Evo Morales, el exmandatario boliviano que marcó una era en la política del país, ha vuelto a encender el debate sobre la soberanía nacional al afirmar que la Constitución prohíbe de manera tajante las operaciones de la DEA en Bolivia. Esta declaración, emitida en un contexto de cambios políticos profundos, resalta las tensiones entre el deseo de cooperación internacional y la defensa de la autonomía territorial. Evo Morales, figura emblemática del movimiento indígena y sindical, no solo critica el posible retorno de la agencia antidrogas estadounidense, sino que invita a la reflexión sobre cómo las decisiones gubernamentales impactan en los recursos naturales y la integridad del territorio boliviano.
Declaración de Evo Morales contra el retorno de la DEA
En su programa radial dominical "Kawsachun Coca", transmitido el 26 de octubre de 2025, Evo Morales fue directo al cuestionar el anuncio del presidente electo Rodrigo Paz Pereira sobre el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. "Va a volver la DEA, por Constitución no pueden estar extranjeros armados en el territorio nacional", sentenció Morales, recordando que la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, promulgada durante su propio gobierno, establece explícitamente la prohibición de bases militares o presencias armadas extranjeras en suelo boliviano. Esta norma, según el exlíder, busca proteger la soberanía y evitar intervenciones que históricamente han socavado la independencia del país andino.
Contexto histórico de la DEA en Bolivia
Para entender la vehemencia de Evo Morales, es esencial remontarse al pasado. Durante los años 80 y 90, la DEA operó en Bolivia con un rol protagónico en la "guerra contra las drogas", pero su presencia estuvo marcada por controversias. Morales relató un episodio emblemático: en el mandato de Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del actual presidente electo, la agencia revocó visas a varios dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), incluido el propio Morales, bajo acusaciones infundadas de nexos con el narcotráfico. "Nos trataron como criminales por defender los derechos de los cocaleros", evocó Morales, vinculando esa experiencia a una persecución política que, a su juicio, persiste hasta hoy.
La salida de la DEA en 2008, impulsada por el gobierno de Morales, fue un hito en la política exterior boliviana. Se argumentó que la agencia interfería en asuntos internos y priorizaba intereses estadounidenses sobre los locales. Ahora, con el triunfo electoral de Rodrigo Paz el 19 de octubre de 2025 —obtenido con el 54.96% de los votos frente al 45.04% de Jorge "Tuto" Quiroga—, el panorama parece revertirse. Paz ha prometido "abrirse al mundo" mediante la cooperación con instituciones internacionales, incluyendo la DEA, para combatir ilícitos como la trata de personas y el lavado de dinero.
Implicaciones políticas del debate sobre la DEA
El pulso entre Evo Morales y el futuro gobierno de Rodrigo Paz no se limita a la DEA; toca fibras sensibles como el control de recursos estratégicos. Morales, desde su exilio forzado en 2019 y con una orden de aprehensión pendiente por cargos de trata agravada —relacionados con un presunto caso de 2016—, exige un referéndum popular. "El pueblo boliviano debe decir su palabra si acepta que el gobierno nacional entregue nuestro litio y otros recursos naturales, nuestra Amazonía y parte de nuestro territorio para bases militares norteamericanas", publicó en redes sociales, alertando sobre un posible trueque de soberanía por ayuda económica.
Respuesta del presidente electo y su visión de cooperación
Rodrigo Paz, en una rueda de prensa posterior a su victoria, minimizó los temores. "Nadie le debe tener temor a aquellas instituciones de orden internacional que quieran cooperar con Bolivia de diversos países", declaró, enfatizando la necesidad de justicia, transparencia y lucha contra el crimen organizado. Su agenda incluye un viaje a Estados Unidos la próxima semana para negociar cooperación en el abastecimiento de combustible, ante una crisis energética que azota al país y afecta directamente a la población. Esta movida, según analistas, podría revitalizar la economía boliviana, pero a costa de concesiones que Morales califica de "entreguistas".
La tensión entre soberanía y pragmatismo internacional es un dilema recurrente en América Latina. Evo Morales, con su discurso antiimperialista, representa a un sector que ve en la DEA un símbolo de injerencia yanqui. Por otro lado, Paz apuesta por una Bolivia integrada al concierto global, reconociendo que el aislamiento previo ha exacerbado problemas como la escasez de dólares y la inflación. En este marco, la prohibición constitucional de presencias armadas extranjeras emerge como un escudo legal que Morales invoca para movilizar a sus bases, recordando que la CPE fue un logro colectivo de la Asamblea Constituyente de 2006-2007.
Expertos en derecho constitucional boliviano coinciden en que el artículo 141 de la CPE prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras o la presencia de tropas armadas sin autorización expresa del Congreso. Sin embargo, la DEA opera típicamente con personal civil o en roles de asesoría, lo que genera un gris interpretativo. Morales, astuto en su retórica, amplía el espectro para incluir cualquier operación que implique armamento o vigilancia encubierta, argumentando que socava la "descolonización" promovida en su era presidencial.
Retos económicos y sociales en el horizonte boliviano
Más allá de la DEA, el debate ilustra los desafíos multifacéticos que enfrenta Bolivia en 2025. La crisis de combustible, heredada de gestiones anteriores, ha paralizado el transporte y encarecido los bienes básicos, exacerbando la pobreza en regiones rurales donde el apoyo a Morales sigue fuerte. El litio, con reservas mundiales en el Salar de Uyuni, se posiciona como un activo clave; Morales advierte que su entrega podría repetir patrones extractivistas del pasado, mientras Paz ve en alianzas con EE.UU. una vía para industrializar el recurso y generar empleo.
El rol de la sociedad civil en la decisión sobre la DEA
La propuesta de referéndum por parte de Evo Morales resuena en un país donde la participación popular ha sido pivotal. Desde las marchas cocaleras de los 90 hasta el "Proceso de Cambio" de 2006, el pueblo boliviano ha demostrado su capacidad para moldear el destino nacional. En este sentido, la consulta sobre la DEA podría catalizar un diálogo amplio sobre soberanía, involucrando a sindicatos, indígenas y movimientos ambientales que temen la explotación de la Amazonía.
En las últimas semanas, el eco de estas declaraciones ha permeado en foros académicos y periodísticos, donde se debate si el retorno de la DEA fortalecería la lucha antidrogas o simplemente serviría de pretexto para mayor control externo. Fuentes cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, insisten en que la Constitución es inquebrantable en este punto, citando fallos judiciales previos que rechazaron presencias similares.
Por su parte, observadores internacionales, como aquellos vinculados a think tanks en Washington, argumentan que la cooperación con la DEA ha sido efectiva en vecinos como Colombia, reduciendo cultivos ilícitos sin comprometer soberanías. No obstante, en Bolivia, el contexto multicultural y la memoria de intervenciones pasadas —como la Operación Cóndor— tiñen cualquier propuesta de desconfianza.
Finalmente, mientras Rodrigo Paz se prepara para asumir el poder en noviembre, el legado de Evo Morales persiste como un recordatorio de que la política boliviana es un tablero donde se juegan identidades nacionales. La discusión sobre la DEA no es solo legal; es un espejo de aspiraciones colectivas por un desarrollo autónomo, donde la voz del pueblo, como siempre, podría ser el árbitro definitivo. En conversaciones informales con analistas de La Paz, se menciona que reportajes recientes en medios como Latinus han profundizado en estos matices históricos, ofreciendo perspectivas equilibradas sobre el pulso entre tradición y modernidad en Bolivia.