Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha confirmado un dato alarmante: mil 154 ciudadanos mexicanos han sido detenidos en 111 operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones, que han intensificado la cacería de migrantes, reflejan una política migratoria cada vez más dura, poniendo en jaque los derechos de los mexicanos en el extranjero.
El canciller Juan Ramón de la Fuente ha salido a declarar que el gobierno mexicano no se quedará de brazos cruzados. Según sus palabras, la red consular está trabajando incansablemente para garantizar asistencia legal a los detenidos. Sin embargo, las promesas de protección consular suenan huecas cuando las detenciones no cesan y las redadas se multiplican, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde la comunidad mexicana vive bajo constante temor.
Las cifras son claras: desde el 6 de junio, 222 mexicanos han sido arrestados en operativos que coinciden con protestas en California contra estas medidas antimigrantes. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, detalló que los operativos se han concentrado en lugares como Oxnard, Los Ángeles, Vinton en Luisiana y Omaha en Nebraska. ¿La respuesta del gobierno mexicano? Más visitas consulares y asesorías legales, pero sin un plan claro para frenar esta ola de detenciones.
El caso más reciente en Luisiana expone la crudeza de estas redadas. En un hipódromo, 84 personas fueron arrestadas, incluyendo dos mexicanos con antecedentes penales. Uno de ellos, Enrique González Moreno, de 36 años, enfrenta cargos por posesión de cocaína y reingreso ilegal. El otro, un hombre de 40 años, tiene antecedentes por agresión sexual y conspiración criminal. Aunque las autoridades estadounidenses justifican estas detenciones señalando a “criminales”, las organizaciones de derechos humanos advierten que muchos arrestos se realizan sin órdenes judiciales claras.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha alzado la voz, asegurando que los consulados están en contacto con los detenidos y sus familias. Sin embargo, su discurso parece más una reacción tardía que una estrategia sólida para proteger a los connacionales. Mientras tanto, las redadas no solo afectan a mexicanos, sino también a migrantes de otras nacionalidades, sumando un total de 5 mil 719 detenidos en lo que va de la administración Trump. Esto evidencia la magnitud de una política migratoria que criminaliza a las comunidades migrantes.
La SRE ha destacado que los consulados han realizado más de 4 mil 456 visitas a centros de detención y han brindado 9 mil asesorías legales. Pero, ¿es suficiente? Las detenciones masivas, apoyadas por más de 5 mil agentes federales y 21 mil miembros de la Guardia Nacional, muestran un despliegue de fuerza descomunal. La llamada “Operation At Large” de ICE busca hasta 3 mil arrestos diarios, un objetivo que pone en riesgo a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.
El gobierno mexicano insiste en que la migración es un derecho humano y que velará por el respeto a los derechos de los detenidos. Sin embargo, la falta de resultados concretos genera escepticismo. La Línea de Apoyo Consular Mexicana, que opera las 24 horas marcando 079 desde México, y el Programa México te Abraza son esfuerzos destacados por la SRE, pero no parecen suficientes frente a la magnitud de la crisis migratoria.
La muerte de un mexicano bajo custodia de ICE en Georgia añade más sombras a este panorama. Jesús Molina Veya, de 45 años, falleció en circunstancias poco claras en el Centro de Detención de Stewart. La SRE exige una investigación, pero el hecho de que no se notificara su ingreso al consulado mexicano levanta sospechas sobre el trato a los detenidos. La presidenta Sheinbaum ha prometido justicia, pero las familias de los afectados esperan más que palabras.
Mientras las redadas continúan, la comunidad mexicana en Estados Unidos vive con incertidumbre. Las protestas en Los Ángeles, donde se han reportado enfrentamientos con agentes de ICE que usaron gases y granadas aturdidoras, muestran el rechazo a estas políticas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades estadounidenses ha sido clara: los operativos no se detendrán, y los migrantes con antecedentes penales seguirán siendo el blanco principal, aunque muchos trabajadores honestos también caen en la red.
La relación entre México y Estados Unidos se tensa cada día más. Las promesas del gobierno mexicano de proteger a sus ciudadanos chocan con la realidad de una política migratoria implacable. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo podrán los mexicanos en el extranjero confiar en que su gobierno los respaldará de manera efectiva?
