La gentrificación en la Ciudad de México ha desatado una nueva ola de protestas, y la segunda marcha contra este fenómeno, realizada el 20 de julio de 2025, terminó en actos de vandalismo que dejaron daños significativos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de Ciudad Universitaria. Un grupo de manifestantes, identificados como parte del “bloque negro”, rompió cristales, realizó pintas y causó destrozos en este emblemático recinto cultural, generando una fuerte controversia sobre los métodos de protesta y la falta de control por parte de las autoridades capitalinas.
La marcha, que inició en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, reunió a cerca de 600 personas que buscaban visibilizar el impacto de la gentrificación en colonias como Roma, Condesa, Juárez y zonas del sur de la capital. Los participantes exigían una ley que regule la vivienda pública, la disminución de las rentas y medidas contra los desalojos forzados, problemas que atribuyen al aumento de nómadas digitales y al uso de plataformas como Airbnb. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica derivó en actos violentos cuando un grupo reducido de encapuchados se desvió hacia Ciudad Universitaria, desoyendo las peticiones de los organizadores de no dañar inmuebles ni realizar pintas.
El “bloque negro”, un colectivo conocido por sus tácticas radicales, ingresó al campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y atacó el MUAC, un espacio icónico dedicado al arte contemporáneo. Los manifestantes rompieron vidrios de la fachada, realizaron pintas con aerosol y, según reportes, saquearon la librería Julio Torri, donde incluso quemaron algunos libros en una fogata improvisada. Estos actos desataron una fuerte condena por parte de la UNAM, que calificó los hechos como un ataque al patrimonio cultural y anunció que presentará denuncias ante las autoridades capitalinas para sancionar a los responsables.
La gentrificación, entendida como el proceso de transformación urbana que eleva los costos de vivienda y desplaza a comunidades históricas, ha sido un tema candente en la Ciudad de México. Los manifestantes denuncian que los desarrollos inmobiliarios de lujo, como el proyecto Fuentes Brotantes 134, amenazan los ecosistemas y el arraigo comunitario, mientras que las rentas, que en muchos casos superan el salario mínimo, se vuelven inalcanzables para los residentes. La marcha buscaba presionar al gobierno de Clara Brugada para implementar políticas de vivienda social masiva y regulaciones democráticas del suelo, pero los actos vandálicos opacaron estas demandas legítimas.
La presencia policial durante la marcha fue notable, con cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados en la zona. Sin embargo, las autoridades no intervinieron en Ciudad Universitaria debido a la autonomía universitaria, lo que permitió que los encapuchados actuaran sin resistencia inmediata. Esta decisión fue defendida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que se respetó la autonomía de la UNAM, aunque condenó los actos violentos. La falta de intervención directa generó críticas, ya que algunos consideran que se pudo haber evitado el daño al MUAC y otros espacios culturales.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre los hechos, calificando los destrozos como actos propios de movimientos fascistas, especialmente por la quema de libros en la librería Julio Torri. Sus declaraciones, que compararon estos actos con prácticas históricas de censura, han avivado el debate sobre la legitimidad de las protestas y la respuesta gubernamental ante la gentrificación. Mientras tanto, los organizadores de la marcha lamentaron que las acciones del “bloque negro” desvirtuaran el mensaje de la protesta, que buscaba centrarse en la defensa del derecho a la vivienda digna.
El impacto de la gentrificación no es un problema exclusivo del sur de la Ciudad de México. Colonias como Roma y Condesa han visto un aumento exponencial en los costos de vivienda, impulsado por la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo y la proliferación de plataformas de renta a corto plazo. Los manifestantes argumentan que estas dinámicas no solo encarecen la vida, sino que también erosionan la identidad cultural de los barrios. En este contexto, la marcha del 20 de julio buscaba ser un llamado urgente a las autoridades para priorizar a los habitantes locales sobre los intereses comerciales.
La UNAM, por su parte, ha reiterado su compromiso con la libre expresión y el diálogo, pero enfatizó que la violencia no es un medio válido para manifestarse. La institución ya evalúa los daños materiales en el MUAC y la librería Julio Torri, con el objetivo de cuantificar las pérdidas y proceder legalmente. Los destrozos no solo afectan el patrimonio universitario, sino también el acceso del público a estos espacios culturales, que son fundamentales para la difusión del arte y el conocimiento.
Organizaciones sociales y colectivos vecinales han expresado su preocupación por el rumbo que tomaron los eventos, señalando que la gentrificación requiere soluciones estructurales y no actos que deslegitimen la causa. Algunos líderes comunitarios han propuesto foros de diálogo con el gobierno capitalino para abordar la crisis de vivienda, mientras que otros exigen medidas inmediatas contra la especulación inmobiliaria. La tensión entre las demandas sociales y las tácticas de protesta sigue siendo un desafío para los movimientos que luchan contra la gentrificación.
Voces de la sociedad civil han destacado la importancia de mantener el enfoque en las demandas sociales sin recurrir a la violencia. Según reportes de medios locales, la marcha fue mayoritariamente pacífica, y los organizadores hicieron esfuerzos por evitar confrontaciones. Sin embargo, la irrupción del “bloque negro” cambió la narrativa de la protesta, desviando la atención hacia los destrozos en el MUAC.
Diversos analistas han señalado que el problema de la gentrificación en la Ciudad de México es complejo y requiere un enfoque integral que combine regulación del mercado inmobiliario, políticas de vivienda accesible y respeto a la identidad de los barrios. Algunos residentes de Tlalpan, donde se realizó la marcha, han compartido en redes sociales su frustración por el impacto de los desarrollos inmobiliarios en sus comunidades, lo que refleja el creciente descontento social.
La cobertura de los hechos por parte de medios locales y nacionales ha coincidido en que los actos vandálicos en el MUAC y la librería Julio Torri no representan los objetivos de la mayoría de los manifestantes. La UNAM, en comunicados difundidos ampliamente, ha insistido en la necesidad de proteger los espacios culturales y ha rechazado cualquier forma de violencia. Este incidente ha puesto en el centro del debate la forma en que las protestas pueden equilibrar la visibilización de problemas sociales con el respeto al patrimonio colectivo, mientras la gentrificación sigue transformando el rostro de la Ciudad de México.
