La presidenta Claudia Sheinbaum ha desatado controversia al confirmar que la Fiscalía General de la República no ha abierto ninguna investigación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a pesar de las graves acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existe ninguna carpeta de investigación contra estas instituciones financieras, señaladas por facilitar operaciones de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. Este anuncio ha generado críticas por la aparente pasividad del gobierno mexicano frente a señalamientos internacionales.
Sheinbaum explicó que las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector son de carácter administrativo, provenientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no de naturaleza penal. Según la presidenta, no hay pruebas suficientes para iniciar procesos judiciales en México contra estas entidades.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Banco de México y la Asociación de Bancos de México, está dando seguimiento al caso. Sin embargo, la falta de acción penal ha levantado sospechas sobre la protección a figuras cercanas al poder, especialmente porque Vector pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros, acusó a estas instituciones de facilitar transferencias millonarias relacionadas con el tráfico de precursores químicos desde China. A pesar de la gravedad de las acusaciones, México parece optar por medidas administrativas en lugar de investigaciones penales.
El gobierno mexicano asumió temporalmente la gestión de las tres entidades y separó el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam para transferirlo a la banca de desarrollo. Estas medidas, según Sheinbaum, buscan proteger a los ahorradores y garantizar la estabilidad del sistema financiero, pero no abordan las acusaciones de fondo.
La prórroga de 45 días otorgada por Estados Unidos, hasta el 4 de septiembre, para aplicar restricciones a las transferencias de fondos, se atribuye al diálogo entre autoridades financieras de ambos países. Sin embargo, la falta de transparencia y acción penal en México alimenta las críticas sobre un posible encubrimiento.
Este caso pone a prueba la capacidad de la administración de Sheinbaum para manejar crisis financieras con implicaciones internacionales. La negativa a abrir investigaciones penales, mientras se aplican sanciones administrativas, genera dudas sobre la voluntad del gobierno para combatir el lavado de dinero.
La intervención de la Secretaría de Hacienda ha sido calificada como pertinente por algunas agencias, como Moody’s, que destaca que la escisión del negocio fiduciario mitiga riesgos operativos. Sin embargo, la ausencia de consecuencias penales sigue siendo el centro de la controversia.
El escándalo no solo afecta la credibilidad del sistema financiero mexicano, sino que también reaviva cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la relación entre el gobierno y empresarios cercanos al poder. La respuesta de Sheinbaum será clave para determinar si México enfrentará con seriedad las acusaciones de Estados Unidos.
