Perú respeta derecho internacional en crisis con México
Perú ha dejado claro que no ingresará por la fuerza a la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, la ex primera ministra asilada allí tras recibir protección diplomática del gobierno mexicano. Esta postura marca una diferencia radical con el caso de Ecuador y Jorge Glas, donde fuerzas policiales irrumpieron en la sede diplomática mexicana en Quito. En cambio, Perú optó por romper relaciones diplomáticas, argumentando un acto inamistoso y repetidas intervenciones en asuntos internos. El canciller Hugo De Zela enfatizó que “esa posibilidad no existe” porque Perú es un país respetuoso del derecho internacional, evitando cualquier acción que viole normas consuetudinarias como la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
Perú enfrenta ahora un escenario tenso donde la soberanía nacional choca con principios universales de asilo. Betssy Chávez, procesada por rebelión junto al expresidente Pedro Castillo, se refugió en la embajada mexicana tras ausentarse de audiencias judiciales. México concedió el asilo con rapidez, lo que Perú califica de sorpresa y profundo pesar. Esta decisión no solo protege a Chávez de una posible pena de 25 años, sino que reaviva debates sobre el uso político del asilo en Latinoamérica.
Contexto del fallido golpe de Castillo y rol de Chávez
Perú recuerda el 7 de diciembre de 2022 como el día en que Pedro Castillo intentó disolver el Congreso e intervenir la Judicatura. El mensaje presidencial, emitido ante una inminente vacancia por corrupción, fracasó ante la respuesta institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía. Castillo fue detenido horas después, iniciando un juicio masivo por rebelión. Betssy Chávez, entonces premier, aparece como presunta coautora al conocer el contenido del discurso y no alertar a las autoridades. La Fiscalía sostiene que su silencio facilitó el intento golpista, aunque ella lo niega rotundamente.
Perú mantuvo a Chávez en prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional declaró arbitraria su detención por vicios procesales en la prórroga. Liberada, continuó el juicio en libertad hasta que, la semana pasada, dejó de comparecer. Fuentes judiciales filtraron su ingreso a la embajada mexicana, confirmando temores de fuga. Perú reaccionó con celeridad: retiro de embajadores, plazo perentorio para la encargada mexicana Karla Ornela y ruptura total de lazos diplomáticos.
Diferencias clave entre Perú y el precedente ecuatoriano
Perú destaca su compromiso con la Convención de Viena al descartar cualquier operativo policial en territorio diplomático. Ecuador, en abril de 2024, justificó la captura de Glas alegando riesgo inminente de fuga y corrupción, pero recibió condena unánime de la OEA y la CELAC. Perú evita ese aislamiento: “Ninguna norma internacional avala un ingreso forzado”, reiteró De Zela. Analistas coinciden en que Perú preserva imagen de Estado de derecho, priorizando canales legales para reclamar salvoconducto o extradición futura.
Perú también critica la “constante intervención” de Claudia Sheinbaum y su antecesor López Obrador. Declaraciones mexicanas sobre la “inestabilidad democrática” peruana tras la vacancia de Castillo son vistas como injerencia. México, por su parte, defiende el asilo como tradición humanitaria, recordando casos históricos como el de Trotsky o republicanos españoles. Sin embargo, Perú argumenta que Chávez enfrenta cargos comunes, no persecución política, debilitando la base del asilo.
Impacto consular y migratorio para peruanos en México
Perú aclara que la ruptura no cierra consulados. Servicios de pasaportes, visas y asistencia a connacionales permanecen activos. Cerca de 25 mil peruanos residen en México, muchos en turismo o estudios. México eliminó visa turística para peruanos en 2012, acuerdo que sobrevive a la crisis. Perú espera reciprocidad para sus 15 mil ciudadanos en territorio mexicano. Economistas descartan efectos inmediatos en comercio bilateral, que supera los 2 mil millones de dólares anuales en agroexportación y manufacturas.
Perú monitorea la Alianza del Pacífico, donde México retiene presidencia pro tempore desde 2023. La anterior negativa de López Obrador a cederla a Perú por “ilegitimidad” de Dina Boluarte generó fricciones. Ahora, con José Jerí en el poder tras elecciones 2026, Perú exige transferencia inmediata. Observadores temen parálisis en integración regional si la crisis se prolonga.
Reacciones regionales y futuro del asilo Chávez
Perú recibe respaldo de Chile y Colombia, que condenan “uso indebido” del asilo. Brasil guarda silencio, mientras Venezuela celebra la protección mexicana. La OEA convocó sesión extraordinaria para el miércoles. Perú presentará resolución exigiendo respeto a procesos judiciales internos. México, ausente en protesta, enviará nota diplomática vía Brasil como protecting power.
Perú calcula que Chávez permanecerá meses o años en la residencia diplomática si no hay salvoconducto. Precedentes como el de Assange en Londres ilustran embajadas convertidas en refugios prolongados. Perú baraja demandar ante Corte Internacional de Justicia por “abuso de inmunidad”. Mientras, el juicio por rebelión continúa in absentia, con sentencia prevista para marzo 2026.
Información recopilada por agencias como EFE y declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano permiten entender la profundidad de la crisis. Reportes de Infobae y France 24 coinciden en que Perú prioriza legalidad sobre confrontación directa. Analistas citados en El Comercio destacan que esta ruptura es la primera entre países progresistas de la región en una década, marcando fin de la “diplomacia ideológica” morenista.
Perú cierra así un capítulo que inició con el golpe fallido de Castillo y se extiende al asilo de su ex premier. La decisión de no irrumpir en la embajada mexicana refuerza la imagen de nación democrática, aunque la ruptura diplomática abre interrogantes sobre cooperación futura en migración, narcotráfico y cambio climático. El caso Chávez, lejos de resolverse, se convierte en espejo de tensiones latinoamericanas entre soberanía y derechos humanos.