Antifa emerge como un movimiento social descentralizado que ha captado la atención global, especialmente tras las declaraciones de Donald Trump, quien lo califica como una "gran organización terrorista". Esta etiqueta, pronunciada por el expresidente estadounidense en medio de un contexto de tensiones políticas crecientes, resalta las divisiones ideológicas en Estados Unidos y más allá. Sin una jerarquía formal ni líderes centrales, Antifa representa una red de activistas antifascistas que operan de manera autónoma, oponiéndose a lo que perciben como amenazas autoritarias y de extrema derecha. Su origen se remonta a la Alemania de los años 20, cuando el término "Antifaschistische Aktion" surgió como respuesta al ascenso nazi, y hoy se extiende por continentes, adaptándose a realidades locales de protestas y confrontaciones.
Orígenes históricos de Antifa y su evolución global
De la República de Weimar a la resistencia contemporánea
El movimiento Antifa no es una entidad monolítica, sino un conjunto de iniciativas colectivas que priorizan la acción directa contra el fascismo. Fundado en 1932 por el Partido Comunista de Alemania (KPD) durante la República de Weimar, buscaba contrarrestar la propaganda y la violencia del Partido Nazi (NSDAP). Aquella era de inestabilidad económica y política vio nacer esta fuerza como un baluarte de la izquierda radical, combinando tácticas de confrontación callejera con propaganda antifascista. Tras la Segunda Guerra Mundial, el legado de Antifa se dispersó, pero resurgió en las décadas siguientes en Europa y América, influenciado por corrientes anarquistas y socialistas.
En la Europa actual, Antifa se manifiesta en formas variadas. En el Reino Unido, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2025, Londres fue escenario de choques entre manifestantes de extrema derecha, liderados por figuras como Tommy Robinson, y contramanifestantes antifascistas bajo el paraguas de "En pie ante el racismo". Estos eventos, con lemas como "Marcha contra el fascismo", ilustran cómo Antifa actúa como contrapeso a discursos antiinmigrantes y nacionalistas. De manera similar, en Italia, la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), con más de 140 mil miembros, hereda el espíritu de los combatientes de la Resistencia y ha intervenido directamente contra grupos como CasaPound, de ideología neofascista, como ocurrió en septiembre de 2024 durante un intento de mitin en Roma.
España no es ajena a esta dinámica. La Coordinadora Antifascista organiza anualmente, en noviembre, marchas en Madrid con consignas contundentes como "Ni vivos, ni muertos. Madrid limpio de fascistas", evocando la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Estas acciones subrayan el rol de Antifa en la preservación de la memoria histórica y la vigilancia contra resurgimientos ultraderechistas, en un país donde el debate sobre el Valle de los Caídos y la Ley de Memoria Democrática sigue vivo.
La presencia de Antifa en Estados Unidos y las acusaciones de Trump
Protestas clave y la falta de estructura formal
En Estados Unidos, Antifa ha ganado notoriedad desde los años 80, cuando grupos locales se formaron para oponerse a neonazis, skinheads racistas y el Ku Klux Klan. Organizaciones como Rose City Antifa, establecida en Portland, Oregón, en 2007, o el Anti-Racist Action (ARA) en el Medio Oeste, ejemplifican esta red descentralizada. Otro actor relevante es Refuse Fascism, nacido en 2016 durante la primera campaña presidencial de Trump, que ha participado en manifestaciones masivas contra políticas perceivedas como autoritarias.
Un hito ocurrió en 2017 en Berkeley, California, donde activistas de Antifa confrontaron una charla del provocador de extrema derecha Milo Yiannopoulos, generando debates sobre libertad de expresión versus contención de odio. Más recientemente, en mayo de 2020, tras el asesinato de George Floyd, la administración Trump atribuyó a Antifa la orquestación de disturbios en protestas por Black Lives Matter, aunque evidencias posteriores minimizaron su rol central. En las elecciones de 2024, Antifa reapareció en vigilias y contraprotestas, alertando sobre riesgos de autoritarismo en la democracia estadounidense.
Donald Trump, en sus intervenciones recientes, ha elevado la retórica al máximo al describir a Antifa como una "gran organización terrorista", instando a investigaciones sobre sus financistas. Esta postura, expresada sin detalles sobre cómo abordar un movimiento sin jerarquía, refleja una estrategia política para galvanizar a su base conservadora. En 2017, el entonces director del FBI, Christopher Wray, ya había aclarado que clasificar a Antifa como terrorista era inviable por su ausencia de estructura formal, un punto que persiste y complica cualquier designación oficial.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha ecoado esta línea, anunciando intenciones de declararlo terrorista en su país, aunque tampoco detalla mecanismos para un grupo tan fluido. Estas declaraciones de líderes populistas de derecha pintan a Antifa como amenaza existencial, ignorando su diversidad: desde socialdemócratas y ecologistas hasta defensores de derechos LGBT+ e indígenas, pasando por revolucionarios críticos de la democracia liberal. El logotipo de Antifa, con banderas roja (socialismo/comunismo) y negra (anarquismo), encapsula esta amalgama ideológica.
Implicaciones políticas y sociales de etiquetar a Antifa
Tensiones entre activismo y acusaciones de violencia
La controversia en torno a Antifa trasciende fronteras, alimentando discusiones sobre los límites del activismo. Mientras algunos ven en él una fuerza legítima contra el ascenso de ultraderechistas —como el incremento de grupos nacionalistas en Europa y EE.UU.—, otros lo critican por justificar la violencia como herramienta. Académicos e investigadores lo describen como respuesta reactiva al autoritarismo, no como ideología proactiva, lo que explica su falta de centralización.
En un panorama global marcado por polarización, las palabras de Trump sobre Antifa resaltan cómo líderes usan etiquetas terroristas para deslegitimar opositores. Esto no solo afecta a activistas en las calles, sino que influye en políticas de seguridad y libertad de expresión. En Estados Unidos, donde Antifa ha sido scapegoat en informes de inteligencia, la designación propuesta podría expandir vigilancia sobre movimientos progresistas, erosionando protecciones constitucionales.
Europa, con su historia de fascismo, ofrece un contrapunto: en países como Alemania o Italia, Antifa se integra en narrativas de memoria colectiva, colaborando ocasionalmente con instituciones. Sin embargo, incidentes violentos, como los de Londres en 2025, avivan críticas sobre escalada de confrontaciones.
Desafíos para combatir un movimiento sin fronteras
La descentralización de Antifa plantea dilemas únicos para gobiernos. Sin financistas identificables ni sedes, medidas como las sugeridas por Trump —investigar donantes— chocan con realidades operativas. Expertos en contraterrorismo argumentan que tratarlo como organización equivale a perseguir sombras, potencialmente radicalizando más a participantes.
En última instancia, el debate sobre Antifa invita a reflexionar sobre raíces de extremismos: desigualdad, migración y erosión democrática. Mientras Trump y Orbán lo vilipendian, sus defensores lo ven como escudo necesario en tiempos turbulentos.
En revisiones de archivos periodísticos como los de The New York Times, se detalla cómo el FBI evaluó en 2017 la imposibilidad de clasificar a Antifa por su informalidad, un análisis que sigue vigente en reportes de inteligencia actuales. De igual modo, coberturas en medios europeos, tales como The Guardian sobre los choques en Londres, enfatizan el rol reactivo del movimiento frente a provocaciones de derecha. Finalmente, estudios académicos de la Universidad de Harvard sobre activismo de izquierda destacan la diversidad interna de Antifa, desde pacifistas hasta radicales, subrayando su evolución desde los años 80 en EE.UU.
