Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, alzó la voz contra la controversial propuesta del Infonavit que busca regularizar viviendas invadidas. En una entrevista reciente, el líder empresarial dejó claro que en México toda propiedad tiene un dueño, y la legalidad debe prevalecer por encima de cualquier iniciativa. La idea del Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, ha desatado una ola de críticas por su aparente intención de legitimar ocupaciones ilegales.
La propuesta del Infonavit plantea que las personas que han invadido viviendas abandonadas puedan adquirirlas mediante un esquema de renta con opción a compra. Según el instituto, de un total de 843 mil viviendas con irregularidades, unas 145 mil están ocupadas por personas sin derechos legales. Esta medida, presentada como una solución al problema de casas deshabitadas, ha sido señalada como un riesgo para los derechos de los propietarios legítimos.
De la Torre enfatizó que cualquier solución debe priorizar el respeto a la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica. Argumentó que quienes ocupan estas viviendas podrían estar cometiendo el delito de despojo, un acto que debería resolverse en instancias legales. El presidente de Concanaco-Servytur subrayó que la Constitución mexicana protege la propiedad privada, y no se puede pasar por alto este principio fundamental.
El sector empresarial, representado por Concanaco, ha expresado su preocupación por el impacto de esta iniciativa en el patrimonio de los trabajadores. El Infonavit, creado para proteger los ahorros de quienes cotizan, no debería, según los empresarios, beneficiar a quienes han actuado al margen de la ley. De la Torre insistió en que el instituto debe cuidar los recursos de los trabajadores, no ponerlos en riesgo con políticas cuestionables.
La propuesta ha generado un debate intenso, especialmente porque el Infonavit no tiene la facultad legal para otorgar créditos o escrituras a personas que no son derechohabientes. Organismos como Coparmex y Canadevi también han rechazado la iniciativa, argumentando que podría sentar un precedente peligroso. Legalizar ocupaciones ilegales, dicen, equivale a institucionalizar la ilegalidad y desincentivar el respeto por la ley.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado calmar las aguas, asegurando que la propiedad privada está garantizada por la Constitución. Sin embargo, sus declaraciones no han sido suficientes para apaciguar las críticas. Los empresarios exigen acciones concretas que eviten cualquier intento de legitimar invasiones, y advierten que el Infonavit enfrenta una crisis de gestión que podría agravarse con esta medida.
El censo realizado por la Secretaría del Bienestar revela que de 168 mil viviendas analizadas, el 86% están ocupadas irregularmente. Esto representa un desafío monumental para el Infonavit, que busca recuperar estas propiedades sin vulnerar los derechos de los propietarios originales. Sin embargo, la falta de claridad en la propuesta ha generado desconfianza en el sector privado, que teme un impacto negativo en la certeza jurídica.
Concanaco-Servytur ha hecho un llamado a la Asamblea del Infonavit para frenar cualquier iniciativa que premie la ocupación ilegal. Los empresarios insisten en que México necesita instituciones que operen con transparencia y responsabilidad. La controversia sigue creciendo, y la presión sobre el gobierno de Morena aumenta para garantizar que esta medida no termine afectando a los trabajadores que han cumplido con sus obligaciones.
La propuesta del Infonavit, presentada como una solución social, parece ignorar las consecuencias legales y económicas que podría traer. Mientras el debate continúa, el sector empresarial se mantiene firme en su postura: la propiedad privada es un pilar fundamental que no puede ser comprometido. La pregunta ahora es si el gobierno escuchará estas preocupaciones o seguirá adelante con una iniciativa que muchos consideran un error garrafal.
