatepec. Este nivel de organización apunta a la posible intervención de un grupo delictivo, aunque las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis, manteniendo en reserva varias líneas de investigación para proteger el proceso.
El caso ha generado un impacto significativo en la percepción de seguridad en la Ciudad de México, una metrópoli que se presenta como el corazón político y económico del país. Los asesinatos de Guzmán y Muñoz, considerados parte del círculo cercano de Brugada, han sido interpretados por algunos analistas como un mensaje directo del crimen organizado al gobierno capitalino. Expertos en seguridad han señalado que la violencia selectiva contra funcionarios es poco común en la capital, lo que aumenta la gravedad del incidente. La incapacidad para capturar al asesino principal alimenta la narrativa de que la inseguridad sigue siendo un problema sin resolver, a pesar de los discursos oficiales que destacan una supuesta disminución en los índices delictivos.
Clara Brugada ha insistido en que no habrá impunidad en el caso, prometiendo resultados pronto. Sin embargo, a tres meses del crimen, la falta de avances concretos en la captura del asesino principal ha generado escepticismo entre la ciudadanía. La jefa de gobierno ha enfrentado críticas por la percepción de inacción, especialmente porque el ataque ocurrió en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, bajo la vigilancia de cámaras del C5 y en un contexto donde se presume que las víctimas no contaban con medidas de seguridad adicionales. Este hecho ha reavivado el debate sobre la necesidad de mayor protección para funcionarios y la urgencia de estrategias más efectivas contra la delincuencia.
El caso también ha puesto bajo escrutinio a las instituciones de seguridad de la Ciudad de México. Dos mandos de la SSC fueron removidos tras el incidente por presuntas irregularidades, incluyendo la manipulación de la escena del crimen, lo que ha añadido más controversia al caso. La Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa para esclarecer estas acusaciones, lo que refleja las tensiones internas en las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad en la capital. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras sobre quién ordenó el ataque y por qué, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo una preocupación constante.
Fuentes cercanas a las investigaciones han señalado que las autoridades están trabajando en conjunto con dependencias federales para rastrear al asesino prófugo y determinar el móvil del crimen. Algunos reportes periodísticos han destacado la difusión de imágenes y videos de los sospechosos, captados por cámaras de seguridad, como un esfuerzo por identificar al responsable material. Estas imágenes, compartidas ampliamente, muestran a un hombre con características similares al agresor, lo que ha ayudado a reconstruir los movimientos previos al ataque.
Por otro lado, funcionarios de la Fiscalía han indicado que los cateos realizados en Gustavo A. Madero, Xochimilco, Otumba y Coacalco revelaron no solo la participación de los detenidos en el homicidio, sino también su relación con otras actividades ilícitas, como el narcomenudeo y el robo de vehículos. Esta información ha sido manejada con cautela para no comprometer las líneas de investigación en curso, pero subraya la complejidad del caso y la posible conexión con redes delictivas más amplias.
Finalmente, personas familiarizadas con el caso han enfatizado que la detención de los 13 implicados es solo un paso en la búsqueda de justicia. La prioridad, según han declarado las autoridades, es capturar al asesino que disparó contra Guzmán y Muñoz, así como identificar a los autores intelectuales detrás del ataque. Mientras tanto, la Ciudad de México sigue lidiando con las repercusiones de este crimen, que no solo ha dejado un vacío en el equipo de Clara Brugada, sino que ha puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y funcionarios.
