Perú propone modificar Convención de Caracas ante controversia diplomática
Perú propone modificar Convención de Caracas tras el polémico asilo diplomático otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, generando una crisis bilateral que pone en tela de juicio las normas internacionales sobre refugio político. El gobierno peruano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció esta iniciativa dirigida a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que el derecho al asilo ha sido tergiversado en los últimos años.
Perú propone modificar Convención de Caracas para evitar que delitos comunes sean calificados como persecución política, una práctica que, según las autoridades andinas, desnaturaliza el espíritu original del tratado firmado en 1954. Este anuncio surge directamente del caso de Betssy Chávez, quien enfrenta un juicio por rebelión y conspiración relacionado con el fallido golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Anuncio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores
En un comunicado oficial, el gobierno peruano detalló que iniciará de inmediato consultas con otros Estados miembros de la OEA. El objetivo central de Perú propone modificar Convención de Caracas es garantizar que el imperio de la ley sea respetado en todo el continente americano. Solo después de culminar estas consultas, Perú tomará decisiones respecto al salvoconducto solicitado por México para permitir la salida de Chávez hacia tierras aztecas.
Las autoridades peruanas enfatizaron que han realizado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas regionales. Una conclusión preliminar es que ha ocurrido una evolución negativa en la aplicación del asilo diplomático. Perú propone modificar Convención de Caracas precisamente para corregir este uso indebido, donde casos judiciales por delitos graves se disfrazan de persecución ideológica.
El caso de Betssy Chávez y el asilo otorgado por México
Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, recibió asilo diplomático de México el pasado lunes. Este beneficio se concede frente al proceso penal que enfrenta junto a Castillo y otros ex funcionarios por el intento de disolver el Congreso y declarar un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022.
México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, comunicó que Chávez se encuentra en su embajada en Lima y solicitó el salvoconducto correspondiente. Perú rechaza categóricamente esta medida, considerándola una injerencia en asuntos internos. Las relaciones diplomáticas entre ambos países ya estaban rotas desde inicios de 2023, cuando México se negó a reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo.
Críticas a la desvirtuación del derecho al asilo
La Convención de Caracas de 1954 establece claramente que no se puede otorgar asilo a personas procesadas por delitos comunes. Sin embargo, faculta al Estado asilante a calificar la naturaleza del delito o los motivos de persecución. Perú argumenta que esta facultad ha sido abusada, y por ello Perú propone modificar Convención de Caracas para cerrar estas lagunas que permiten interpretaciones discrecionales.
El profundo malestar expresado por la Cancillería peruana resalta cómo el asilo se ha convertido en un instrumento para evadir la justicia ordinaria. Esta postura no es aislada: recuerda el caso de Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa ordenó el asalto a la embajada mexicana para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien también había recibido asilo por parte de México. Aunque Perú ha descartado acciones similares, comparte la crítica al manejo mexicano de estos casos.
Implicaciones regionales de la propuesta peruana
Al impulsar que Perú propone modificar Convención de Caracas, el país andino busca un consenso hemisférico para fortalecer el Estado de derecho. Esta iniciativa podría generar debates intensos en la OEA, donde varios gobiernos han enfrentado situaciones similares de exfuncionarios buscando refugio en embajadas extranjeras.
La tensión entre Perú y México ilustra cómo el asilo diplomático, pensado originalmente para proteger a perseguidos políticos genuinos, se ha politizado en América Latina. Casos como el de Chávez evidencian la necesidad de actualizar normas que datan de hace más de siete décadas, adaptándolas a realidades actuales donde golpes de Estado fallidos y acusaciones de corrupción dominan el panorama.
Consultas y pasos siguientes en la OEA
Perú ya ha iniciado el proceso de diálogo con otros miembros de la organización. Expertos coinciden en que Perú propone modificar Convención de Caracas podría sentar un precedente para revisar otros tratados interamericanos relacionados con derechos humanos y cooperación judicial.
Mientras tanto, Betssy Chávez permanece en la embajada mexicana en Lima, a la espera de una resolución. El gobierno peruano insiste en que no se trata de persecución por ideas, sino de responsabilidad penal por actos que atentaron contra la democracia.
Informaciones provenientes de agencias como EFE destacan la rapidez con la que Perú ha reaccionado, publicando comunicados detallados que exponen su posición. Analistas regionales consultados por medios internacionales coinciden en que esta propuesta podría ganar apoyo en países con experiencias similares.
El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha sido claro en su rechazo, respaldado por opiniones de juristas que ven en el caso Chávez un ejemplo clásico de abuso. Reportes de Reuters también han cubierto la ruptura diplomática, subrayando el contexto histórico de tensiones entre Lima y Ciudad de México.
En resumen, la iniciativa de Perú propone modificar Convención de Caracas representa un esfuerzo por restaurar el equilibrio en las relaciones interamericanas, priorizando la justicia sobre interpretaciones laxas del asilo.
