Dina Boluarte presenta demanda de amparo constitucional
Dina Boluarte, quien ocupó la presidencia de Perú entre 2022 y 2025, ha interpuesto una demanda de amparo ante el Poder Judicial para declarar nula su destitución del cargo ejecutivo. Dina Boluarte argumenta que el Congreso vulneró varios derechos constitucionales durante el proceso de vacancia que culminó en su salida del poder en octubre de 2025. La expresidenta Dina Boluarte busca no solo anular los efectos de esa decisión, sino también ser repuesta en el puesto presidencial.
El tribunal limeño admitió a trámite la solicitud de Dina Boluarte y fijó la audiencia para el 12 de marzo de 2026. En este procedimiento, Dina Boluarte denuncia que se transgredió su derecho al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al honor. La defensa de Dina Boluarte sostiene que el Congreso actuó de manera apresurada al calificarla de "incapacidad moral permanente" sin permitirle un tiempo razonable para presentar alegatos ni especificar claramente la imputación.
Motivos de la destitución de Dina Boluarte
La destitución de Dina Boluarte se aprobó el 9 de octubre de 2025 por el Congreso peruano, que invocó la causal de incapacidad moral permanente relacionada con el manejo de la seguridad pública y el auge del crimen organizado. Dina Boluarte fue señalada por no haber implementado medidas efectivas para contener la delincuencia durante su gestión. En menos de 24 horas, el Legislativo presentó, admitió y votó la moción de vacancia contra Dina Boluarte, lo que llevó a la inmediata asunción del entonces presidente del Congreso, José Jerí, como mandatario interino.
Dina Boluarte considera que este acelerado procedimiento constituyó una violación grave de garantías constitucionales. La demanda de Dina Boluarte pide retrotraer todo el proceso hasta el momento previo a la firma del oficio de destitución, eliminando las calificaciones de "incapaz", "moral" y "permanente" que afectaron su reputación pública.
Implicaciones del amparo solicitado por Dina Boluarte
El recurso de Dina Boluarte plantea una reinterpretación del procedimiento de vacancia presidencial en Perú. Dina Boluarte exige que, en futuros casos, prevalezca el derecho a la defensa y se evite tipificar la incapacidad moral permanente sin una imputación concreta y probada. Este planteamiento podría sentar precedentes en el sistema político peruano, donde la vacancia por incapacidad moral ha sido utilizada en varias ocasiones recientes.
Reacciones y contexto político en Perú
La admisión de la demanda de Dina Boluarte ha generado atención en el ámbito judicial y político del país. El Congreso dispone de diez días hábiles para responder a la acción legal iniciada por Dina Boluarte. Mientras tanto, José Jerí continúa ejerciendo la presidencia interina, en un escenario de transición que mantiene la incertidumbre sobre el retorno posible de Dina Boluarte al Ejecutivo.
El caso de Dina Boluarte resalta las tensiones entre los poderes del Estado en Perú, donde los procesos de vacancia han sido frecuentes en los últimos años. La defensa de Dina Boluarte enfatiza que la proyección mediática de su destitución la presentó como una funcionaria incapaz sin haberle permitido ejercer plenamente su defensa.
Agencias internacionales como EFE han detallado los pasos del procedimiento judicial iniciado por Dina Boluarte, destacando la rapidez con que se admitió la demanda en la Primera Sala Constitucional de Lima.
Medios especializados en información latinoamericana han seguido de cerca el desarrollo del amparo de Dina Boluarte, señalando que la audiencia programada para marzo de 2026 será clave para determinar si se anulan los efectos de la vacancia.
Documentos judiciales difundidos recientemente confirman los argumentos principales de Dina Boluarte, centrados en la presunta vulneración del debido proceso durante la sesión congresal del 9 de octubre.