El Senado de México dio luz verde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que promete simplificar los procesos administrativos en todo el país. Con 75 votos a favor, liderados por Morena y sus aliados, y 37 en contra, la ley introduce la Llave MX, una plataforma digital que será obligatoria para realizar trámites en los tres niveles de gobierno, incluso en instituciones autónomas.
La Llave MX está vinculada a una CURP biométrica, que incluirá datos como huellas dactilares, escaneo de iris y fotografías de todos los mexicanos. Este sistema busca centralizar la información personal en una base de datos gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Merino. Según el gobierno, el objetivo es agilizar procesos y reducir el 75% de los trámites presenciales, dejando solo un 25% que requerirá la presencia del ciudadano.
Sin embargo, la oposición ha encendido las alarmas sobre los riesgos de esta medida. Senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN advierten que la centralización de datos biométricos representa una grave amenaza a la privacidad. La senadora Alejandra Barrales señaló que esta ley otorga al gobierno federal un control excesivo, con 22 nuevas atribuciones que podrían vulnerar el federalismo y la autonomía de los municipios.
Otro punto de controversia es la ciberseguridad. Expertos y legisladores, como el senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, cuestionan la capacidad del gobierno para proteger los datos de más de 100 millones de mexicanos. Entre 2019 y 2023, el presupuesto para tecnologías de la información y ciberseguridad creció apenas un 3%, mientras que el número de ciudadanos que interactúan digitalmente con el gobierno aumentó un 54.8%, según The Social Intelligence Unit.
La senadora priista Mely Romero destacó un problema adicional: la desigualdad en el acceso a internet en México. En regiones rurales o marginadas, donde la conectividad es limitada, la obligatoriedad de la Llave MX podría excluir a millones de ciudadanos de realizar trámites esenciales, generando una brecha aún mayor.
Críticos como la senadora panista Laura Torres Esquivel han calificado esta ley como una herramienta de vigilancia masiva. Acusan al gobierno de Morena de buscar un “Big Brother” que controle cada movimiento de los ciudadanos, desde trámites hasta datos personales. Además, señalan a José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, como una figura polémica, recordando su participación en experimentos cuestionables durante la pandemia.
Por su parte, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo defienden la ley, argumentando que modernizará los servicios públicos y garantizará una mayor eficiencia en todo el país. Según ellos, la Llave MX y la CURP biométrica son pasos hacia un gobierno digital que beneficiará a todos los mexicanos.
La aprobación de esta ley también implica la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), reemplazada por la Agencia de Transformación Digital. Esta decisión ha sido criticada por concentrar aún más poder en el Ejecutivo federal, limitando la autonomía de otras instituciones.
La oposición insiste en que el gobierno no ha aclarado cuánto costará implementar esta plataforma ni cómo se garantizará la seguridad de los datos. La senadora priista Carolina Viggiano advirtió que el almacenamiento centralizado de información sensible podría facilitar filtraciones o robos de datos, con consecuencias irreparables para los ciudadanos.
Mientras el gobierno celebra esta reforma como un avance hacia la modernización, el debate sobre la privacidad, la ciberseguridad y el control estatal está lejos de terminar. La Llave MX ya es una realidad, pero sus implicaciones podrían cambiar la forma en que los mexicanos interactúan con el gobierno para siempre.