En un esfuerzo sin precedentes, la Iglesia Católica en México ha dado un paso audaz para enfrentar la ola de violencia que azota al país. Durante los días 14 y 15 de julio, la Universidad Pontificia de México fue el escenario de un taller que capacitó a sacerdotes y laicos para entablar diálogos con grupos criminales, con el objetivo de reducir la inseguridad y construir la paz en comunidades afectadas.
El taller, titulado Fortalecimiento de Capacidades de Negociación en Sacerdotes y Agentes, reunió a cerca de 40 sacerdotes y 30 laicos de regiones críticas como Acapulco, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, Morelia, Michoacán, Matamoros y Ciudad de México. Estas zonas, marcadas por la presencia del crimen organizado, enfrentan niveles alarmantes de violencia que han dejado a las comunidades en un estado de vulnerabilidad constante.
Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, explicó que el objetivo principal es crear un modelo de diálogo que permita a los religiosos acercarse a los criminales sin comprometer su seguridad. No se trata de pactar con la delincuencia, sino de buscar acuerdos pastorales que garanticen la protección de los sacerdotes y sus comunidades mientras realizan su labor en áreas dominadas por el crimen.
El curso, organizado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, el Instituto para la Paz y el Centro Lindavista, se inspiró en experiencias internacionales, como las de la diócesis de San Buenaventura en Colombia. Allí, la Iglesia ha logrado establecer diálogos con grupos armados, ofreciendo un modelo que México busca replicar para mitigar la violencia y fomentar la rehabilitación de los delincuentes.
Entre los materiales estudiados destaca el informe Negociando con grupos criminales violentos, publicado en 2021 por el Institute for Integrated Transitions. Este documento subraya la importancia de estrategias que reduzcan los riesgos de las negociaciones, ya sean públicas o secretas, y maximicen los beneficios para las comunidades afectadas por la delincuencia.
Los participantes también analizaron casos específicos, como el conflicto entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa en La Laguna, entre 2008 y 2013, que desató una ola de violencia homicida en Coahuila y Durango. Este ejemplo sirvió para entender los patrones de violencia y explorar estrategias de prevención basadas en la colaboración entre Iglesia, autoridades y sociedad civil.
Garfias Merlos destacó que la Iglesia no busca justificar actos delictivos, sino ofrecer alternativas de reconciliación y perdón. En regiones como la sierra de Guerrero, los sacerdotes a menudo necesitan acuerdos mínimos con grupos criminales para poder ejercer su ministerio sin ser agredidos, una realidad que refleja la gravedad de la inseguridad en el país.
La capacitación también incluyó temas como la promoción de una cultura de paz, el impulso de espacios educativos y el fortalecimiento del rol de las mujeres como agentes de reconciliación. Estos esfuerzos buscan reconstruir el tejido social en comunidades devastadas por la violencia, donde la presencia del Estado muchas veces es insuficiente.
A pesar de los riesgos, la Iglesia insiste en que estas iniciativas no implican validar la delincuencia, sino proteger la vida y reducir el impacto de la violencia. La experiencia en Michoacán, con programas como Paz en tu Colonia, muestra que la colaboración comunitaria puede generar resultados concretos, como actividades culturales y deportivas para prevenir el crimen.
El taller representa un intento valiente por parte de la Iglesia Católica para enfrentar una crisis que el gobierno no ha logrado controlar. Mientras la violencia sigue cobrando vidas y desplazando familias, la capacitación de sacerdotes para dialogar con criminales podría ser un paso hacia la pacificación, aunque el camino está lleno de desafíos y peligros.
