La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sacudido el panorama político al confirmar una denuncia contra Guadalupe Díaz del Castillo, quien fuera secretaria de Salud durante el gobierno de Cuitláhuac García. La acusación, presentada por el Órgano Interno de Control, surge tras las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública de 2023.
Las anomalías encontradas apuntan a un presunto daño patrimonial que podría superar los 600 millones de pesos. Nahle explicó que las observaciones de la ASF son claras: si las inconsistencias no se resuelven, se debe proceder con denuncias formales. La exsecretaria de Salud tendrá que justificar o comprobar el manejo de los recursos públicos.
La mandataria veracruzana fue tajante al señalar que su administración no tolerará actos de corrupción, sin importar el partido político al que pertenezcan los involucrados. Este caso pone en la mira a la gestión de Cuitláhuac García, también de Morena, y genera tensiones al interior del partido.
Durante el gobierno de García, la Secretaría de Salud tuvo tres titulares: Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales (fallecido en 2023) y Guadalupe Díaz del Castillo. Curiosamente, Ramos Alor fue nombrado recientemente por Nahle como coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar, lo que ha generado críticas y cuestionamientos.
La ASF señaló irregularidades en contratos otorgados a empresas de reciente creación, muchas de las cuales no cumplían con los procesos administrativos adecuados. Estas prácticas, según Nahle, reflejan un mal manejo financiero que su gobierno está decidido a esclarecer.
En mayo pasado, la Contraloría General de Veracruz ya había presentado una denuncia por un presunto daño patrimonial de más de 1,600 millones de pesos en el sector salud. Las investigaciones apuntan a posibles vínculos con empresas fantasma y desvíos de recursos, un esquema que recuerda casos de corrupción de administraciones pasadas.
Nahle insistió en que su prioridad es proteger el patrimonio de Veracruz. La gobernadora descartó que existan órdenes de aprehensión por el momento, pero aseguró que los responsables deberán rendir cuentas. Este caso podría ser solo la punta del iceberg, ya que aún falta revisar la cuenta pública de 2024.
La exsecretaria Guadalupe Díaz del Castillo promovió un amparo para evitar cualquier orden de detención. Un juez federal le otorgó una suspensión provisional, lo que frena temporalmente acciones legales en su contra hasta que se resuelva el proceso.
Este escándalo pone a prueba el compromiso de Nahle con la transparencia y la lucha contra la corrupción. La gobernadora enfrenta el desafío de mantener la credibilidad de su administración mientras se investigan posibles irregularidades heredadas de su antecesor.
La denuncia ha generado un fuerte debate político en Veracruz, especialmente porque involucra a figuras clave de Morena. La resolución de este caso será crucial para definir el rumbo del gobierno de Nahle y su relación con el legado de Cuitláhuac García.